Tiempos de tempestad

Es muy preocupante el análisis que hace el llamado progresismo de los ataques al Poder Judicial, del “lawfare”, término desconocido hasta hace unos meses, aunque denostado por los juristas de este continente por su vaguedad y contenido meramente político, populista y reaccionario y, sobre todo, de las relaciones que deben existir entre el Poder Judicial, el proceso y la función jurisdiccional y la política o lo político. Y preocupa porque, en la mayoría de las ocasiones sin la debida formación jurídica y con desconocimiento del alcance de las posturas adoptadas, las conclusiones que se obtienen y lo que se reivindica es todo aquello que caracterizaba al franquismo y que la Constitución de 1978 vino a derogar.

Aunque limitado al Tribunal Constitucional, la derecha actúa del mismo modo, con nulo respeto a la autoridad de los tribunales, siendo Conde Pumpido el objeto de ataques que lo señalan con los mismos calificativos que los “progresistas" utilizan contra los jueces que no les son afines. No hay razón que pueda justificar a unos y amparar a los otros. El daño al sistema es el mismo y la repulsa, idéntica.

Bien entendido, esa sumisión de lo judicial y legal a lo político, no es más que una petición de subordinación de la ley y los tribunales a los intereses de los partidos y del Poder Ejecutivo que, por tanto, se erigen en el único poder del Estado, siendo los otros dos meros apéndices de este último. Y eso se defiende, directa o indirectamente, como la esencia democrática, cuando es, simplemente, el modo de funcionamiento de las dictaduras. Deberían, dado que reivindican la memoria histórica, repasar un poco cómo se organizaba el Poder Judicial en España en los años que se quieren recuperar para el recuerdo y, muy especialmente, los tribunales de excepción en su composición, origen, nombramiento y funciones. El funcionamiento de estos responde perfectamente a lo que se demanda hoy y que, para cualquiera que tenga unos mínimos conocimientos jurídicos y conozca nuestra historia, debería ser integrado, sin recato alguno, en eso que llama Sánchez y sus acólitos corean como “fachosfera”. En todos los casos en que se actúa de forma similar.

No hay día que de tapadillo no exijan una depuración del Poder Judicial, de aquellos magistrados que no se someten a sus dictados. Para estos jueces “díscolos” piden responsabilidades penales y expulsión de la carrera.

Ahora el objeto de sus furibundos y poco fundamentados ataques, los que provienen de la órbita del progresismo autoritario, son dos jueces de instrucción que, dicen, dictan resoluciones que van dirigidas a hacer fracasar la futura, no existe aún ni se sabe cómo será, ley de amnistía, sin reparar siquiera en dos pequeños detalles que para los políticos que se autoamnistían, para este nuevo PSOE y para los muchos opinantes que escriben con fervor de lo que hace meses denostaban con el mismo afán, carecen de importancia.

En primer lugar, si hubo o no en los sucesos de 2017 actos terroristas o de traición. Porque esta decisión compete a los tribunales en cualquier Estado de derecho. Algo que debería preocupar conocer a quienes, con presteza y ligereza afirman sobre la base de la mera lectura de breves noticias periodísticas, sin haber consultado, como es lógico, los miles de folios que suelen contener sumarios de tanta gravedad y extensión no preocupa, pues concluyen que no, con base en tal nimia información y conocimiento jurídico. Sánchez dice que el independentismo catalán no es terrorista y es cierto. Pero eso no impide que pudieran haberse cometido hechos aislados de esta naturaleza. O no. Pero si ninguno hubo, carece de sentido amnistiar lo inexistente o exigirlo para aprobar la ley. Una contradicción más. Además, ignoran que los jueces atacados son meros instructores, que deciden investigar indicios y que serán en el futuro los órganos de enjuiciamiento, si llegan a ellos, los que determinen los delitos y sus autores.

En segundo lugar, consta el “pequeño” e ignorado voluntariamente detalle de que los sumarios que instruyen García Castellón y Joaquín Aguirre, se incoaron meses y años antes de que el PSOE acordara o decidiera, contra lo que hizo y dijo, que debía dar una solución al llamado problema catalán, ese que la izquierda imputa ahora al gobierno de Rajoy ignorando que es secular y que ya tuvo su momento de gloria en la declaración de independencia en 1934. Y que el PSOE hasta julio de 2023 trató con las mismas palabras y actos que el PP.

Lo que exige la “fachosfera progresista”, por tanto, es que los jueces paralicen los procesos, que no los continúen, es decir, una ilegalidad, pues no hay norma alguna que lo posibilite y hacerlo, esto sí, constituiría prevaricación. Les exigen que prevariquen y que detengan lo que investigan desde mucho tiempo antes sin norma que ampare tal resolución inaudita en nuestro sistema, no en otros impropios del mundo democrático.

No es que los tribunales hayan iniciado procesos a la par de las conversaciones políticas para obstaculizarlas. Es todo al revés. Han sido los políticos los que han decidido legislar ignorando procesos en curso que impedían el futuro de los acuerdos en determinadas materias: el terrorismo y la traición. Para la “fachosfera progresista” los procesos deben paralizarse y archivarse por orden o interés político o terminar concluyendo lo que los políticos decidan que debe concluirse. Un dislate absoluto. Franquismo redivivo.

Los políticos, eso sí, pueden reformar el Código Penal y despenalizar el terrorismo y la alta traición. Si quieren detener la actividad judicial, ese es el camino. No pueden hacerlo porque saben qué sucedería. Y les aseguro que los tribunales actuarán con plena independencia y que si los delitos que ahora se aprecian en esta fase no se concretan, los archivarán. Que nadie tenga duda de ello. Pero, como en todos los casos, cuando llegue el momento procesal oportuno, no conforme a los tiempos de la política. Eso es el Estado de derecho.