La consellera de Justicia y Administraciones Pública, Gabriela Bravo, ha heredado los principales proyectos para prevenir la corrupción impulsados la pasada legislatura por la Conselleria de Transparencia. Y ello como consecuencia de una decisión que tiene mucho más calado de lo que podía parecer en un principio: la adscripción de la Inspección General de Servicios al departamento de Justicia.
Este cuerpo especializado y cuya misión es velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos estuvo adscrito orgánicamente la pasada legislatura al departamento que dirigía Manuel Alcaraz, pero durante la negociación del Botànic II, los socialistas lo reclamaron y lograron asignarlo al área de Bravo.
Esta readscripción será clave en términos de poder para la consellera Bravo. La plantilla de inspectores e inspectoras apenas supera la docena, pero en sus manos está toda una serie de proyectos sensibles que la pasada legislatura fueron la piedra angular de la Conselleria de Transparencia.
De hecho, Alcaraz reforzó a este órgano con una nueva ley para regular y ampliar las funciones del cuerpo. La norma ya en vigor daba a la inspección estatus de autoridad y competencias sancionadoras y a sus tareas clásicas (velar por el adecuado funcionamiento de los servicios públicos), sumaba otras directamente relacionadas con la prevención de las malas prácticas.
Sistema de alertas
De esta manera, el cuerpo es el encargado de implantar el sistema de alertas tempranas contra la corrupción y las malas prácticas administrativas en la Generalitat y su sector público, conocido como Satán, un sistema pensado para interceptar irregularidades en la gestión, principalmente en el área de la contratación.
El personal inspector, además, tiene asignada la misión de comprobar las denuncias anónimas de la ciudadanía una vez se ponga en marcha el buzón confidencial que Alcaraz dejó ultimado y que supondrá una nueva herramienta para denunciar posibles corruptelas.
Por otro lado, la consellera Bravo heredará también todas las políticas que tengan que ver con la mejora de la calidad de los servicios públicos y la evaluación de los planes y programas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, un área que también recaía en el antiguo departamento de Alcaraz, pero que compete a la Inspección de Servicios y, por lo tanto, a Bravo.
