Nuevo enfrentamiento entre la Generalitat y la Diputación

El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, rechazó ayer el proyecto de ley del Consell de comarcalización aprobado hace unos días por el gobierno al considerarlo «un ataque más del ejecutivo del Partido Socialista y de Compromís a las provincias y a su autonomía» y «un intento de catalanizar la Comunidad Valenciana, copiando el modelo independentista». En un comunicado, César Sánchez señaló que «no es posible seguir por el camino de la imposición ni del decreto», a la vez que subrayó que es «tiempo de diálogo y de consensos». «El señor Ximo Puig y la señora Mónica Oltra han vuelto a presentar un nuevo proyecto de Ley sin consensuarlo y sin dialogarlo con nadie, un texto que afecta a las comarcas y que han elaborado sin hablar con los alcaldes ni con las diputaciones», apostilló Sánchez, que ha pedido que «dejen de atacar la autonomía de los alcaldes y la autonomía de la provincia».

En este sentido, el presidente de la Diputación insistió en que «no es posible que se pongan encima de la mesa leyes sin antes dialogar, no es tiempo de imposiciones ni de decretos, sino de diálogo, de consenso y de acuerdo». Por ello, manifestó que seguirán trabajando desde la Diputación en «»la defensa de los intereses de la provincia de Alicante, de los todos los alcaldes y también de todo lo que necesitan los ciudadanos». Finalmente, destacó que las diputaciones provinciales son administraciones «saneadas y eficientes», por lo que «bajo ningún concepto, vamos a permitir que la Generalitat, en manos de la señora Oltra y del señor Puig, menosprecien su trabajo, trabajo que es respaldado por los ciudadanos de la provincia y por sus alcaldes», subrayó.

César Sánchez defendió que la provincia es «una distribución territorial que funciona» y que sirve «de nexo de unión de la nación» y añadió que cualquier intento de atacarla es «un intento también por atacar a España». La nueva ley de mancomunidades del Consell supone, de facto, una norma de comarcalización que concede a esas organizaciones territoriales no sólo la capacidad de gestionar servicios sino también un papel de interlocutor con la Generalitat.