La Conselleria de Sanidad asumirá de forma directa la gestión del departamento de Salud de Torrevieja, sin una empresa pública de por medio. Lo hará desde el 15 de octubre, cuando expira el contrato con la concesionaria, Ribera Salud, y aplicará el modelo Alzira, integrando a los 1.400 trabajadores con la figura de personal laboral a extinguir. El PSPV, que controla este área de gobierno a través de Ana Barceló, se ha visto forzado a claudicar, a renunciar a la opción de una mercantil sanitaria para pilotar la reversión, tras haber sido acorralado por sus socios. Compromís y Unides Podem han potenciado en los últimos días su ofensiva contra la hoja de ruta apuntalada por el presidente, Ximo Puig. La escalada de tensión llegó al punto álgido cuando la vicepresidenta y líder de los valencianistas, Mónica Oltra, tomó la delantera a Barceló, se reunió con los sindicatos y apoyó su posicionamiento en contra del proyecto de los socialistas, lo que desató un pavoroso incendio en el Palau.
ANA BARCELÓ, CONSELLERA DE SANIDAD: «La concesionaria no ha facilitado toda la información solicitada. Está obstaculizando»
JOSÉ JUAN ZAPLANA, PORTAVOZ DE SANIDAD DEL PPCV: «Puig debe cesar a Barceló tras el gran ridículo con la fracasada empresa pública para Torrevieja»
La apresurada visita que protagonizó ayer Barceló a Torrevieja evidencia el golpe de efecto del jefe del Consell para tratar de sofocar las llamas en la coalición de izquierdas. La decisión se tomó en un momento en el que los síndics del Botànic en las Cortes seguían a la gresca, inmiscuidos en un grueso cruce de acusaciones que no hacían más que intensificar el ruido en torno a las desavenencias sobre cómo desmontar la herencia de concesiones sanitarias del zaplanismo. En ese contexto, el miércoles, a las 20 horas, la conselleria convocó a los representantes del comité de empresa del Hospital de Torrevieja para mantener una reunión a primera hora de la mañana siguiente, es decir, ayer, en plena festividad de San Juan, lo que desató críticas entre los representantes de los trabajadores. Y fue así como la titular de Sanidad pronunció las palabras que los socios del Consell esperaban: «La empresa pública ha quedado descartada. Todo el personal pasará a la conselleria».
CARLES ESTEVE, PORTAVOZ DE SANIDAD DE COMPROMÍS: «Se tenía que revertir a una gestión pública directa y así lo haremos»
PILAR LIMA, SÍNDICA DE UNIDES-PODEM: «Seguiremos vigilantes hasta que Sanidad retire el decreto de la empresa pública»
Barceló reflejó en sus declaraciones que en su partido no están del todo cómodos con la opción de la gestión directa y, sobre todo, con la integración del personal en la plantilla de la Generalitat. «Pensamos que el acceso a la función pública tiene que ser por criterio de igualdad, mérito y capacidad», subrayó la consellera. En esas, destacó que la opción de la empresa pública facilitaría la convivencia entre el personal estatutario y los laborales, es decir, los que acceden mediante oposiciones y los que han sido contratados directamente por la empresa que ha gestionado el departamento de Torrevieja los últimos 15 años. Ese es, precisamente, uno de los principales motivos de conflicto en el Hospital de Alzira, el primero que se revirtió en 2018, y todo apunta a que se repetirá en Torrevieja, donde el comité de empresa ya ha advertido que su convenio colectivo finaliza el 15 de diciembre y no están dispuestos a perder ningún derecho con su paso a la conselleria. También preocupa el recurso presentado por Ribera Salud ante el Tribunal Supremo, que determinará si la reversión de Alzira se hizo ajustada a la legalidad, lo que podría tener repercusiones en Torrevieja. No obstante, lo que impacienta en estos momentos a la conselleria es la «obstaculización» que, según volvió a denunciar Barceló, están sufriendo por parte de la concesionaria, porque no está remitiendo a Sanidad toda la documentación requerida para la reversión a pesar de que, según recalcó la consellera, así se lo ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia.
RUTH MERINO, SÍNDICA DE CIUDADANOS: «Al menos se ha escuchado a la plantilla. La reversión ahora es un error, el servicio es bueno»
ANA VEGA, SÍNDICA DE VOX: «Estamos en contra de la reversión. Solo va a causar un mayor deterioro de los servicios»
Por lo pronto, desde Sanidad no descartan seguir adelante con el proyecto de la empresa pública para asumir la gestión de las resonancias magnéticas y el servicio de farmacia en residencias sociosanitarias, pero eso solo será posible si Compromís y Unides Podem lo permiten. Ambas formaciones han bloqueado durante cuatro semanas la aprobación del decreto para gestar la polémica mercantil. Los morados ya han alertado de que se oponen a esa posibilidad, mientras los de Oltra, al menos hasta ahora, no se han cerrado en banda a ese extremo.
Lo que sí está claro es que la fórmula adoptada en Torrevieja, la de la gestión directa, podría tener una especial trascendencia si se tiene en cuenta que en el calendario de próximas finalizaciones de concesiones sanitarias se encuentran las de Dénia, Manises y el Vinalopó. De su resultado dependerán, probablemente, las futuras decisiones de la izquierda en materia de reversiones, mientras la derecha sigue defendiendo el modelo de gestión indirecta.
