La falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios de la izquierda sobre la composición del nuevo Consejo de Transparencia aboca a un bloqueo en la reforma de la Ley de Transparencia, una norma que el Botànic heredó del último Ejecutivo de Alberto Fabra y que, seis años después, aún está pendiente de reforma.
El desencuentro se oficializó ayer en las Cortes con la presentación de las enmiendas a la proposición de ley, en un apartado muy concreto, pero clave para la aplicación efectiva de la nueva norma. Y es que el PSPV se ha quedado solo en su intento de modificar el texto pactado inicialmente con Compromís y Unides Podem en lo referente a la composición del Consejo de Transparencia, el órgano interno encargado de aplicar la ley y, en concreto, de garantizar el acceso a la información de la ciudadanía. El texto original, que ni Unides Podem ni Compromís han querido cambiar, contempla un cambio sustancial respecto a la regulación actual, de tal manera que se pretende que el órgano esté integrado por tres miembros con rango de dirección general con dedicación exclusiva. El PSPV, sin embargo, quiere volver a la filosofía actual: cinco miembros sin dedicación exclusiva y que reciban compensación en concepto de dietas por las reuniones. También plantea crear una secretaría general que sería ocupada por una persona funcionaria y que reforzaría el trabajo del resto de miembros. Los socialistas defienden que este modelo hará más fácil su designación futura.
