Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. El Consell se ha llevado ya hasta seis varapalos judiciales por negar información a la oposición. El último fallo en contra se conoció ayer. Compromís difundió una sentencia judicial del tribunal valenciano que condena a la Generalitat a entregar a la coalición documentación sobre un programa de reforma de centros educativos que contaba con financiación europea. La síndica adjunta del partido en las Cortes, Mònica Oltra, solicitó la justificación de los gastos, pero el Ejecutivo de Alberto Fabra se la denegó. Oltra interpuso entonces un recurso y el TSJ, en una sentencia fechada el 18 de febrero, le ha dado la razón. Otra vez. El Consell vulneró el artículo 23 de la Constitución al no permitir el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. Este nuevo fallo en contra consolida a la administración valenciana como la más opaca de España y la que más sentencias en contra acumula recientemente por denegar datos a los partidos de la oposición. «Es intolerable», resume el portavoz de Compromís en las Cortes, Enric Morera. «La opacidad es el origen de la corrupción», añade.
Su partido ha sido uno de los más combativos con esas reticencias del Ejecutivo a trasladarle documentación. De hecho, cinco de las seis sentencias tienen como origen un recurso de la coalición. La otra es de Esquerra Unida.
La primera vez que el TSJ asestó un varapalo judicial a la Generalitat por no facilitar datos fue en 2011. Compromís quiso tener acceso a los contratos menores que el Ejecutivo autonómico había sellado con la trama Gürtel, pero se topó con el «no» por respuesta. El TSJ condenó entonces el Consell y el Tribunal Supremo corroboró ese fallo el pasado año.
El segundo varapalo lleva el nombre de Radio Televisió Valenciana (RTVV), hoy en pleno ERE de extinción. Compromís pidió una copia del informe que elaboró la consultora Price Waterhouse para justificar ese expediente de regulación de empleo, pero tampoco logró su objetivo. El TSJ, de nuevo, forzó al Consell a rectificar. Y lo hizo, pero a medias. La Generalitat le entregó en 2013 la documentación, pero «olvidó» adjuntar todas las páginas. El informe estaba incompleto.
Ha sido este año cuando ha llegado la cascada de fallos judiciales en contra: uno por los sondeos de opinión que elabora Presidencia; otro por los contratos de la Fórmula Uno; un tercero por la privatización de la Valencia International University (VIU); y, el último, por los expedientes de los centros educativos.
Además de todos estas sentencias, el Tribunal Constitucional también ha dado cinco «tirones de orejas» a la Mesa de las Cortes por vetar iniciativas de la oposición.
