La Generalitat es el mayor propietario de suelo para VPO

Es comprensible, lleva poco tiempo, pero no deja de resultar curioso que el presidente del Consell, Carlos Mazón, pida al Ayuntamiento de Alicante, y a otros, suelo para edificar Viviendas de Protección Oficial (VPO). El mayor propietario de suelo edificable para VPO en la ciudad de Alicante es el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), actualmente Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). Tanto antes como ahora, totalmente dependiente de la Generalitat Valenciana. El PERI de Rabasa, o APD/4 en la terminología del Plan General, fue urbanizado por el IVVSA a quien el Ayuntamiento adjudicó la gestión, y puso las condiciones oportunas para que solo se pudieran edificar viviendas protegidas, de un determinado volumen por la proximidad al Cuartel de Rabasa. La primera fase del PERI concluyó en 2003, la segunda y última en 2013. Desde entonces se han edificado 30 viviendas de protección especial por el IVVSA, en 2003, el resto más de un centenar de VPO por cooperativas promovidas por la Asociación de Vecinos, o particularmente por los propios vecinos en terrenos comprados al IVVSA en concursos.

El precio máximo de las VPO era inicialmente de 15 millones de pesetas, en la cooperativa de Avellaneda, y las últimas unos 170.000 euros en la cooperativa Lagos de Rabasa, tambien promovida por la Asociación de Vecinos. El desaparecido conseller García Antón cumplió en todo momento con el compromiso de dar prioridad a los vecinos de Rabasa en la adjudicación del suelo para viviendas. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de actualizar los precios las empresas privadas no se presentaron nunca. En 2008 por la crisis y después porque los beneficios eran, y son, más grandes haciendo vivienda libre de promoción privada. A pesar de la actualización de los precios que buscaba la reconversión de algunas viviendas libres, que no tenían salida, en VPO. No entendieron a García Antón y al final de la gran crisis todas esas viviendas se las quedó la banca a través de la Sareb.

Carlos Mazón en las últimas declaraciones parece haber descubierto que «la vivienda pública ha dejado de ser política económica para convertirse en un derecho social» (INFORMACIÓN 4-1-2024). Bien está, bienvenido. Siempre ha sido y sigue siendo ambas cosas. Los fondos de inversión especulativos en el sector de la vivienda y construcción, la presencia de ochenta millones de turistas anuales, y el propio crecimiento económico y de población español supone un aumento de la demanda que distintos escalones del sector aprovechan para engrosar sus beneficios. En un momento de crecimiento especulativo de los precios de la vivienda, tanto de venta como de alquiler, la única forma de limitar el alza de precios es aumentando la oferta de vivienda pública en venta y en alquiler. Aumentar la competencia pública es la solución archisabida.

La vivienda usada sigue al alza en Alicante y ya supera los 2.000 euros por metro cuadrado

El Estado, sea el Gobierno central, el autonómico, o los ayuntamientos, tienen la obligación de cooperar y promover esa vivienda pública en venta o en alquiler. En Alicante ha sido una pequeña Asociación de Vecinos, la de Rabasa, quien lo ha hecho. Llegaron a ser los mayores promotores de VPO en la provincia. Ahí están los resultados. No desmerecen ni en calidad, ni en precio, y por supuesto a un precio muy competitivo. Los gestores de las dos cooperativas, la Promotora Herculana y la Unión General de Trabajadores en la segunda obtuvieron unos beneficios razonables (10%). Realizaron una gestión notable, como buenos conocedores del sector, que es lo que nosotros, los vecinos, no sabemos hacer. Por eso hemos solicitado al Ayuntamiento de Alicante y ahora a la Generalitat Valenciana que promuevan VPO. El Ayuntamiento facilitando la tramitación o a través del Patronato Municipal de la Vivienda; y la Generalitat a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, como hizo en su día, cuando todavía era el IVVSA.

No pida suelo para VPO, ¡lo tiene usted!. Presidente Mazón tiene usted suelo para construir unas trescientas viviendas protegidas en Alicante, con cuatro años por delante y recursos de sobra. Sin duda este va a ser el mejor indicador de su capacidad de gestión y de la vocación social de su gobierno y no valdrán generalidades. Entre cero y trescientas VPO en los próximos cuatro años. Los resultados serán plenamente objetivos y cuantificables. Además, tiene recursos y técnicos con dedicación exclusiva a su profesión y ciudad para gestionarlo con un gobierno del mismo partido. ¡Como a Felipe II! En cuatro años podremos evaluar la gestión.