Carlos Mazón está ejecutando una maniobra que tenía meditada desde hace meses. Exactamente, desde que el Consell anunció el anteproyecto de ley del Fondo de Cooperación Municipal para obligar a la Diputación de Alicante a sumarse a este reparto de inversiones a los municipios. La complicada relación que mantiene con Ximo Puig es habitual en sus contactos institucionales. Pero ahora el presidente de la Diputación ha dado un paso más en su empeño por demostrar su capacidad de negociación con todos los consellers y evidenciar las facilidades que encuentra con el resto de áreas para llegar a acuerdos frente a la lentitud de los procedimientos vinculados a la Presidencia de la Generalitat. Carlos Mazón se ha sumado ahora a un nuevo fondo de colaboración institucional con la Conselleria de Transparencia con un partida de 100.000 euros incluida en el presupuesto ordinario que se aprobará el próximo día 30 de diciembre en el pleno y que se presentará públicamente hoy en el Palacio Provincial por parte de los diputados Eduardo Dolón (PP) y Javier Gutiérrez (Ciudadanos).
Mientras el dirigente provincial mantiene su negativa al Fondo de Cooperación de Ximo Puig, acepta los términos de las propuestas que proceden del resto de departamentos. Del ejemplo se desprende la evidencia. En los últimos cuatro meses, la Diputación de Alicante ha encontrado la vía para constituir una comisión técnica con la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, para arrancar el proceso de devolución de competencias sociales a la Generalitat, mientras la comisión bilateral prometida por Ximo Puig para establecer un cauce de diálogo entre ambas administraciones sigue estancada.
«Así sí», dijo ayer Mazón a este medio, poniendo como ejemplo la voluntad de Mónica Oltra, Francesc Colomer o Rosa Pérez por agilizar los convenios bilaterales con un marco estable. Además de lograr un acuerdo con la líder de Compromís para avanzar en la reordenación de las políticas sociales que desarrollan ambas instituciones, también ha sellado una alianza con Turismo, a la que ahora se suma el nuevo fondo de Transparencia que gestiona Rosa Pérez. «Vamos a firmar el convenio porque no hay una ley que nos obligue a participar en él», dijo ayer Mazón, dejando claro su rechazo a los criterios que defiende Puig en su reparto de inversiones a los municipios. El dirigente provincial añadió que «se ha impulsado y redactado desde el diálogo y la cooperación entre instituciones. La Conselleria de Transparencia reconoce que las diputaciones son las instituciones más adecuadas y ágiles para llegar a los municipios», para terminar asegurando que «ojalá toda la Generalitat entendiera que el diálogo está por encima de las imposiciones».
Carlos Mazón visitará hoy el Palau de la Generalitat para firmar este convenio ante la presencia del jefe del Consell, Ximo Puig. Además de la consellera del área, también acudirán los presidentes de las diputaciones de València y Castellón y el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro. Los dirigentes formalizarán este nuevo fondo para garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, promover la reutilización de datos y trabajar por la participación ciudadana. En definitiva, se trata de establecer un marco para crear un espacio de colaboración con el ámbito local que permita establecer criterios comunes y compartir información para lograr instituciones más participativas y lograr el cumplimiento de las obligaciones legales de Transparencia en todos los gobiernos locales de la Comunidad, especialmente en los que tienen menos población.
Una acción totalmente distinta en València
Los dos principales grupos de la oposición en la Diputación de València, PP y Cs, coincidieron ayer en reclamar que la institución provincial incremente en 20 millones su aportación de 2021 al Fondo de Cooperación Municipal, la herramienta promovida por la Generalitat para reforzar la financiación de los ayuntamientos. La propuesta, que ambas formaciones pusieron encima de la mesa en la Comisión de Hacienda, contrasta con la posición contraria a la adhesión al citado instrumento que ha adoptado la Diputación de Alicante, bajo el gobierno encabezado por el popular Carlos Mazón, con el apoyo de Ciudadanos.
