Las partes que ejercen la acusación popular en el Plan Rabasa (EU y PSOE) ya han rechazado formalmente que el juez no haya imputado al exregidor Luis Díaz Alperi y que haya considerado que su actuación respecto al Plan Rabasa no conlleva responsabilidad penal, pese a que los agentes de la UDEF le sitúan como uno de los ejes de los que se sirvió Enrique Ortiz para conseguir beneficios urbanísticos, como la implantación de Ikea en su suelo. Falta por ver los argumentos que sostendrá el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, contra el archivo de la causa para Alperi y la exsecretaria autonómica de Territorio así como contra la nulidad de las escuchas, su prueba principal. S. LL.
