La Diputación de Alicante ha sumado un nuevo frente con el Consell al rechazar adherirse a su Código de Buen Gobierno, elaborado por la Conselleria de Transparencia que dirige el alicantino Manuel Alcaraz y que para los populares resulta un texto «sectario». El talante de enfrentamiento con el Consell de Ximo Puig que ha marcado la línea de la Diputación durante el primer año de mandato del popular César Sánchez -cuyo tono se ha suavizado desde que empezó el verano- se ha mantenido, sin embargo, para este punto. Desde la bancada del PP se ha escenificado otro pulso a las políticas del Consell, esta vez en materia de Buen Gobierno, área que dirige en la Diputación Adrián Ballester.
Las críticas al texto del Consell, basadas sobre todo en el cuestionamiento que hace el gobierno valenciano de la asistencia de cargos públicos a actos religiosos, ha forzado al equipo de gobierno de la Diputación a llevar al pleno ordinario de este miércoles la adhesión de la institución provincial al Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Así es como la Diputación tendrá un referente en esta materia después de rechazar en el pleno anterior la adhesión al texto de la Generalitat que solicitó Compromís y que fue también rechazada por el diputado no adscrito, Fernando Sepulcre. Tanto el PSOE, como EU y Compromís votaron a favor de sumarse a este código de regeneración.
El responsable del área de Buen Gobierno y uno de los cabezas visible del sector cristiano del PP, Adrián Ballester, explica que el hecho de tomar el documento elaborado por la FEMP se debe a que «ya teneníamos el expediente de adhesión a este código pactado con todos los grupos políticos». La justificación de Ballester es que el Conseller «prohíbe a los políticos ir a un acto religioso», y acusa al conseller Alcaraz de menospreciar la labor de la Diputación de Alicante en materia de trasparencia.
El juego del contrapoder con Valencia que tanto ha marcado la línea de la Diputación se traslada ahora a este área. Ballester está intentado implantar en la provincia todo un sistema de medidas sobre transparencia y buen gobierno paralelo al del Consell y cuyo máximo exponente es la ordenanza de transparencia de la Diputación que entró en vigor la semana pasada tras ser aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos del Palacio Provincial.
El Código de Buen Gobierno de la Generalitat fija las normas de conducta para los altos cargos de la administración de la administración autonómica y de las empresas públicas, «con el fin de favorecer el desarrollo de unas administraciones íntegras, transparentes, eficaces y eficientes y reforzar, así, los vínculos de confianza entre los ciudadanos y las instituciones», según el texto de la Conselleria.
Bajar la asignación a los grupos
Compromís ha anunciado que va a plantear en el pleno bajar las subvenciones a los grupos políticos para 2017. Los diputados de la coalición solicitan que los presupuestos del próximo año contemplen como subvención a los grupos un gasto básico de 6.000 euros por partido y 3.000 euros variables por diputado, cifras pactadas por unanimidad en julio de 2015 y que fueron multiplicadas por cuatro en diciembre de ese año.
Según estos cálculos, el gasto para los partidos bajaría de los 518.000 euros actuales a 114.000 euros teniendo en cuenta que C's ya no percibe asignación al quedarse sin representación en la institución. El escandaloso incremento para los grupos políticos fue aprobado por PP y PSPV, pero éste último renunció finalmente a la subida junto a Compromís y C's.
