La nada judicial

Por mucho que se empreñe el Partido Popular en tratar de erosionar al presidente Pedro Sánchez y por extensión al Gobierno de coalición utilizando para ello la patética y funesta denuncia penal del sindicato ultraderechista Manos Limpias acusando de no se sabe qué a Begoña Gómez, esposa del presidente, la realidad es que antes o después tendrá que dejar de roer ese hueso inútil y volver a la realidad. En las comparecencias semanales del presidente en el Pleno del Congreso de los Diputados el PP desaprovecha la posibilidad de preguntar al Gobierno sobre lo que en realidad importa a los ciudadanos, es decir, la marcha de la economía española, el funcionamiento de la Justicia o el futuro de la Educación en España, por poner tres ejemplos. El ministro de Economía lleva varias semanas quejándose de que el PP no le ha hecho ninguna pregunta en las sesiones de control del Gobierno desde que fue nombrado tras la marcha de Nadia Calviño a Europa. Quizá sea el excelente funcionamiento del PIB trimestre tras trimestre lo que impide a la bancada popular preguntar sobre la economía española. Tampoco sabemos qué piensa el Partido Popular de la evolución de la tasa de empleo en España o del número de afiliados a la Seguridad Social que no deja de crecer todos los meses. La acción política errática de Alberto Núñez Feijóo producto de su incomodidad manifiesta por tener que vivir en Madrid, una ciudad que no le gusta, le ha llevado a tener que agarrarse a las estrambóticas investigaciones sobre Begoña Gómez como a un clavo ardiendo. Aunque la Audiencia Nacional asegura que la denuncia de Manos Limpias es inverosímil con datos erróneos y aunque la Guardia Civil de mano de la OCU no haya encontrado ninguna prueba que pueda, ni siquiera de manera remota, demostrar algún tipo de culpabilidad de Begoña Gómez, el hecho de que el trámite judicial siga su curso no significa que se haya encontrado ningún motivo que pueda hacer pensar en que la esposa del presidente haya cometido algún acto ilícito.

Prueba de la debilidad del Partido Popular, producto, en cualquier caso, de su estado de confusión sobre cómo ejercer su actividad opositora con un mínimo de rigor, es el hecho de que no hayan llamado declarar al presidente en la comisión de investigación del Senado. El motivo se debe al temor del PP a que el presidente ponga en ridículo a los senadores populares integrantes de esta comisión como ya han hecho con sus preguntas al resto de comparecientes, en especial con Salvador Illa y con José Luis Ábalos. Y todo ello a unos días de las elecciones europeas.

Cuestión a tratar con detenimiento es el protagonismo que algunos jueces españoles han intentado obtener en los últimos años abriendo causas judiciales contra políticos del PSOE y de Unidas Podemos que después de largas instrucciones quedan sobreseídas por instancias judiciales superiores. Ejemplos tenemos varios como las denuncias contra miembros de Podemos que fueron investigados por jueces ávidos de pasar a la historia como los que lograron terminar con Podemos, la imputación de la exministra de Asuntos Exteriores, González Laya, o el más reciente sobreseimiento de Mónica Oltra. Instrucciones judiciales que dieron lugar a centenares de portadas de periódicos que fueron utilizadas por el Partido Popular y otros partidos políticos de derecha como Ciudadanos y que después de meses de declaraciones quedaron en la nada absoluta. Si el Consejo General del Poder Judicial estuviese dirigido por un grupúsculo elegido entre los propios jueces al margen del Congreso de los Diputados y, por tanto, de la soberanía popular resulta fácil deducir que se convertirían en un poder sin ningún control en el ejercicio de sus funciones y se dedicarían a perseguir a los partidos políticos que considerasen nocivos para sus intereses e ideas. Más que nunca resulta probado que el órgano que regule funciones de gestión y de nombramiento de otros jueces debe estar sometido al poder del pueblo, a la soberanía que a su vez elija a sus representantes y estos al CGPJ.

En el fondo, la carraca de la derecha española con Begoña Gómez no es más que una manera de ejercitar su rabieta por su inesperado fracaso en las elecciones generales del año pasado. El tiempo para Feijóo se va terminando poco a poco. Si el Gobierno de coalición termina la legislatura dentro de tres años con la economía yendo como una moto, el desempleo en mínimos históricos, los ingresos por turismo en magnitudes históricas a pesar de los cenizos antituristas y la cuestión catalana durmiendo el sueño de los justos, la silla de Feijóo comenzará a moverse cuando Miguel Ángel Rodríguez considere que se han acabado las bromas y, por tanto, el tiempo de Feijóo en Madrid haya llegado a su fin. Tal vez ese día Feijóo se arrepienta de no haber hecho una política de Estado y haber tenido un papel en la oposición tan anodino como el que está llevando a cabo.