El pleno del Consell aprobó ayer el anteproyecto de ley de Cooperación y desarrollo sostenible de la Generalitat para tratar de favorecer y reforzar las alianzas entre las ONGD y el resto de agentes y actores de la cooperación valenciana al desarrollo, incorporando además a cooperativas, empresas y organizaciones empresariales y sindicales de la Comunidad. El objetivo es «pasar página y avanzar en materia de cooperación», según explicó el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz.
En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Alcaraz indició que una de las innovaciones que recoge esta norma es la atribución a las políticas de cooperación de los activos que se recuperen de esta materia que se hayan visto afectados por la corrupción, después de la experiencia del «caso Blasco».
Recordó que el Consell ya ha recuperado 230.000 euros para las arcas públicas del llamado caso de Cooperación, y consideró que, aunque «la vacuna contra la corrupción no existe», iniciativas como esta hacen más difícil que se puedan dar nuevos casos. «Estamos en la punta de lanza en la modernización de la cooperación», aseguró el conseller, quien dijo además que en esta norma, la primera que elabora su Conselleria, «se regula mejor la ayuda humanitaria de emergencia».
El conseller recordó que había una ley de Cooperación de 2007, pero han cambiado muchas cosas en este ámbito, también por los casos protagonizados por el PP en anteriores legislaturas.
La política de cooperación al desarrollo del Gobierno valenciano tiene como objetivo promover el desarrollo humano sostenible, impulsando procesos democráticos, buen gobierno, fomento de la paz y respeto a los derechos humanos, según el ejecutivo. La futura ley hace suyos los compromisos del Pacto Valenciano contra la Pobreza, documento de consenso firmado en 2009 por todos los partidos con representación en Les Corts, para luchar contra la pobreza y a favor del desarrollo sostenible de los pueblos.
El nuevo texto legal «promueve la cultura de la evaluación y refuerza la transparencia y rendición de cuentas, todo ello, con el objetivo de visualizar la huella de la Generalitat en el exterior y optimizar el impacto de las políticas de cooperación valencianas», según el Consell.
