No hablen de concordia

“Recuperar los restos de mi padre ha sido lo más grande que he hecho en esta vida”. Este es uno de los conmovedores testimonios de uno de los familiares de los fusilados en el cementerio de Paterna, en el tristemente conocido como Paredón de España que cada año acuden a rendir homenaje a las 2.238 personas que murieron allí asesinadas por la dictadura franquista tras el final de la Guerra Civil.

Pude escuchar palabras como éstas de boca de los familiares de las víctimas cuando entró en vigor la Ley de Memoria Democrática de la Comunitat Valenciana y que, además de llenarme de emoción, me hicieron comprender que normas como esa son las que dan sentido, dignidad y grandeza a la Política.

Son palabras que, además de la emoción, nos interpelan como sociedad que mira al futuro y que nos obligan a formular preguntas que hace mucho tiempo que tenían que haber sido contestadas, pues ¿Qué sociedad decente tiene a sus muertos sin enterrar? ¿Qué sociedad que busca cohesión mira al pasado con una venda en los ojos? ¿Qué pueblo justo prefiere mirar a otro lado? ¿Debemos buscar respuestas aunque sepamos que no será fácil restaurar la memoria? ¿Hay justicia que repare la injusticia de la muerte o del exilio? En definitiva ¿cómo se repara la pérdida?

La ley de Memoria Democrática y para la Convivencia impulsada por el Consell de Ximo Puig y aprobada por Les Corts en noviembre de 2017 fue concebida para contestar a todas esas preguntas. Y ahora, cuando está a punto de ser derogada por una triste combinación de rencor y ambición y desmemoria, conviene recordar las cuatro poderosas razones por las que era necesaria esta ley:

Para reforzar la democracia, porque la tragedia de la guerra civil española y la posterior dictadura son hechos de nuestra historia y memoria que nos interpelan sobre lo que somos, quiénes somos y quiénes queremos ser como comunidad social y política. Es preciso mirar hacia delante pero sabiendo de dónde procedemos, conocer bien nuestro pasado y tener esa lectura colectiva de nuestra historia que permita afrontar los retos del presente. En suma, mantener en la memoria a las víctimas y reconocer su dignidad, es el mejor freno para que los hechos que convulsionaron nuestra historia no vuelvan a suceder en el futuro y, a la vez, se convierten en una magnífica herramienta para reforzar la democracia.

Para asegurar un futuro de convivencia, concordia y paz puesto que la preservación de la memoria democrática es la expresión de la libertad y la reivindicación de la lucha de la ciudadanía en la conquista de las libertades es una manifestación de cultura democrática.

Para defender los Derechos Humanos ya que la tarea de recuperación de la memoria de las víctimas de la guerra civil y la dictadura es una conmemoración de la lucha por las libertades, pero también es una vía para difundir a las generaciones presentes y futuras el respeto por los derechos humanos y el conocimiento de los fundamentos del sistema de libertades del que disfruta la sociedad.

Y para cumplir con lo establecido por los organismos internacionales porque el estado surgido como consecuencia de la guerra civil fue un régimen ilegal y como tal fue condenado por la Organización de Naciones Unidas en 1946 y a partir de aquella fecha la ONU ha aprobado resoluciones condenando la dictadura y proponiendo reconocer a las víctimas.  

Por ello, en 2017 impulsamos una norma que representaba negro sobre blanco, la voz de un pueblo que reclamaba concordia y reconciliación mediante tres palabras: memoria, verdad y justicia.

Este miércoles, en Les Corts, el PP y Vox han iniciado la tramitación parlamentaria para perpetrar la ignominia que abrirá una nueva fosa con la que se pretende sepultar nuestro pasado mediante cinco artículos que toman como un todo indivisible el periodo 1931-1978; que equiparan una república democrática con la dictadura sin siquiera citar a Franco y su régimen totalitario que se prolongó durante 40 años. Una ley que manipula a las víctimas del terrorismo para no reconocerles ningún derecho. 

Ignoran, también intencionadamente, que durante cuatro décadas se exhumó, reconoció y homenajeó a los franquistas que murieron en combate o que fueron asesinados por extremistas republicanos durante la guerra en otras partes de España. Las familias de esos “caídos” fueron reparadas moral y económicamente. Pero quienes permanecieron enterrados en cunetas, como perros, fueron quienes lucharon por las libertades de nuestro país, sus familias fueron señaladas, expoliadas y represaliadas. Una represión que, con asesinatos y torturas incluidas, se prolongó hasta 1975. Esa injusticia histórica es la que se estaba empezando a paliar con las leyes de Memoria tanto la estatal como la valenciana. 

Porque la democracia, reestablecida en 1978, tardó más de 40 años en empezar a reparar a quienes murieron y sufrieron por defenderla. Esa injusticia histórica es la que renace ahora bajo el falso paraguas de la concordia.

¿Qué pensaríamos si en Euskadi se propusiera una Ley de la Concordia sin llamar terroristas a los miembros de ETA? Porque, tal y como dicen ellos respecto a la rebelión militar de julio de 1938 y la Guerra Civil, nunca hubiera habido “un relato consensuado” sobre los años del terror en la sociedad vasca y tampoco en los historiadores.

Con el mismo argumento podríamos animar a las naciones europeas a que impulsen una legislación basada en la Concordia que niegue el Holocausto o que equipare a quienes lucharon en la Resistencia a los SS o a los que lucharon defendiendo el III Reich ¿Consideran descabelladas estas dos opciones? Pues eso es exactamente lo que están haciendo el Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana. 

La mal llamada Ley de la Concordia defendida por la derecha y la ultraderecha que gobiernan en la Comunidad Valenciana blanquean la dictadura franquista y manipulan, una vez más, la Historia.  

Al leer el texto de la futura norma queda claro que el concepto de “concordia” del PP y Vox se basa, simplemente, en el olvido para las víctimas, la impunidad de los criminales y la falsificación histórica.  Esta mal llamada Ley de la Concordia no solo atenta contra la dignidad de las víctimas sino que pretende sepultar de nuevo su voz condenándolas al olvido y vulnerando además el mandato de los organismos internacionales y las resoluciones de la ONU que, en fecha tan tardía como 2014, seguía lamentando la falta de colaboración de las instituciones del Estado a la hora de recuperar la memoria democrática en España.

Miguel Hernández, en la cárcel de Benalúa de Alicante, dejó escrito: Mañana no seré yo// otro será el verdadero. // Y no seré más allá // de quien quiera su recuerdo. El recuerdo de las, aproximadamente 11.000 víctimas de las tres provincias valencianas -de ambos lados- pese al intento del PP y VOX de condenarles a aquel silencio antic i molt llarg que cantaba Raimon no caerá en la desmemoria, porque seguiremos luchando desde todas las instancias para que esto no ocurra. Tenemos la palabra, la razón y la memoria.