La Generalitat ha dado luz verde a la constitución de la Comisión de Estudio para la Acreditación de la Competencia Lingüística en la Función Pública Valenciana. El grupo de trabajo se encargará de proponer los criterios generales que servirán de base para regular qué niveles de valenciano serán necesarios para participar en los procesos de selección del funcionariado. La consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo, garantiza que los criterios para la elaboración del reglamento que normativizará esta cuestión serán «razonables y proporcionales en la línea que ha marcado el Tribunal Constitucional».
La aplicación del requisito lingüístico para el acceso y la promoción en cualquier puesto público en la Comunidad ha sido motivo de enfrentamiento entre el departamento que lidera Bravo y la Conselleria de Educación, encabezada por Vicent Marzà. La diferencia de criterios entre consellers motivó que, durante años, la Ley de Función Pública Valenciana permaneciera bloqueada. Fue en febrero cuando acordaron una tregua para desatascar la aprobación. El acuerdo consistió en aplazar durante un año la aplicación automática del conocimiento del valenciano y conformar un grupo de expertos para definir qué nivel lingüístico se establece para cada puesto. Fue ayer cuando se dio el primer paso para definir los nuevos criterios con la celebración de una primera reunión. La comisión ha sido impulsado por la conselleria que dirige Bravo, ligada al PSPV, pero el dictamen final deberá ser aprobado por la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, competencia de Marzà.
La responsable de Administración Pública consideró ayer que la constitución de la citada comisión supone «un día importante porque teníamos una deuda histórica pendiente, ya que éramos la única comunidad autónoma con dos lenguas que no tenía incorporada a la ley la exigencia de capacitación lingüística».
La aprobación de la ley que contempla que el valenciano sea una obligación en lugar de un mérito en los procesos de selección de personal desató una fuerte polémica en las Cortes, con el voto en contra del bloque de derechas en uno de los debates más agrios del último año. En ese sentido, Bravo aseguró ayer que no quieren que el valenciano «se convierta en un elemento de confrontación, que es en lo que lo ha convertido la oposición» cometiendo, a su juicio, «una grave irresponsabilidad». Para la consellera, «el valenciano es una seña de identidad y una riqueza cultural que tenemos la obligación de fomentar sin provocar ningún tipo de discriminación».
