Hay que remontarse a la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en 1982 para entender el enorme calado político del histórico acto que hoy se celebrará en la Casa de las Brujas -sede institucional de la Generalitat en Alicante- con la puesta en marcha de la nueva conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Será el primer departamento del gobierno valenciano que se instalará en la provincia y que dirigirá la profesora Carolina Pascual Villalobos, ilicitana y hasta ahora decana del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones que se integra en el ejecutivo como independiente por la cuota del PSPV. Más allá del valor de la iniciativa política que ha tomado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la decisión marca un antes y un después en el proyecto del autogobierno valenciano. Por vez primera en casi cuatro décadas, una porción de poder real sale de la ciudad de València camino de Alicante, la provincia más grande de toda España que no tiene la capitalidad de un gobierno autonómico.
Decía que para entender la importancia del acto institucional convocado hoy para las doce del mediodía en Alicante hay que atender a los debates sin cerrar que dejó la aprobación del Estatuto de 1982: la equiparación con otras comunidades históricas para, entre otras cosas, el adelanto de elecciones, una prerrogativa solventada con posterioridad y ahora utilizada; las heridas abiertas sobre el debate identitario, que sobre todo a la derecha le ha venido bien continuar alimentando y que es necesario terminar de cerrar con un mensaje inclusivo, integrador y que acabe con el riesgo de una comunidad dual que viva de espaldas; y, finalmente, la falta de una estrategia de vertebración que encajara el territorio con una visión global de la Comunidad en la arquitectura institucional. Ocurre que esta tierra, especialmente cuando más se camina hacia las comarcas del sur, se quedó sin «coser». Únicamente se le echó un «pespunte» o, si lo prefieren se despachó con un «hilvanado» de esos que se rasga cuando aparece el primer problema.
Una de las cuestiones que quedó pendiente, precisamente, fue la del reparto del mando político de un gobierno autonómico que maneja más de 20.000 millones cada año y que gestiona los principales servicios públicos, la política social o el impulso de la actividad económica, por citar sólo algunas competencias. Y se quedó pendiente porque, simplemente, no hubo tal reparto. València, la tercera ciudad del Estado y la capital de esta Comunidad sin discusión, acumuló todo el poder: legislativo, ejecutivo y judicial. En aquel momento no se abrió ni tan siquiera el debate, por ejemplo, sobre la posibilidad de que con todo el Consell en València, el parlamento -ubicado en el Palau dels Borja- pudiera haberse instalado en un escenario emblemático de Alicante. El debate sobre la vertebración territorial de esta Comunidad ha sido argumento recurrente de casi todos los presidentes que han pasado por el Palau de la Generalitat. Pero ninguno, ni siquiera Eduardo Zaplana que, al margen de una gestión a día de hoy bajo sospecha por la corrupción y el beneficio personal, fue el que más empeño puso en resolver esa ecuación política, ha dado con la tecla de la solución. Y nadie hasta ahora se había planteado dar el paso de intentar cerrar ese círculo incompleto que abra otra etapa en la vertebración del autogobierno.
Ya hizo un intento inicial Puig durante la primera legislatura del Botànic cuando puso encima de la mesa que la Agencia Tributaria Valenciana -organismo que entró en funcionamiento al final del mandato- se instalara en Alicante con el ente tributario Suma, dependiente de la Diputación, como embrión de un servicio que traía hasta la provincia nada menos que la recaudación de los impuestos que están en manos de la Generalitat. La miopía política del presidente de la Diputación, César Sánchez, empeñado en mantener el pulso del PP contra la Generalitat como único argumento de su mandato, echó por tierra cualquier opción de un acuerdo entre ambas administraciones para convertir Alicante en la sede de la política tributaria autonómica aprovechando la excelencia en la gestión desplegada por Suma.
Ahora el jefe del Consell, en el inicio de este segundo mandato, toma la decisión directamente. Sin depender de nadie. Crea un departamento nuevo que le permita crear en Alicante la estructura de la conselleria para que la ciudad -la segunda de la Comunidad- pueda entrar también en la arquitectura del poder autonómico intentando dar respuesta -otra cosa es pensar que con esto se resuelve todo- a la necesidad de ir más allá de la vertebración territorial. Más allá de «coser» la Comunidad, hablamos de una integración real en el autogobierno. Y no es una conselleria cualquiera. Es un departamento transversal con incidencia en el campo del conocimiento y a la vez de la actividad económica, estratégico con el desarrollo tecnológico que tiene su gran exponente en el Distrito Digital y, además, la conselleria sobre la que Puig quiere edificar parte de su legado político en el Consell como un pilar de futuro que, además, acabe consolidando el relato del autogobierno.
