La unidad de la que venía haciendo alarde en los últimos meses la coalición progresista que gobierna la Comunidad, su meditado esfuerzo por proyectar una imagen de estabilidad frente a un clima político de confrontación generalizado, se ha acabado resquebrajando, precisamente, a cuenta de uno de los principios básicos que une las costuras del Botànic, como es el pacto por la gestión directa de la sanidad pública valenciana.
Las hostilidades han aflorado al tablero autonómico tras meses de aparente calma, de lealtades oportunamente calculadas en el marco de un escenario favorable, ese que ha posicionado a la región como un referente de la gestión de la pandemia y, a su vez, como faro de la izquierda en la España descentralizada. Ahora, la tempestad se ha desatado por las discrepancias sobre cómo gestionar una herencia del zaplanismo, la del sistema de concesiones sanitarias. La fórmula propuesta por el PSPV de crear una empresa pública que asuma los servicios que retornarán a la cartera de la Conselleria de Sanidad ha sido el detonante de los desencuentros con Compromís y Unides Podem; diferencias y cruces de acusaciones que la oposición trata de rentabilizar para desgastar al tripartito. La solución que finalmente se adopte podría ser trascendental. Será la hoja de ruta que marcará el rumbo de las próximas reversiones en la Comunidad, concentradas gran parte en la provincia y siendo la más inminente la del departamento de salud de Torrevieja, programada el próximo 15 de octubre. De momento, la polémica se puede resumir en diez claves.
DECRETO
Una sociedad pública para cualquier reversión sanitaria
El proyecto de decreto ley rubricado por Ana Barceló para crear la empresa pública de salud establece que la mercantil tendrá personalidad jurídica de naturaleza privada. Su objeto es «la prestación y gestión directa de servicios sanitarios públicos procedentes de otras entidades públicas o privadas que se incorporen por reversión al ámbito sanitario de gestión de la Generalitat, así como por transferencia o por sucesión de empresas». El documento especifica que la plantilla que se subrogue mantendrá su condición de personal y no adquirirá la condición de empleado público.
RESONANCIAS Y FARMACIA
Argumento del PSPV que genera desconfianza entre sus socios
El preámbulo del decreto ley redactado en Sanidad destaca la situación de dos servicios específicos. Por un lado, el de la prestación farmacéutica a las personas usuarias de los centros sociosanitarios de la Comunidad. Se trata de una asistencia que se encontraba privatizada mediante un contrato que expiró, pero la Generalitat no ha resuelto la situación de asumir su gestión directa y subrogar a la plantilla. El escenario es idéntico en el servicio de resonancias magnéticas, cuyo contrato finalizó en 2018, pero sigue siendo prestado por la mercantil que se lo adjudicó por un plazo de 10 años. La memoria económica del decreto estima que la empresa de salud pública precisará de un presupuesto de 25 millones de euros y su funcionamiento generará un ahorro de más de 30 millones. Esa es una de las líneas argumentales del PSPV para presionar a favor de la creación de esta sociedad, que nacería en principio para asumir la gestión de esos dos servicios. Sin embargo, la redacción del objeto de la empresa es tan genérico, tan amplio e indeterminado que Compromís y Unides Podem desconfían de las intenciones de los socialistas. Creen que pretenden sentar las bases para poder utilizar esta firma para dirigir futuras reversiones de departamentos de salud al completo, el primero el de Torrevieja.
EPICENTRO DE PRIVATIZACIÓN
Torrevieja, Dénia y Vinalopó, en la recta final de las concesiones
El grueso de los departamentos de salud que prestan sus servicios a través de empresas privadas en la Comunidad se encuentra en la provincia. En Torrevieja el contrato expira dentro de poco más de cuatro meses. Los próximos en el calendario serán los de Dénia, Manises (Valencia) y el Vinalopó. En total, más de medio millón de alicantinos están adscritos a áreas de salud gestionadas por empresas privadas, principalmente Ribera Salud, DKV y Sanitas.
POLÉMICO PROCESO
Sanidad marca su hoja de ruta y dispara la tensión
Dos meses han transcurrido desde que Sanidad firmó la resolución inicial para impulsar la creación de esta empresa pública de salud y hasta que Barceló ha rubricado el decreto definitivo. Desde la publicación del borrador inicial de la Conselleria, tanto Unides Podem como Compromís presentaron alegaciones. Los de Pilar Lima solicitaron un cambio de base. Propusieron crear una entidad pública del estilo de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl. Con ello, dejaría de regirse por el Derecho Mercantil y lo haría por el Derecho Público. Los morados se niegan a emplear un ente de estas características para los servicios de farmacia sociosanitaria o resonancias, y menos todavía para departamentos de salud. Proponen que asuma servicios de mantenimiento, transporte sanitario, limpieza o restauración. Los valencianistas, por su parte, solicitaron modificar el objeto y fines de la sociedad, acotándolo a la farmacia sociosanitaria y las resonancias. Con ello, se cerraría la puerta a gestionar departamentos de salud con esa firma.
BRECHA EN EL BOTÀNIC
La gestión del proceso enfrenta a los socios de izquierdas
Los de Unides Podem fueron los primeros en manifestarse, en marcar perfil político propio. Advirtieron que no apoyarían el proyecto del PSPV de crear la polémica empresa pública y lanzaron un órdago a Ximo Puig: amenazaron con tumbar el decreto si no se seguía el modelo Alzira, el que entendían que había sido pactado en el Botànic. Compromís mostró en principio cierta indefinición. Alegó que primero había que escuchar a los trabajadores y sindicatos, pero, finalmente, acabó sumándose a ese misma tesis. Los valencianistas no se cierran a negociar, pero consideran que la reversión en el Hospital de Alzira es la única que se ha ejecutado hasta el momento y, por tanto, se conocen sus luces y sus sombras. Apuestan por mejorar esa fórmula para repetirla, por lo pronto, en Torrevieja.
