El descalabro moral

A propósito del descrédito moral de la política Aristóteles señaló que los gobernantes han de ser personas «de mérito moral». No vale cualquier ética y menos aún, las que no aprecian la existencia del conflicto moral.

Las paradojas de la política intiman el conflicto de valores, lo que le ha llevado a independizarse de la ética, para sucumbir en un «realismo sin principios».

Esto supone que la falsedad ha pasado a ser un avío político, del mismo modo que las verdades a media asta, la ocultación de hechos probados o la amplificación de los desatinos ajenos, en contraste con la minucia de los propios.

Ocupar el poder para que no gobiernen otros hasta poner en riesgo la opción efectiva de una alternancia y consolidar un Estado clientelar, es una intención inequívocamente antidemocrática e inmoral que favorece la desigualdad entre ciudadanos.

El abuso de anabolizantes retóricos hace que al final nos olvidemos del análisis objetivo. Cuando se trata de calificar el descalabro moral, nos referimos a la indefensión de la Nación frente a sus adversarios internos y la carencia del mínimo concepto de lealtad por las fuerzas separatistas. En definitiva, la arquitectura constitucional y la salud democrática del sistema.

Importa más el discurso que la evidencia, que tiene que ver con la colonización de instituciones, empresas públicas, medios de comunicación y elementos descollados de la sociedad civil, así como un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, que eliminan la relación directa entre representante y representado.

La «inmundicia ideológica» que amontona emergencias y necesidades, avivando el fulanismo, la contradicción y el favoritismo, llega a convertirse en risible epítome al servicio de la política. El cuadro clínico se acentúa cuando a un Gobierno le incomoda la ley y está decidido a convertir el orden constitucional en simple fachada.

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A diferencia de otros Estados, nuestra democracia no es militante. La Constitución del 78 es condescendiente con la existencia de partidos políticos que no esconden su propósito manifiesto de acabar con la ley que les ampara.

Una paradoja más a añadir a la cancelación de la sedición, que protegía el orden jurídico y la unidad nacional. Tampoco a la anomalía que supone que el gobierno de una nación democrática se apoye en una mayoría parlamentaria salpimentada con formaciones cuya aspiración irredenta es destruirla.

Este gobierno no es el único que tiene síntomas evidentes, pero se resiste y al final, en la medida en que sigan menguando sus apoyos periféricos, entrará por urgencias. A ello coadyuva la amnistía al prófugo, las cesiones al separatismo y los agravios territoriales que empiezan a influir más que un relato que ya gargajea.

Mientras tanto, reina la calma –si bien quebrada por la intimidación– que esboza una obediencia blindada, unísona, donde nadie se atreve a cuestionar, ni siquiera, las incomprensibles concesiones a un separatismo en arrogante actitud de apremio, el arte del chantaje del huido.

En la silla gestatoria, quien cancela delitos decide lo que es o no malversación, sedición o terrorismo; dispone qué presos sí y cuáles no; predica el lawfare y la desjudicialización de la política, al tiempo que domina el Ministerio Público y la Corte de Garantías Constitucionales.

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En el prólogo de la versión francesa de su obra «La rebelión de las masas», Ortega y Gasset acuñó el término hemiplejia moral. Para el filósofo español: «Ser de izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas formas que el hombre puede elegir para ser un imbécil» . La autodeterminación, equivalente a una parálisis motora en la mitad del cuerpo.

En la opinión pública más avisada produce estupor la distinción entre jueces progresistas y conservadores. Carente de justificación, esta división se ha enquistado en el tanteo previo (7-4) de las resoluciones de un órgano jurisdiccional, lo que introduce móviles políticos alejados de la racionalidad jurídica.

Y esto es así porque la justicia tiene que atesorar independencia e imparcialidad. Las ideas personales de los jueces no deben interferir en su labor, aunque haya siempre un ámbito de discrecionalidad que jurídicamente lo permita. De ahí que, cualquier decisión judicial debería ser motivada y hacerse pública, para comprobar la consistencia y el rigor de los argumentos en que se basa, lo que supone una garantía para la confianza de los ciudadanos.

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En el lodazal de la discusión jurídica –constitucionalidad o no– sobre la inminente ley de amnistía, la democracia española transita momentos de existencial gravedad, desde que se decidió pagar un precio por la investidura, para conservar el poder.

El flagelo se completa con el intento categórico de control del poder judicial. Y por si fuera poco, se insta a los jueces a que no se molesten en hacer su trabajo, ya que, si sus sentencias condenatorias no son del agrado del Ejecutivo, este indultará o amnistiará lo que tenga por conveniente.

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Este descalabro moral, emanado del deterioro institucional, consistente en poner las instituciones del Estado al servicio de uno mismo, no es un fenómeno exclusivamente español.

La integridad moral se cuartea cuando se cambia el sujeto de la soberanía que, según proclaman algunos, ahora residiría en el Parlamento y no en el pueblo. Y cuando se violenta el Código Penal para cancelar dos delitos cardinales: sedición y malversación del dinero público.

Cuando vestigios del Estado de derecho reaccionan para protegerlo, los predicadores del optimismo quimérico buscan nuevas vías para que la justicia y la ley no se interpongan en sus propósitos. Para ellos, solo la deshonestidad económica –el agio– merece penalización moral, algo tan previsible y unánime como el canto gregoriano. Y esto es así porque ha ido cristalizando un régimen de sumisión, en el que predomina la devoción por encima de la decencia ética. Con la permanencia en el poder, como fin último, y la polarización, como medio para conseguirlo, ese relato amenaza ruina.

Derogar la verdad como valor o la igualdad como principio; amnistiar a cambio del poder político, a un investigado por graves delitos, cuyo empeño existencial es la derrota del Estado español; decretar que hay dos terrorismos, uno que viola los derechos humanos y otro que asegura los siete votos para seguir en el poder; gobernar a golpe de decreto ley; colonizar instituciones del Estado; señalar a jueces y fiscales… Son otros tantos cimientos del descalabro moral.

Y como apéndice, unas preguntas canónicas: en plena negociación de la ley de amnistía, el aval de sus beneficiarios a la tramitación parlamentaria de una iniciativa para declarar la independencia de forma unilateral ¿forma parte de la anhelada convivencia y el reencuentro?; los negocios umbrosos en tiempos de pandemia, que emergen con retraso ¿son indicios premonitorios de arcanos pendientes de revelar?; el rechazo ideológico al minuto de silencio por los guardias civiles asesinados ¿es un marco mental o una simple falta de respeto?

Las respuestas podrían servir como paradigmas susceptibles de explicar la desafección de la política.

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A los afectados por el devastador incendio, que lo han perdido todo.