El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, señaló ayer que tanto el puerto de Alicante como el antiguo campo de concentración de Albatera reúnen los requisitos para ser reconocidos como lugares de memoria, una figura que contempla la nueva ley que prepara el Gobierno central para dignificar y hacer justicia a las víctimas del franquismo. Fue con motivo de una ponencia enmarcada en la programación del Foro Alicante, organizado por el Club INFORMACIÓN, la Universidad de Alicante (UA), la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) y Baleària, evento que aprovechó para detallar los contenidos de este nueva propuesta legislativa.
La intervención de Martínez tuvo lugar en el transcurso de un desayuno celebrado en el restaurante Maestral de Alicante, cita a la que acudieron alcaldes como los de Alcoy, Monóvar, Elda y San Vicente, representantes de la Universidad de Alicante y diputados y representantes de asociaciones, cumpliendo con todas las normas preventivas del covid. El acto también se pudo seguir de forma telemática.
El director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot, actuó como moderador, mientras que la subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, se encargó de presentar a Fernando Martínez, quien es licenciado y doctor por la Universidad de Granada, además de catedrático de Historia Contemporánea por la Universidad de Almería, habiendo centrado todas sus investigaciones en temas relacionados con la memoria histórica. Fue coordinador del mapa de fosas de Andalucía, y entre sus trabajos cobran especial relevancia los relativos a la represión franquista a la masonería andaluza y al exilio republicano. También fue alcalde de Almería, director general de Memoria Histórica y senador por el PSOE, antes de asumir el secretariado actual, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
Martínez expuso las líneas maestras de la nueva Ley de Memoria Democrática, próxima a entrar en el trámite parlamentario. Según dijo, este nuevo marco normativo «se vertebra alrededor de los grandes principios humanitarios de verdad, justicia, reparación y deber de memoria como garantías de no repetición», y su objetivo es la «recuperación, salvaguarda, conocimiento y difusión de la memoria democrática, con el fin de fomentar la cohesión y la solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales».
El secretario de Estado destacó que la ley, además, «hace efectivo el ejercicio del derecho individual y colectivo de la ciudadanía española a conocer los hechos acaecidos en la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España», al tiempo que «reafirma el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la dictadura». También, añadió, «contempla medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión alrededor de los valores, principios y derechos constitucionales».
Martínez realizó un preámbulo para señalar que en la Guerra Civil hubo víctimas tanto entre los vencedores como entre los vencidos, pero que mientras los vencedores fueron reparados por el régimen franquista, «los vencidos fueron invisibilizados y criminalizados a través de un nacionalcatolicismo que construyó una memoria oficial maniquea que no olvidaba a los caídos por Dios y por España y estigmatizaba al resto».
Con la llegada de la Transición las cosas mejoraron, pero no de forma suficiente. «Hubo acciones de carácter espontáneo -señala- sobre todo por parte de ayuntamientos, como los cambios de nombres de calles en Alicante o Almería, o también exhumaciones, pero sin ningún tipo de rigor científico. También hubo reparaciones de carácter económico más importantes de lo que se cree, con 608.000 beneficiarios y ayudas de más de 16.000 millones de euros. Pero la verdad es que no hubo políticas públicas completas de memoria democrática, y lo que se estaba haciendo fue paralizándose por temor a lo que pudiese hacer el Ejército».
Pero las cosas empezaron a cambiar a principios de los 90 con el revisionismo histórico, «y después con una nueva generación formada por los nietos de las víctimas, que querían saber qué pasó con sus abuelos». En el año 2000 se retomaron la exhumaciones ya con rigor científico, y en 2007, gobernando Zapatero, cristalizaba la primera Ley de Memoria Histórica, lo que según Martínez, «supuso impulsar por primera vez políticas públicas en esta materia, crear una oficina de víctimas, poner en marcha investigaciones y elaborar un mapa de fosas».
Sin embargo, el desarrollo de esta legislación, lamentó Martínez, «se vio interrumpida con la llegada del PP al Gobierno. Todos recordamos las declaraciones de Rajoy afirmando que no retiraba la ley, pero que la dejaba sin ningún presupuesto. Al menos, ahí surgió el papel de las comunidades autónomas, concretamente doce, entre las que figuraban la Comunidad Valenciana y Andalucía, que plantearon sus propias leyes para suplir en parte la inacción del Gobierno».
Llegados a este punto, la pregunta es por qué teniendo la ley de 2007, se pone en marcha ahora otra nueva. Según el secretario de Estado, el motivo no es otro que la existencia de algunas deficiencias que impedían alcanzar los objetivos propuestos.
Así, la nueva Ley de Memoria Democrática avanza y profundiza en los temas que ya trataba la anterior, mejorando sensiblemente aspectos fundamentales como son el marco de actuación, que ahora se hace coincidir con la lucha por los valores democráticos desde la Constitución de 1812, se enmarca en la política internacional de derechos humanos, y se crea un banco nacional de ADN y un censo nacional de víctimas.
El Estado también asume la responsabilidad de las exhumaciones con un plan cuatrienal, se establece un régimen sancionador y se constituye una fiscalía de sala. De igual forma, está prevista la realización de una auditoría e inventario de los bienes encautados, y se anulan las sentencias de los tribunales de excepción franquistas, entre otras aportaciones.
La ley, asimismo, presta especial atención al recuerdo de las víctimas, y contempla la declaración como lugares de memoria de aquellos espacios que tuvieron una especial trascendencia histórica. Martínez, en este sentido, señala que tanto el puerto de Alicante como el antiguo campo de concentración de Albatera reúnen todos los requisitos. En el caso del puerto, porque fue el escenario el 28 de marzo de 1939 de la evacuación de 2.600 refugiados republicanos, acosados por las tropas franquistas, que llegaron hasta Argelia a bordo del buque británico Stanbrook. El campo de concentración de Albatera, por su parte, fue uno de los más duros de España, y acogió a miles de prisioneros en unas condiciones infrahumanas.
Martínez justificó la nueva ley en el deber del Gobierno de otorgar dignidad «a todos los que lucharon por la libertad y la democracia. No podemos olvidar, porque el olvido es incompatible con un sistema democrático».
