La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, exigió ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dos magistrados de refuerzo para evitar el colapso por las investigaciones de los casos de corrupción. Fue la segunda petición en apenas dos meses. El pasado 20 de noviembre de 2013, la sala de Gobierno del TSJ mantuvo una reunión interna y acordó solicitar tres jueces más y cuatro funcionarios judiciales. Hasta ahora, el CGPJ sólo ha aprobado la incorporación de uno de esos magistrados.

Ayer, De la Oliva retomó el discurso reivindicativo y reclamó al Poder Judicial que dote de más personal humano al TSJ. La presidenta del tribunal valenciano aseguró que los jueces trabajan «al 150%» dada la «ingente» cantidad de corrupción que ha azotado la Comunidad durante los últimos años y en la que se han visto envueltos políticos aforados. La magistrada se postuló en estos términos durante un receso de la reunión que mantuvo ayer con el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y la vocal del CGPJ, Carmen Llombart, con motivo de la Comisión Mixta celebrada en el TSJ.

De la Oliva no se mordió la lengua. Recalcó que seguirá reivindicando la llegada de más jueces -«claro», dijo- e insistió en el gran volumen de trabajo que tienen los cinco magistrados que integran la Sala de lo Civil y lo Penal. «Las causas van saliendo, pero... El Consejo siempre velará por que la Justicia de forma rápida y eficaz», deslizó.

La situación del TSJ es límite. Por lo menos, eso apuntan sus propios magistrados. En el escrito que remitieron el pasado mes de noviembre al Poder Judicial, el tribunal valenciano advirtió de que la Sala se «paralizaría» si no recibía apoyo en los juicios de Fitur y el caso Blasco. En concreto, el TSJ reclamó un magistrado de refuerzo para las piezas de la red Gürtel que se están investigando, otro juez para la instrucción del caso Brugal de Alicante y un último magistrado para que ejerza labores de apoyo mientras se celebran las vistas orales de la trama de Cooperación y de la pieza de Gürtel que ha investigado las adjudicaciones de la Generalitat a El Bigotes en las ediciones de Fitur de entre 2005 y 2009.

De momento, sólo se ha atendido una de esas peticiones. La vocal del órgano de gobierno de los jueces, Carmen Llombart, fue la encargada de dar la noticia. Desveló que el CGPJ ha dado su visto bueno a esa solicitud y apuntó que un magistrado procedente de la Audiencia Provincial de Valencia reforzará el TSJ en comisión de servicios. Llombart además aclaró que el Poder Judicial todavía tiene pendiente sentarse y resolver el resto de peticiones del tribunal valenciano.

Mientras tanto, los juicios continúan. El pasado 7 de enero comenzó la vista de una de las dos piezas del caso Cooperación, en la que se encuentra imputado el exconseller de Solidaridad y hoy diputado no adscrito en las Cortes Rafael Blasco. Mientras se prolongue este juicio -previsiblemente durante tres meses-, tres de los cinco jueces de la Sala Civil y Penal están dedicados casi en exclusiva a él. Además, está previsto que en las próximas semanas arranque también la pieza de Fitur, en la que se encuentran encausadas, entre otras, las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such.

Al margen de los juicios, el TSJ se encuentra también en pleno proceso de instrucción de varios procedimientos. Entre ellos, el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante para favorecer al constructor Enrique Ortiz, con un sumario que rebasa de manera amplia los 20.000 folios.