Los 1.650 afiliados de Vox en la provincia de Alicante, que están al corriente de pago y, por tanto, forman parte del censo de militantes aprobado por la dirección nacional del partido, tienen hasta el próximo jueves, día 24, a las 18.00 horas para emitir su voto de forma telemática y elegir al que quieren que sea su presidente provincial. Si han preferido votar por correo postal, sistema permitido para estas elecciones primarias, los sobres certificados deben llegar al notario ese mismo día como máximo. En cualquiera de los dos casos, cuando se anuncie el recuento de los votos -con un resultado que no será oficial hasta el día 4 de octubre-, se sabrá el resultado de proceso de votaciones internas que se han desarrollado con acusaciones cruzadas entre candidatos, sanciones del comité organizador a uno de los candidatos, bajas de militantes y la impugnación de todo el proceso electoral.
Al tramo final de las primarias han llegado dos candidatos, Ana Vega y Rafael Ramos. Los dos pasaron el corte de los 165 avales necesarios, la primera con unos 300 apoyos y el segundo con 170 (la dirección le anulo a ambos unos 40 avales). Vega es la síndica de Vox en las Cortes y presidenta de la gestora que ha dirigido el partido en la provincia desde marzo de 2019. Ramos es un abogado -sin cargo político- que cuenta como vicepresidente en su candidatura con el diputado en el Congreso, Manuel Mestre. El tercero en discordia, el procurador ilicitano Pascual Moxica, no pasó el corte e impugnó, no solo la lista de Ana Vega por una posible infracción referente a la neutralidad de los cargos orgánicos, sino todo el proceso electoral a nivel nacional. Su protesta se ha unido a otras siete candidaturas que han presentado un recurso conjunto en el que denuncian múltiples irregularidades en las elecciones primarias en las provincias de Barcelona, Murcia, Granada, Toledo, Sevilla, Alicante y Valencia. Ademas, un “descontento” Moxica se dio de baja del partido ultra, dejando previamente una frase al saber que no había alcanzado el numero mínimo de avales: “O la provincia no me quiere o Madrid no me deja”.
A partir del momento en el que el comité electoral aceptó las dos candidaturas (Alicante es una de las escasas provincias de las 19 convocadas en un principio donde no se ha impuesto, “de facto”, el candidato oficialista del partido), comenzaron a incendiarse las redes sociales, con partidarios de ambas listas. De algún modo, estas elecciones primarias -esperadas y deseadas por un sector del partido- llegaban después de innumerables denuncias de irregularidades en la organización y las finanzas de la formación por numerosos municipios alicantinos. Pero al mismo tiempo que estas primarias servían para poner en juego la dirección a nivel provincial, se demostraba el control que ejercer la gestora sobre las diferentes agrupaciones y comarcas.
El momento crítico de la campaña llegó el pasado domingo, con el acto que organizó Rafael Ramos en un establecimiento de Elche. El acto se celebró con la autorización de la dirección del partido, aunque inicialmente, desde la cúpula de la formación que dirige Santiago Abascal, se negó este extremo. Pero a raíz de la denuncia de un militante que, aparentemente, apoya a Ana Vega (y a que acusan de pasearse por el recinto sin mascarilla), el comité electoral decide suspender la campaña de Ramos al “no observar las medidas de protección impuestas por la covid”. En unas fotos que se filtraron a algún medio y se movieron por redes sociales, se veía a asistentes sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad.
Estado de excepción interno
En todo caso, la suspensión no afectó solo a la campaña de Rafael Ramos. A partir de este acto, el comité electoral de Vox ordenó la suspensión de todas las reuniones presenciales que surjan en esta campaña. Quienes desobedezcan esta orden, advirtió el comité, sería expulsados del proceso electoral interno. De algún modo, Vox decretó un estado de excepción interno “a la búlgara” y prohibió a sus afiliados reunirse, incluso telemáticamente, sin autorización previa. Una suspensión de este derecho fundamental llegó en pleno proceso y en medio de una creciente contestación interna, mientras se multiplican las denuncias de presuntas irregularidades.
Desde el equipo de Rafael Ramos se asegura que se cumplieron todas las medidas previstas -aforo limitado, uso de termómetros a la entrada, separación entre asistentes-, y que solo se quitaron la mascarilla “cuando la gente estaba comiendo”, que fue cuando se hicieron las “fotos sesgadas y malintencionadas”. Un día después de presentar un recurso para que el comité electoral les levante el veto (tras haber suspendido entrevistas en medios en los últimos días de la campaña), a Rafael Ramos le llegó a las seis de la tarde del martes 22 la confirmación del comité electoral de que aceptaba su recurso y le levantaba el veto... seis horas antes de que acabe el plazo para pedir el voto. Y además, lo hace con una condición. En ese tiempo, solo podrá mantener un contacto online a través de un chat que el partido debe autorizar y supervisar, un tramite que un par de horas después de solicitarlo, todavía no había obtenido respuesta. Según fuentes del equipo de Ramos, “nos dan la razón, pero no hay forma de activar ese sistema”, lamentaban.
Con todos esto contratiempos, la campaña acaba en la medianoche del día 22 y los votos se podrán emitir hasta el día 24. De nuevo, la polémica acompaña a Vox. A sus primeras elecciones primarias no le han faltado polémicas y episodios controvertidos.
