La escalada de tensión entre los socios del Botànic a cuenta de la creación de una empresa pública sanitaria parece experimentar un frenazo y, aparentemente, la coalición de izquierdas inicia un periodo de tregua. El jefe del Consell, Ximo Puig, evidenció ayer su voluntad de un alto el fuego al admitir públicamente que, si no hay consenso, la decisión se pospondrá. Tampoco tenía muchas más opciones, visto el panorama de los últimos días. Compromís y Unides Podem habían advertido de su pretensión de tumbar la propuesta de la Conselleria de Sanidad, liderada por el PSPV, de llevar al pleno del Consell de mañana viernes la aprobación de esa sociedad mercantil. Con ese escenario, el presidente enhebró ayer un discurso de consenso y apeló a la oportunidad de alcanzar acuerdos para asentar un sistema capaz de integrar todos los servicios externalizados, gran parte de ellos por el PP. El socialista admitió, incluso, que se pueden «estudiar otros caminos», otros instrumentos para articular los procesos pendientes. El más inminente, el de asumir la gestión directa del departamento de salud de Torrevieja, el 15 de octubre.
«Es evidente que siempre buscamos el acuerdo, si no hay acuerdo, se aplazará». Con ese posicionamiento, el líder autonómico trató de apaciguar los ánimos y zanjar la polémica, evidenciando su voluntad de tejer líneas de pacto entre las fuerzas que integran el Gobierno autonómico. El titular del Consell intentó defender que lo relevante es el objetivo que, precisamente, comparten las tres patas del botánico, que no es otro que devolver a lo público todo lo privatizado. En esa línea, argumentó que la empresa pública de salud es el instrumento que se plantea para «acceder a la mejora de la acción pública de la sanidad», pero se mostró dispuesto a estudiar otras opciones. «Lo importante son los objetivos, los principios y las convicciones, pero no tanto los instrumentos», alegó Puig.
Se da por hecho que este asunto no llegará a la sesión del Consell del viernes y, por el momento, quedará sobre la mesa al no obtener respaldo en la reunión previa de subsecretarios prevista hoy, que fija el orden del día del pleno de consellers.
El proyecto de decreto ley rubricado por Ana Barceló para impulsar la empresa alude en su preámbulo a que el Consell Juridic Consultiu avaló la posibilidad de articular una sociedad de ese tipo para afrontar la subrogación del personal de La Ribera, el primero en volver a la gestión directa. La consellera propone ahora habilitar esa mercantil para la prestación del servicio farmacéutico en residencias y de resonancias magnéticas. Fuentes de su departamento insisten en que esa es la prioridad de la firma. Sin embargo, el objeto de la sociedad incluye «la prestación y gestión directa de servicios sanitarios públicos procedentes de otras entidades públicas o privadas que se incorporen por reversión al ámbito sanitario de gestión de la Generalitat, así como por transferencia o por sucesión de empresas». Tanto Compromís como Unides Podem presentaron alegaciones a la redacción original del texto, pero, aseguran, ni siquiera se han resuelto.
Lo cierto es que ninguno de los dos socios se fía de que, finalmente, se quiera utilizar esta fórmula para gestionar Torrevieja una vez finalice el contrato con Ribera Salud, aunque ese en un extremo que ni admiten ni descartan en Sanidad. Ambos reclaman que se aplique el modelo Alzira, es decir, que la Generalitat asuma directamente a los 1.400 trabajadores de este área de la Vega Baja. Compromís aceptaría que el mencionado servicio de farmacia y de resonancias sí se asumiera con una empresa pública, pero Unides Podem limita su apoyo al segundo de ellos y propone, en cambio, que se impulse entorno a una entidad de derecho público, pero nunca para asumir la gestión de Torrevieja.
Sobre ese asunto, Barceló aseguró ayer que se están analizando los distintos modelos que pueden existir para la incorporación a la gestión pública de Torrevieja. Hasta el momento no ha aclarado cuáles son esas opciones, pero, visto lo visto, sus socios no se lo pondrán fácil si está pensando en dirigir el departamento con la polémica empresa pública.
Oltra se molesta, el jefe del Consell se disculpa
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pidió ayer disculpas a la vicepresidente, Mónica Oltra, por si «se ha tomado como una desconsideración, que no lo es» los anuncios que ha efectuado sobre nuevas medidas frente a la covid-19. En concreto, Oltra criticó por redes sociales el hecho de haber conocido por la prensa que Puig pretendía levantar el toque de queda desde el lunes. Oltra defendió que esas decisiones se toman en la Interdepartamental después de estudiar los informes técnicos y deliberar para, finalmente, anunciar las medidas, tal y como se acordó en octubre, cuando se impulsó su creación, precisamente, para facilitar el diálogo y consensuar.
El 70% de las máquinas de resonancia, obsoletas
Tras décadas con el servicio de resonancias magnéticas en manos privadas, la Generalitat no heredará precisamente una bicoca en lo referente a la maquinaria. La memoria económica que Sanidad ha preparado desvela algunos detalles que arruinan esa idea de ganancia absoluta. Al menos el 70% de los equipos de los distintos departamentos de salud están obsoletos. La conselleria estima que la futura empresa pública deberá asumir un gasto de 10,5 millones de euros el primer año para actualizar las máquinas, a razón de 750.000 euros por unidad. Aún así, se calcula que con la reversión, la Generalitat se ahorrarán 21 millones de euros.
