­El Gobierno central pondrá coto a los sobresueldos que recibe la inmensa mayoría de los diputados provinciales de Alicante. El Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, abordado este pasado viernes en el Consejo de Ministros, deja muy claro que las indemnizaciones que perciben los dirigentes por asistir a reuniones, asambleas y consejos rectores de los organismos autónomos pasarán a mejor vida. Se acabó percibir 300 euros por acudir a los cónclaves de Suma, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert o el Consorcio Provincial de Bomberos, por ejemplo.

Esta prohibición afectará a los diputados con dedicación exclusiva y de aplicarse hoy provocaría que la presidenta, Luisa Pastor, dejara de ingresar alrededor de 16.500 euros al año. Esa es la cantidad estimada -la cifra oficial no se conoce todavía- que Pastor ingresó en 2012 por participar en los encuentros de los organismos autónomos.

Tal y como informó este diario en su edición del pasado 3 de febrero, los 31 políticos con escaño en la Diputación tienen varias vías de ingresos. Por un lado está su sueldo, fijado en 60.000 euros brutos anuales por diputado; 63.000 para los tres vicepresidentes -Adela Pedrosa, César Asencio y Mercedes Alonso- y el portavoz socialista, Alejandro Soler; y 65.000 para la presidenta. Todos, sin exepción, cuentan con la dedicación exclusiva. A esas cifras se suman además las indemnizaciones que perciben la mayoría de ellos por acudir a las reuniones de los organismos. Éstas oscilan entre los 600 euros anuales por político y los 16.550 que ganó la presidenta. En cada organismo se abona una cuantía propia y las reuniones se convocan de manera independiente. De ahí que entre un dirigente y otro (Pastor al margen) pueda haber diferencias de hasta 6.000 euros anuales. Sólo Mónica Lorente y Enrique Ponsoda, del PP, y Raúl Valerio y Genoveva Tent, del PSPV, no ingresaron ni un euro por este concepto en 2012, de acuerdo con los datos recabados por este diario. O bien porque no pertenecen a ninguna entidad, como es el caso de Lorente, Ponsoda y Tent, o bien porque de la que forman parte, no se cobra. Éste es el caso de Valerio con la Caja de Crédito Provincial.

La tercera vía de ingresos de los diputados provinciales son las cantidades que ingresan por acudir a juntas de gobierno, comisiones o plenos de sus ayuntamientos. Adrián Ballester, Ana Belén Juárez y José Francisco Chulvi renunciaron a ellas. Y hay políticos, como la propia presidenta, que también reciben sobresueldos gracias a su participación en las reuniones de mancomunidades. En su caso, en la de l´Alacantí, que le reporta 1.800 euros anuales brutos.

Cambio normativo

El Anteproyecto de Ley del Gobierno no dice nada de estos dos últimos apartados, pero sí de los organismos autónomos. «Los concejales que sean proclamados diputados provinciales tendrán que elegir entre uno de los dos sueldos», reza la nueva norma. Hasta aquí, nada nuevo. Como hasta ahora. Pero apostilla: «Sólo los concejales que no tengan ni dedicación exclusiva ni parcial cobrarán dietas de asistencia a sesiones de órganos colegiados». En esta situación no se encuentra hoy ni uno de los 31 diputados provinciales, dado que todos tienen la exclusiva. Su nómina en sí procede de la Diputación y no de su ayuntamiento.

El cambio normativo, sin embargo, traerá consigo una reducción en el número de «liberados». Cuando entre en vigor la nueva ley una vez superado el trámite parlamentario, «sólo» 17 de los 31 diputados provinciales podrán tener la dedicación exclusiva. Los 14 restantes, por tanto, sí podrán cobrar por asistir a las reuniones de los organismos autónomos.