División entre el PSPV y Compromís en las Cortes por la custodia compartida

El pleno de las Cortes Valencianas aprobó ayer una iniciativa en defensa de la custodia compartida como modalidad «más deseable» ante una separación o divorcio, para hacer prevalecer el interés del menor, y que provocó posturas enfrentadas entre los socios del gobierno autonómico: PSPV y Compromís. La iniciativa contó con el respaldo de PP, Ciudadanos y Compromís y con la oposición de los socialistas y de Podemos.La propuesta, que partía del PP y que fue posteriormente consensuada por este grupo con Compromís, insta al Consell a que se dirija al Gobierno para impulsar las reformas necesarias para que se incorpore en el Código Civil la custodia compartida como modalidad «más deseable en el caso de separación o divorcio». Además, insta la Generalitat a buscar las fórmulas para impulsar una nueva normativa de relaciones familiares que establezca la custodia compartida como sistema preferente con la observancia prioritaria del interés superior de cada menor, y -con la enmienda de Compromís- se pide la exigencia al Gobierno central de que busque fórmulas para garantizar la capacidad normativa plena en materia civil de la Comunidad, incluidas aquellas que puedan comprender una reforma de la Constitución. La socialista Rosa Peris expresó sus críticas a la propuesta que respalda Compromís y le pidió al PP que «no haga trampas» porque el debate no es la custodia compartida sino si «no habiendo acuerdo se puede imponer esta modalida».

El síndic de Podemos en las Cortes, Antonio Montiel, aprovechó su intervención para apretar al Consell y consideró «muy triste» que tras la firma de un plan de choque por la vivienda en el docu mento de renovación del Acord del Botànic, su grupo tenga que preguntar al gobierno «tres meses después cómo está» el desarrollo de este plan. «No sé que parte de plan de choque no ha entendido el PSPV», criticó Antonio Montiel.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, respondió que alcanzar las 1.000 viviendas de alquiler social por año es «un objetivo ambicioso y muy difícil» porque «la financiación autonómica es la que es», aunque insistió en que se trata de «un derecho constitucional que hay que llevar a la realidad». Ante el cuestionamiento de sus socios de gobierno -Podemos presta al Consell apoyo parlamentario enlas Cortes- Puig defendió que el ejecutivo autonómico «ha dado un cambio de 180 grados en política de vivienda» tras encontrarse con «una absoluta desidia» al llegar a la Generalitat, y subrayó el descenso de un 40% de los desahucios en 2016, así como la rehabilitación de un total de 500 viviendas . Montiel, por su parte, replicó que la reducción de los desahucios «no es mérito de este gobierno», al tiempo que dijo que de las 500 viviendas rehabilitadas se desconoce el trámite de adjudicación. «Seguiremos vigilantes», sentenció.