El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha presentado hoy la nueva ley que en esta materia se encuentra ultimando el Gobierno central, y que entre otras cuestiones, busca dignificar a las víctimas franquistas. Hay sido en una nueva edición del Foro Alicante, organizado por el Club INFORMACIÓN, la Universidad de Alicante (UA), la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y Baleària. El acto ha tenido lugar en el restaurante Maestral y ha sido presentado por la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, y moderado por el director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot. Han asistido representantes universitarios y políticos, entre los que se encontraban los alcaldes de Alcoy y Monóvar, así como diferentes diputados.
Martínez ha expuesto las líneas maestras de la nueva Ley de Memoria Democrática, próxima a entrar en el trámite parlamentario. Según afirma, este nuevo marco normativo «se vertebra alrededor de los grandes principios humanitarios de verdad, justicia, reparación y deber de memoria como garantías de no repetición», y su objetivo es la «recuperación, salvaguarda, conocimiento y difusión de la memoria democrática, con el fin de fomentar la cohesión y la solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales».
El secretario de Estado ha destacado que la ley, además, «hace efectivo el ejercicio del derecho individual y colectivo de la ciudadanía española a conocer los hechos acaecidos en la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España», al tiempo que «reafirma el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la dictadura». También, añade, «contempla medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión alrededor de los valores, principios y derechos constitucionales».
Martínez ha asegurado que la ley avanza y profundiza en los temas de la ley de memoria histórica y mejora sensiblemente a aquella en aspectos fundamentales como son el marco de actuación, que ahora se hace coincidir con la lucha por los valores democráticos desde la Constitución de 1812, se enmarca en la política internacional de derechos humanos, se crea un Banco Nacional de ADN y un censo nacional de víctimas, el Estado asume la responsabilidad de las exhumaciones con un plan cuatrienal, se establece un régimen sancionador y se crea una Fiscalía de sala, así como una auditoría e inventario de los bienes encautados, o la nulidad de las sentencias de los tribunales de excepción franquistas, entre otras muchas aportaciones.
