Exdirigentes de Turismo en la Diputación se desentienden de los contratos de Fitur

La investigación que se sigue en el juzgado de Instrucción número 7 de Alicante por presuntos delitos contra la administración pública indaga supuestas irregularidades en la adjudicación del montaje de los estands de Fitur del Patronato de Turismo en los años 2007 y 2008, pues los hechos de anteriores ejercicios denunciados ya habrían prescrito. La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que motivó las diligencias judiciales se basó en una previa presentada por Compromís ante el fiscal en la que se cifraba en 3,2 millones de euros el presunto fraude en la institución provincial entre los ejercicios 2004 y 2008 por el estand de Fitur.

Kringe, exalcaldesa de Dénia por el PP, ocupó el cargo de directora del Patronato Costa Blanca durante casi un año, pero se negó a declarar ante el juez y las acusaciones al no constar en el juzgado varios expedientes de contratación solicitados por el magistrado a la Diputación que afectan a su etapa como directora del Patronato de Turismo, según indicaron fuentes judiciales consultadas por este diario. Su sucesor en el cargo se sacudió cualquier tipo de responsabilidad durante los años que se investigan, ya que llegó al cargo en noviembre de 2008. Por tanto, alegó que desconocía cómo funcionaba el organismo público en esa etapa. Su única responsabilidad en las fechas objeto de la investigación fue firmar una orden de pago de 120.000 euros que fue avalada por la interventora y el entonces diputado provincial de Turismo, Sebastián Fernández.

Los administradores de las empresas adjudicatarias, el matrimonio formado por Mercedes Lasa y Javier Molinos, negaron por su parte cualquier irregularidad en la ejecución de los trabajos contratados. Ambos señalaron que se ajustaban a los pliegos de condiciones y que todo lo que hacían era supervisado por personal de la institución, concretamente dos técnicas sobre las que Compromís estudia su citación en la causa. Ambos se negaron a contestar a las preguntas de la acusación popular, ejercida por la coalición de izquierdas en la Diputación de Alicante. Los empresarios «competían» entre sí por la misma adjudicación y, entre las dos firmas radicadas en el País Vasco, llegaron prácticamente a monopolizar las contrataciones para los estands de Fitur que adjudicaban instituciones dirigidas por el PP en la provincia.

La pareja está encausada en otro procedimiento penal por la contratación de los expositores municipales para Fitur de Orihuela, unas diligencias en las que también está acusada la expresidenta comarcal del PP en la Vega Baja y exedil de Turismo oriolana, Pepa Ferrando. La causa está pendiente de la celebración del juicio oral.

Todas las adjudicaciones bajo sospecha se realizaron cuando la Diputación estaba gobernada por José Joaquín Ripoll, quien se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 16 años de cárcel y 44 de inhabilitación por distintos delitos derivados del caso Brugal, que investiga presuntas ilegalidades en la adjudicación del Plaz Zonal de Residuos para la Vega Baja. En esa época el responsable de Turismo era Sebastián Fernández. Fuentes de las distintas acusaciones no pudieron asegurar ayer que los dos cargos políticos con más responsabilidad en el momento vayan a ser citados en la causa.

El magistrado José Luis Lafuente investiga en este caso -plagado de similitudes con la rama relativa a Fitur del Gürtel de la Generalitat Valenciana- supuestos delitos contra la Administración Pública en el Patronato en los años 2007 y 2008 al considerar el fiscal que los hechos denunciados con anterioridad habrían prescrito. Sin embargo, es en 2005 y 2006 cuando se produjeron las adjudicaciones más altas. El Patronato pagó por el estand en 2005 un total de 406.000 euros; un precio que se infló en 2006 hasta los 700.000 euros. En 2007, en plena modificación de la ley de contratos, bajó a 522.000, para volver a elevarse en 2008.