El fiscal pide prisión para Alfonso Rus, Juan José Medina, Emilio Llopis y Máximo Caturla

El fiscal anticorrupción de la operación Taula ha solicitado el ingreso en prisión de Alfonso Rus (expresidente de la Diputación de Valencia), Juan José Medina (exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada), Emilio Llopis (Exalcalde de Genovés y exjefe de gabinete de Rus) y Máximo Caturla (exvicepresidente de la Diputación), al igual que hizo con la exsecretaria del grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster. Aún no ha trascendido la decisión que ha tomado el titular del Juzgado de Instrucción número 18 sobre el destino judicial de los cuatro exdirigentes populares. En el caso de la asesora municipal, el magistrado rechazó la petición del ministerio público y la dejó en libertad.

Según ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el juez ha acordado libertad provisional para un técnico de la Diputación de Valencia y para cinco empresarios.

El juez ha fijado fianzas de responsabilidad civil que oscilan entre los 200.000 y un millón de euros para el citado técnico de la Diputación y para cuatro de los empresarios que fueron detenidos, mientras que el quinto empresario queda en libertad provisional y sin fianza de responsabilidad civil.

El TSJCV recuerda que las fianzas impuestas no son para eludir la prisión sino para garantizar el pago de responsabilidad civil en caso de condena.

Los interrogatorios a los 24 detenidos han concluido y ahora se está a la espera de que conocer en qué situación quedan Rus y Caturla, Medina y Llopis, tres de sus máximos colaboradores, después de que los otros veinte arrestados hayan quedado en libertad provisional.

Libertad provisional para 14 detenidos

Los 14 detenidos en el marco de la "Operación Taula" que entre ayer y la pasada madrugada declararon ante el juez que instruye el caso, han quedado en libertad provisional, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV). A cinco de los acusados, se les ha impuesto el pago de una fianza para hacer frente a las responsabilidades civiles en el caso de que fuera condenados, que suman un total de 965.000 euros.

Entre los arrestados que pasaron anoche a disposición del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia se encontraban los seis empresarios detenidos por la Guardia Civil por su presunta vinculación al llamado "caso Imelsa". Todos ellos se encuentran ya en libertad.

En el caso de María del Carmen García Fuster, el magistrado ha decretado su puesta en libertad bajo fianza en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía su ingreso en prisión.

El detenido al que se ha impuesto una fianza mayor es a Mariano López, empresario y exsuegro de Marcos Benavent, el exgerente de Imelsa, que deberá pagar 500.000 euros para garantizar la responsabilidad civil, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Para el exgerente de la Fundación Jaume II El Just, Vicente Burgos, la exsecretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia Carmen García Fuster y la exconcejal de Cultura del Consistorio María José Alcón, el juez ha establecido una fianza de 150.000 euros para cada uno.

Al exsecretario autonómico de Deportes David Serra ha impuesto una fianza de 15.000 euros para garantizar la responsabilidad civil.