La reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad, bloqueada en el Congreso desde que la aprobaran las Cortes en 2011, puede salir adelante esta semana, ya que hoy mismo se reúne la ponencia que debe informar de la propuesta de reforma y el jueves lo hará la Comisión Constitucional que la dictaminaría junto con la delegación designada por la cámara autonómica. Así consta en la comunicación del Congreso recibida la pasada semana por las Cortes, después de que en noviembre los grupos parlamentarios de PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos alcanzaran un acuerdo para aprobar en diciembre la reforma aunque, eso sí, con rebajas a la exigencia de más inversiones para la Comunidad.

El texto pactado por estas formaciones modula la cláusula sobre inversiones del Estado, impulsada en su momento por Francisco Camps, a la vez que evita que esta modificación tenga que ser aprobada en un referéndum. El objetivo es que la modificación de la norma fundamental de la Comunidad Valenciana se pueda elevar al pleno del Congreso el 20 de diciembre, pase al Senado y sea aprobada de forma definitiva antes de la disolución de las Cortes Valencianas a finales del próximo mes de marzo, antes de los comicios autonómicos de mayo de 2019. En su redacción original, la cláusula obligaba a que la inversión del Estado en la comunidad fuera equivalente al peso de su población, lo que suponía unos 500 millones más al año. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya ha dictado varias sentencias en las que deja sin efectividad cláusulas similares de otros estatutos bajo la premisa de que estas normas no pueden condicionar al Gobierno a la hora de aprobar los Presupuestos del Estado. Así que la redacción final habla de «participación» en las decisiones de Madrid.

Compromís, sin embargo, propondrá que el nivel de esas inversiones en la reforma del Estatuto de Autonomía «sea un mínimo y no un máximo», que la garantía de inversiones no tenga fecha de caducidad y que los valencianos participen en la decisión de dónde se invierte el dinero. Fran Ferri, síndic de Compromís y miembro de la comisión que acudirá a Madrid, apuntó que al plantearse modificaciones sobre el texto original, la coalición de izquierdas y valencianista denunciará la «injusticia» y defenderá que «los cambios sean para avanzar».