El Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas promovido por el presidente Alberto Fabra y que costeará a partes iguales la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos dejará fuera de las ayudas para la contratación de parados a las empresas que se encuentren en "crisis", es decir, aquellas en las que haya desaparecido la mitad de su capital suscrito o hayan llevado a cabo despidos colectivos o extinciones de contrato declaradas improcedentes mediante sentencia judicial. Además, según consta en las bases elaboradas por la Conselleria de Economía y Empleo, las empresas que se acojan a las ayudas no podrán contratar a familiares. En concreto, el documento especifica que ni el empleador, ni los cargos directivos, ni los miembros de los órganos de administración podrán mantener "una relación de cónyuge, pareja de hecho, ascendiente o descendiente hasta primer grado". El plan de empleo que Fabra anunció en el debate de política general hace más de 9 meses, debe ser capaz de generar 15.000 empleos en los próximos tres años. Es la iniciativa estrella y prácticamente la única dirigida expresamente a crear empleo de un Ejecutivo acorralado por los problemas de liquidez y las dramáticas cifras de desempleo (582.126 personas).
El plan, que según lo avanzado por Fabra iba a contar con 99 millones, arranca con la mitad: 45 millones que serán invertidos durante tres años y financiados a partes iguales por los tres niveles de administración.
Tras meses de retraso, la Conselleria Economía publicó en marzo la orden de ayudas dirigida a las empresas en las que se contemplaba una ayuda de 1.125 euros para las contrataciones por un período de al menos tres meses y con una jornada de como mínimo 25 horas semanales. Cada administración aportará 15 millones, lo que arroja una media de 5 millones anuales. Aunque el programa fue lanzado desde la Generalitat, serán finalmente las diputaciones las encargadas de gestionar las ayudas. En principio, las bases serán aprobadas en breve por las diputaciones provinciales.
