La negociación para modificar las reglas de juego de cara a las próximas elecciones autonómicas, previstas en teoría para 2023, encara una semana clave. El próximo viernes se cumple el plazo para la presentación de enmiendas a la iniciativa legislativa del Botànic. La izquierda valenciana acordó una prórroga de un mes para que los grupos parlamentarios pudieran registrar sus propuestas y el calendario entra ahora en su recta final. Esa estrategia, la de alargar el periodo previsto en el reglamento parlamentario, fue trazada con el foco puesto exclusivamente en Cs. El partido liberal es, sin duda, el actor clave en este punto de la agenda reformista de los socios de Gobierno. Los de Arrimadas son la única opción de PSPV, Compromís y Unides Podem para conseguir rebajar el listón electoral del 5% al 3%, el principal cambio de calado de la nueva Ley Electoral Valenciana. Ese factor podría ser determinante en la configuración de las Cortes la próxima legislatura, con derivadas a izquierda y derecha del tablero político. Aunque la dirección regional se opone en principio a cualquier cambio, en determinados sectores del partido reconocen que su supervivencia en la Cámara podría depender, precisamente, de la actualización de la norma.
Los 14 diputados de Cs en las Cortes son, exactamente, los que precisa la coalición de izquierdas para sacar adelante la reforma legal, que requiere de una mayoría cualificada, 66 votos, que son los que suman los botánicos con los del grupo que lidera la síndica Ruth Merino, que ha perdido cuatro sillones por el transfuguismo. La convulsa etapa que ha atravesado la filial valenciana de Cs, con el portazo del líder orgánico e institucional, Toni Cantó, para dar el salto al PP, ha dejado a la formación descabezada casi tres meses. Esta semana, Arrimadas ha aterrizado en la Comunidad para ungir la nueva andadura, con la diputada nacional María Muñoz como coordinadora regional. Eso era exactamente lo que estaba esperando el Botànic, que no tuvo otra opción que dar oxígeno a la reconfiguración de los naranja para comprobar si la nueva dirección tiende puentes hacia el ansiado pacto. El primer paso es que presenten enmiendas para después debatir.
La petición inicial de Ciudadanos, que quería ajustar la proporcionalidad de voto en toda la Comunidad, obligaría a modificar el Estatuto de Autonomía puesto que Castellón quedaría con 18 diputados, dos menos de los contemplados por la norma de autogobierno. La polarización que se vive en el hemiciclo hace imposible abrir ese melón, aunque el tripartito está dispuesto a restar dos diputados a la citada provincia para darle uno a Alicante y otro a Valencia.
La debacle electoral de Madrid, que cuenta con una barrera de entrada a la asamblea tan dura como la de la Comunidad, del 5%, motivó que en esa plaza pasaran de estar en el Gobierno a ni siquiera tener voz en la oposición. Un durísimo varapalo que obliga a la formación a calibrar su decisión sobre la reforma electoral en territorio valenciano, teniendo en cuenta, además, que si algún otro de sus diputados se une al club de los desertores será imposible cambiar la normativa. Tampoco pierden de vista que desde sus filas hay quien mira de reojo a la formación de Pablo Casado y su política de posibles fichajes en busca de supervivencia.
En el PPCV no quieren ni oír hablar de la posibilidad de aprobar cambios en dicha ley, conscientes de que Cs se encuentra en caída libre y eso es algo que, confían, apuntalará su remontada en las próximas elecciones, una postura compartida por Vox. Al partido mayoritario del Botànic, el PSPV, no le afectaría a su representación como partido. No obstante, fuentes del socialismo valenciano reconocen que es probable que pueda complicar la reedición del pacto botànico si Unides Podem, cuyas siglas cotizan a la baja, pierde apoyos y se queda fuera, como en Galicia, lo que, a su vez, podría alejarles del Gobierno. Si bien es cierto que en Madrid mejoró sus resultados el 4-M, sumando tres diputados, el éxito fue muy relativo si se tiene en cuenta que el cartel lo encabezaba Pablo Iglesias.
Voto preferencial e incompatibilidad de cargos
La propuesta legislativa del Botànic para reformar la Ley Electoral Valenciana incluye introducir el voto preferencial sin llegar a ser listas abiertas. Se trata de la posibilidad opcional que tienen los electores de indicar en la misma papeleta de votación, y entre las personas que figuren en la candidatura, un máximo de tres de estas, manifestando así su preferencia con independencia del puesto que ocupen en la lista; de forma que, si un candidato obtiene por este procedimiento un determinado porcentaje de votos (a partir del 10%), puede ascender en las posiciones de su candidatura, siempre entre candidatos de su mismo sexo. De esa forma, son los electores los que los sitúan en una determinada posición, no el partido. También se incluye la incompatibilidad de ocupar cargos locales y ser diputado, es decir, de compatibilizar el papel en un Ayuntamiento y en las Cortes. Se trata de una novedad que dejaría al margen del escaño a numerosos diputados que son regidores en la actualidad. Es muy común que alcaldes y concejales que han obtenido buenos resultados en sus municipios se integren en las listas electorales de los diferentes partidos que concurren a los comicios.