La maniobra de Sanidad esta semana para elevar al pleno del Consell la aprobación de su decreto ha sido el génesis de la guerra a tres bandas por falta de consenso. El PSPV pretendió seguir hacia adelante sin siquiera resolver las alegaciones de sus socios, que han terminado por pararle los pies.
Los socialistas apuntalan su estrategia apelando a la eficiencia de la empresa pública, como esta misma semana subrayaba el presidente de la Generalitat, y evidenciando su oposición a acercar a los trabajadores de las reversiones a la condición de empleados públicos. Tras el fuego cruzado en forma de declaraciones gruesas, el jefe del Consell se ha visto obligado a frenar el proyecto. Tendrá que negociarlo y la ronda de reuniones para ello ya se ha puesto en marcha. Su intención es poder llevar este asunto a pleno en pocas semanas, tras verse forzado retirarlo del orden del día del pasado viernes. Puig asegura estar dispuesto a debatir, a escuchar alternativas, pero ha elevado la presión contra sus socios advirtiendo que hay que tomar decisiones.
MODELO ALZIRA
El primer proceso impulsado por los botánicos
En abril de 2018, la Conselleria de Sanidad asumió las riendas del departamento de salud de La Ribera, en manos de Ribera Salud, liquidando así la primera concesión sanitaria privada en territorio valenciano por voluntad del Botànic. La plantilla se integró en Sanidad bajo la fórmula de personal laboral a extinguir y todavía existen fricciones por las diferencias entre sus condiciones laborales y las que disfruta el personal estatutario. En estos momentos se negocia un nuevo convenio colectivo.
ALAS A LA OPOSICIÓN
El enfrentamiento cohesiona el discurso de la derecha
El PPCV, Ciudadanos y Vox llevan semanas atacando al tripartito con todo este asunto. La bancada de la oposición ha aprovechado la evidente división en la coalición de izquierdas para cargar contra el proyecto de empresa pública y defender la colaboración público-privada en materia sanitaria, posicionándose a favor de prorrogar el contrato de Torrevieja. En este sentido, la derecha ha sido especialmente beligerante con las reversiones.
SINDICATOS EN CONTRA
Todos se oponen al proceso y organizan protestas
Todos los sindicatos que representan a la sanidad valenciana han pedido a la Generalitat dé marcha atrás a la creación de la empresa pública de salud para asumir los servicios externalizados. Sin excepción. Abogan por una «integración real» en la Conselleria de los servicios privatizados mediante una fórmula que dé todas las garantías jurídicas posibles y respete los derechos tanto de los profesionales objeto de la reversión como de los estatutarios. El comité de empresa de Torrevieja, que representa a la plantilla de 1.400 empleados, lleva meses con protestas y reclamando diálogo a Barceló. Quieren conocer cuál será su futuro laboral. La Sociedad de Radiología de la Comunidad rechaza igualmente la empresa pública.
JUDICIALIZACIÓN
La empresa recurre y Barceló denuncia que obstaculiza
La consellera de Sanidad ha acusado abiertamente a la empresa concesionaria de Torrevieja, Ribera Salud, de «obstaculizar constantemente» el proceso de reversión para incorporar a la gestión pública este área sanitaria. Asegura que la mercantil está paralizando el proceso preestablecido para ejecutar el traspaso y le acusa de no facilitar la información necesaria para continuar trabajando con los trabajadores en la vía de esa reversión. Y no lo hace, siempre según la consellera, pese a que el TSJCV le ha instado a cumplir las normas de reversión. La empresa ha recurrido tanto la decisión del Consell de no prorrogar el contrato, como las normas de reversión, una guerra judicial que también ocurrió en Alzira.
POSIBLES ESCENARIOS
La izquierda descarta la paralización, pero es posible
Ejecutar el pacto para acabar con las concesiones es una de las iniciativas de mayor calado político del tripartito en materia sanitaria, al margen, claro está, de la gestión de la pandemia. Los tres socios del Botànic siempre han descartado que sus diferencias acaben impidiendo la reversión en Torrevieja. Es un escenario del todo improbable, pero fuentes del Gobierno autonómico admiten que no es del todo imposible. Si finalmente se aprueba la empresa pública, el modelo sanitario valenciano tendrá tres vértices: el servicio de gestión directa, la mercantil pública y la concesión privada.
Los socialistas creen que la empresa pública para articular las reversiones en resonancias y farmacia sociosanitaria aporta eficiencia. Rechazan que el personal sanitario de Torrevieja pase a integrarse directamente en la Conselleria.
Los valencianistas ven con buenos ojos la empresa pública de salud, pero sólo para determinados servicios. Defienden que el único modelo de reversión que se ha contrastado es el de Alzira, por lo que apuestan por esa opción para Torrevieja.
La coalición que integra a Podemos y Esquerra Unida rechaza la empresa pública y quiere que todos los servicios y el personal se gestionen directamente desde la Conselleria de Sanidad, siguiendo el patrón de Alzira.
Los populares se posicionan en contra de crear una empresa pública sanitaria y defienden mantener el sistema de concesiones. Argumentan que el único motivo para la reversión en Torrevieja es ideológico porque el servicio funciona.
Partidarios de que el Consell renueve el contrato con Ribera Salud en Torrevieja, quieren que se haga una auditoría entre la gestión directa y el modelo de concesiones para comparar datos y no tomar decisiones por «sectarismo».
La ultraderecha apuesta por mantener el sistema de concesiones. Está en contra de la reversión del departamento de Torrevieja porque «lo que funciona no hay que tocarlo», y creen que la empresa pública es una «chapuza».
