El Consell utilizará hoy la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid para verbalizar ante el Ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, su negativa a la imposición de aplicar más recortes y la exigencia de aflojar los topes de déficit para poder atender los servicios públicos como Sanidad, Educación o Bienestar Social. La petición del conseller Vicent Soler se basa en la resolución que se votó esta semana en el Congreso a propuesta de Compromís y con una enmienda de los socialistas que, entre otras cosas, rechaza ejecutar nuevos ajustes a las autonomías, propone otro reparto del déficit y emplaza al Gobierno a iniciar el trámite para cambiar el modelo de financiación autonómica, cuya revisión está bloqueada desde enero de 2014.
La reunión del órgano que marca la gestión financiera de las comunidades llega en un momento de máxima tensión entre los gobiernos regionales y Montoro. La decisión del Ministerio de Hacienda de meter de nuevo la tijera con un impacto directo sobre las competencias de las autonomías, en su mayoría vinculadas al Estado del Bienestar, ha abierto una brecha con un frente común de varios gobiernos regionales -entre ellos el de la Comunidad junto el de Andalucía o Cataluña- para hacer frente a La Moncloa.
El encuentro tiene un orden del día deliberativo, como adelantó el propio ministro, quien de hecho aseguró que es «bueno hablar». Pero, sin embargo, la reunión tiene tintes de convertirse en un escenario de alta tensión. Varios ejecutivos autonómicos ya han avanzado que expresarán sus quejas por la actitud de Montoro y lanzarán advertencias a Hacienda de que no van a cumplir sus exigencias. La posición de la Generalitat, controlada por la coalición que forman los socialistas y Compromís, va a ser muy clara. No hay margen para seguir ejecutando ajustes teniendo en cuenta que el nivel de gasto en los servicios públicos básicos ya es de los más bajos de toda España. El déficit se debe redistribuir dando prioridad a las competencias que cada institución ejerce -las de las autonomías están ligadas a la atención directa a los ciudadanos- con la evidencia, además, de que la Comunidad sufre un expolio de más de mil millones anuales con la financiación.
La enmienda que los socialistas añadieron a la propuesta parlamentaria de Compromís incluía el reconocimiento de esos dos puntos. «Lo único que queremos es que Montoro cumpla lo que vota», apuntaron fuentes de Hacienda que, a su vez, recordaron que el ministro es diputado y la avaló. Pero el titular de Hacienda en funciones se mantiene en sus trece. Presentará a los consejeros informes sobre el déficit de 2015, la evolución fiscal de los últimos cuatro años y las medidas que hay que adoptar tras la recomendación de la Comisión Europea a España por el exceso del ejercicio anterior: un acuerdo de no disponibilidad para que no dediquen a gasto nuevo los ingresos adicionales que reciban este año de financiación -una medida que supone más recortes y que impide abordar nuevos proyectos- y el envío mensual del cumplimiento de la regla de gasto. Habrá además un nuevo fondo para facilitar el pago a proveedores, una «garantía» para que «no se produzcan demoras en el pago». Pero, además, el ministro de Hacienda en funciones lanzó una advertencia clara. «¿Una rebelión? No tiene sentido. Todos deben cumplir», zanjó con claridad Cristóbal Montoro.
Ángel Henarejos Blasco
