La Diputación Provincial de Alicante es una de los miles de afectados de la Comunidad por los impagos de la Generalitat Valenciana. El Consell de Alberto Fabra, necesitado de auxilio económico de Madrid para evitar el temido default, arrastra deudas con la institución provincial desde hace años. Muchos años. En concreto, desde 2001. El tesorero accidental del Palacio, Vicente Pérez, y la jefa de Recaudación y Control de Cajas Descentralizadas, Aurora Vaz-Romero, han certificado en un informe que el Ejecutivo autonómico mantiene hasta 20 deudas diferentes con la Diputación. Pero lo peor no es sólo eso, sino que los dos funcionarios ven extremadamente complicado que ese dinero llegue algún día hasta las arcas de la institución provincial. De hecho, han calificado esas deudas como de «dudoso cobro».
El informe elaborado por ambos se encuentra adjunto a la liquidación de las cuentas del ejercicio 2013. En ese documento se detalla el año al que se remonta la deuda, a qué partida concreta corresponde y la cuantía a la que asciende (ver tabla anexa). En total, los impagos del Consell se elevan hasta los 6,32 millones de euros. La bola, además, sigue creciendo con el paso del tiempo. Sólo en 2013, la Generalitat se «olvidó» de ingresar a la Diputación seis partidas. Entre ellas, una subvención de más de 422.000 euros para acometer inversiones en carreteras.
El primer impago se remonta al año 2001. La institución provincial contabiliza en sus cuentas que tiene pendiente de recibir un total de 501.923,94 euros del Ejecutivo autonómico referentes a inversiones en el Museo Gravina. Aquella cantidad, sin embargo, no quedó pendiente por la falta de liquidez del Consell. Por aquel entonces, la economía fluía y las cuentas autonómicas gozaban de buena salud. Entonces, ¿dónde radica el problema? En una disparidad de criterios. Según ha revelado en sesión plenaria el vicepresidente segundo y diputado de Hacienda, César Augusto Asencio, el convenio que en su día firmaron las dos administraciones para sufragar inversiones en el Museo se modificó con posterioridad. La Generalitat entendió que ya no debía aportar más fondos, mientras que la Diputación le sigue reclamando ese medio millón de euros. El resultado es el plasmado en el informe. La deuda sigue pendiente desde 2001, pero la institución la considera de «dudoso cobro».
Cuando los impagos se convirtieron prácticamente en norma fue a partir de 2010. Coincidiendo con el recrudecimiento de la crisis económica, el Ejecutivo autonómico empezó a tener dificultades para satisfacer sus compromisos en tiempo y forma. A medida que fueron avanzando los meses, la situación se agravó y el Consell dejó de transferir cantidades que ya eran de calado. Por ejemplo, los 1,38 millones para inversiones en carreteras que quedaron pendientes en 2010 o los 1,29 millones para infraestructuras hidráulicas que tampoco se abonaron en 2011. De 2001 a 2011, el dinero que tendría que haber ingresado el Consell a la Diputación y que ahora resulta difícilmente recuperable asciende a 5,1 millones.
Pero a partir de 2012 también existen nuevos impagos «que afectan a la liquidez de la Diputación» y cuyo cobro podría «superar los dos años», según reza el informe. En total, 1,39 millones. Buena parte de esa cifra procede también de ayudas para infraestructuras hidráulicas (566.488 euros) y para inversiones en carreteras (422.485 euros).
