Si el 4 abril de 2008 tanto el fiscal anticorrupción como el juez de Orihuela que estaba investigando la matriz del denominado caso Brugal (las basuras de Orihuela y el macrovertedero de la Vega Baja) consideraron «hechos nuevos» los datos que aparecieron sobre el plan Rabasa y ambos coincidieron en que había que remitir las diligencias a un juzgado de Alicante, no tiene sentido que dos meses después, el 6 de junio, el mismo juez de Orihuela decidiera ampliar las intervenciones telefónicas, tras pedírselo el fiscal un día antes, sobre un asunto que ya no era de su competencia. Y eso sin contar con que el magistrado de Alicante al que se envió el caso, el mismo al que ahora la Audiencia Provincial ha instado a reabrirlo, denegó las escuchas y archivó las actuaciones un mes después de recibirlas, el 6 mayo, sin que ninguna de estas dos decisiones fuera recurrida por el fiscal.

Sobre estos hechos, que se apoyan en escritos del fiscal y en resoluciones judiciales firmes y que inciden en que los pinchazos serían nulos por no haberlos autorizado el juez competente para hacerlo, se cimenta el recurso de reforma que el abogado que lleva la defensa del empresario Enrique Ortiz, el penalista Francisco Ruiz Marco, ha presentado contra la admisión de todas las diligencias solicitadas por el fiscal en el denominado caso Rabasa. Un asunto que el juez decano de Alicante, el magistrado Juan Carlos Cerón, ha comenzado a instruir después de que la Audiencia le haya obligado a investigar si, tal y como recoge la denuncia que EU presentó en su juzgado el año pasado y a la que inicialmente el juez dio carpetazo por no considerarse competente, hay indicios de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación o cohecho en la tramitación de este macroplan urbanístico desarrollado al margen del PGOU y que, a expensas de lo que diga el Supremo, donde está recurrido por Ortiz, su urbanizador, tiene previsto acoger más de 13.000 viviendas y el centro comercial promovido por Ikea.

El recurso, que fue interpuesto el pasado día 12 de aunque hasta ayer no fue notificado a las partes (lo que, dada la condición de inhábil de agosto, les da un mes para responder a él), pone también el foco de atención en la postura mantenida por el fiscal hace apenas un mes a favor de que fuera el juzgado de Cerón quien asumiera la competencia, como al final acordó la Audiencia, para llegar a la conclusión de que, si tanto en 2008 como en 2103 estaba claro que la competencia para investigar este asunto la tenía Alicante, serán nulos todos pinchazos autorizados por el juez de Orihuela.

La denuncia presentada por EU pide la imputación, entre otros, de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, así como la de Ortiz, la del exgerente de Urbanismo Enrique Sanus y la de la jefa del servicio jurídico-administrativo de este departamento, Isabel Campos. También se denuncia al exdirector de la Unidad de Carreteras en Alicante, Enrique Peiró, y al exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Criado, ambos dependientes de la administración central cuando gobernaba el PSOE, y a la entonces secretaria autonómica de Urbanismo, María Ángeles Ureña.