Ni la instrucción dura seis años en lo que afecta a la alcaldesa de Alicante, ni se ordenan diligencias innecesarias y, para evitar las dilaciones indebidas de las que se quejan los abogados de la regidora, poco ayudan los reiterados y extensos recursos que ellos mismos presentan. Todo esto y más se recoge en un auto de cuatro folios en el que el magistrado Juan Climent no sólo vuelve a tumbar todos los planteamientos del último recurso presentado por la defensa de Sonia Castedo sino que contesta directamente a las críticas que le hacen los letrados, que llegaron a acusar al juez de pasividad en la instrucción de este procedimiento y de no conocerse la causa.
Los abogados José María Asencio y Juan José Martínez Albert interpusieron este recurso en el marco del proceso abierto en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad contra la primera edil, contra su antecesor en el cargo Luis Díaz Alperi, y contra el empresario Enrique Ortiz, entre otros, por presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante. Las acusaciones atribuyen a los políticos haber facilitado datos reservados del planeamiento urbanístico de la ciudad al promotor a cambio de regalos.
Responde Climent a la crítica de que la instrucción dure ya seis años recordando a los recurrentes que su clienta, la alcaldesa de Alicante, no fue imputada hasta finales de septiembre de 2012, con lo que el tiempo de investigación en lo que a ella respecta es considerablemente inferior aunque la matriz del proceso, el denominado caso Brugal, arrancara en Orihuela en 2007.
Tampoco comparte el magistrado el reproche de la defensa de Castedo de que esté acordando diligencias innecesarias con el fin de prolongar el procedimiento dando lugar a dilaciones indebidas, «sin que la reiteración, extensión y repetición de alegaciones y escritos de la propia recurrente en uso de su legítimo derecho de defensa, no obstante ello, agilicen precisamente el procedimiento», precisa Climent.
También tiene contestación para las objeciones de los abogados de la regidora a la falta de concreción de las imputaciones contra ella, una carencia que sitúan ya en la exposición razonada que el magistrado Manrique Tejada, instructor de este proceso en Alicante, tuvo que remitir al TSJ dada la condición de aforados de Castedo y Alperi. Recuerda Climent que fue la sala de lo Civil y Penal la que declaró la competencia del ese tribunal para instruir este procedimiento «a la vista de la exposición razonada del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante y con base a la existencia de indicios bastantes en todo caso respecto a la recurrente, habiendo comparecido y alegado en su día sobre la asunción de esta competencia por el tribunal y la subsiguiente continuación de la instrucción en esta sede de aforamiento».
El instructor vuelve a rechazar «la repetida reiteración de la petición de nulidad» de las intervenciones telefónicas, una cuestión que el magistrado considera resuelta, al tiempo que califica de «improcedente» la pretensión de los letrados de que se dé un mes de plazo para que las partes pidan todas las diligencias que consideren necesarias. Además, Climent reitera su negativa a cerrar las actuaciones contra la alcaldesa, como reclaman sus abogados, a los que vuelve a decir que la investigación aún está abierta.
Tras la respuesta del magistrado será ahora la sala de lo Civil y Penal la que, en apelación, tenga que responder al recurso de la defensa de Castedo.
