Los promotores aplauden el plan de Mazón para construir 10.000 VPO pero piden aligerar las cargas burocráticas

Los promotores alicantinos han acogido con los brazos abiertos el plan para construir al menos 10.000 viviendas de protección oficial en la autonomía durante los próximos cuatro años que anunció este martes el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante su participación en el Foro Alicante del Club INFORMACIÓN. Una iniciativa que, de hecho, venían reclamando y que consideran que contribuirá a paliar la "emergencia habitacional" que, a su juicio, se ha generado en los últimos años, por la falta de impulso a esta figura.

En este sentido, el secretario general de la Asociación Provincial de Promotores (Provia), Jesualdo Ros, asegura que, tanto los plazos, como el volumen de viviendas que contempla el proyecto son "factibles", eso sí, siempre que se tomen las medidas necesarias para aligerar las cargas burocráticas y que se modifiquen los últimos cambios en la normativa introducidos por el anterior Ejecutivo autonómico que, a su juicio, complicarían alcanzar este objetivo.

Mazón anuncia un plan para construir 10.000 viviendas de protección oficial y una ley 'antiokupas'

Lo cierto es que los empresarios ya conocían los planes del Consell, tras mantener la semana pasada una reunión con los responsables de Vivienda para analizar la situación. Según afirmó Mazón, la intención es promover al menos 10.000 pisos de protección oficial a lo largo de la presente legislatura, de los que unos 4.000 se ubicarán en la provincia de Alicante, con el objetivo de favorecer el acceso a este bien social de aquellas familias y ciudadanos con mayores dificultades para conseguir una casa en el mercado libre.

Una iniciativa que desde la Generalitat han bautizado como Plan VIVE y que, como primer paso, pretende movilizar el suelo que está en manos de los ayuntamientos y del propio Ejecutivo autonómico, en el que se calcula que podrían edificarse hasta 8.000 de las 10.000 viviendas prometidas. "Cada vez que se urbaniza un terreno, se cede una parte gratuitamente a la administración, por lo que se trata de una bolsa de suelo considerable", señala Ros que, no obstante, asegura que también hay solares en manos de los propios empresarios que podrían acoger VPO.

Condiciones

Eso sí, los promotores dejaron claro a los responsables autonómicos algunos cambios que serían necesarios para conseguir la velocidad de crucero necesaria para llegar a esas cifras. Para empezar, desde Provia plantean que se deje en suspenso la aplicación del Decreto sobre Diseño y Calidad de las Viviendas que aprobó el anterior Consell solo dos días antes de las elecciones. Un texto que eleva considerablemente los requerimientos que deben cumplir las nuevas construcciones y, por tanto, su coste, según afirman los empresarios.

Así, entre otras cosas se exige determinada orientación en las ventanas para reducir el gasto energético –lo que condiciona enormemente toda la distribución del edificio-, la instalación de pilas para lavar la ropa y toda una serie de exigencias que, según Ros, supone una sobrerregulación que encarece los proyectos innecesariamente.

Arranca la primera construcción de VPO en suelo público de Alicante en la última década

La nueva normativa debería entrar en vigor el próximo 3 de diciembre, y lo que plantean los empresarios es, como mínimo, retrasar su entrada en vigor durante dos años y replantearse su conveniencia.

Por otro lado, los promotores también inciden en la necesidad de acabar con el atasco existente en la concesión de licencias de obra municipales, que provoca retrasos de más de un año en numerosos municipios. Unas demoras que, si se mantienen, impedirán por completo la ejecución del proyecto. "Será necesario que pongan una alfombra roja para conceder estas licencias, de lo contrario será imposible", insiste el secretario general de Provia.

Por último, desde el punto de vista de la demanda, la patronal sectorial también ve necesario modificar el propio decreto que regula las VPO, para eliminar lo que consideran unas limitaciones excesivas sobre quienes pueden ser beneficiarios de este tipo de viviendas.

Una figura en desuso

Desde la propia Provia llevaban tiempo demandando un movimiento de la administración para favorecer que volviera a construirse vivienda asequible en la autonomía, tras más de una década en que la VPO se había convertido en una figura residual y la práctica totalidad de la obra nueva se había focalizado en el mercado de la segunda residencia turística o en construcciones destinadas a compradores a partir de cierto nivel.

Los empresarios siempre han asegurado que el problema estaba en la falta de rentabilidad de los proyectos, por lo que, tras muchos años de batalla, el propio Gobierno del Botànic había accedido a última hora a elevar los precios máximos a los que pueden venderse estas viviendas, para tratar de reactivar su construcción.

En este sentido, durante buena parte de la década de los noventa y la primera década de este siglo, en la provincia de Alicante se otorgaban una media de entre 3.000 y 5.000 calificaciones para la construcción de VPO por año, con 1996 como el ejercicio con mayor actividad, al cerrarse con 5.446 autorizaciones definitivas,según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La construcción de vivienda pisa el acelerador en Alicante con su mejor dato desde 2008

Sin embargo, el estallido de la burbuja inmobiliaria y el cambio de política a nivel nacional para potenciar el alquiler sobre la compra provocaron un desplome en la construcción de este tipo de promociones, hasta convertirse en algo casi anecdótico. Así, en los últimos ocho años solo se han aprobado 818 calificaciones definitivas de VPO en la zona, es decir, apenas un centenar al año, lo que incluye también las promociones de alquiler social que han puesto en marcha los ayuntamientos o el propio Consell.

En cualquier caso, desde Provia señalan que, además de contribuir a paliar el actual problema de falta de vivienda a precios asequibles, la construcción de estas 10.000 VPO también supondrá un importante impulso económico, por la inversión y los puestos de trabajo que se generarán. Una actividad que, además, también tendrá su retorno para la propia Administración en forma de impuestos y cotizaciones sociales.