Un informe de la Intervención de la Diputación de Alicante ha avalado la auditoría que se encargó por parte del equipo de gobierno para fiscalizar las cuentas de 2015 a 2018, y que acredita que el PP debe devolver a las arcas públicas 45.000 euros de gastos sin justificar, mientras el PSPV tendrá que abonar 14.500 euros. La interventora también concluye que no existe derecho de cobro a favor de la Diputación en relación con las limitaciones puestas de manifiesto por el auditor sobre los gastos de teléfono del PP o distintas facturas del PSOE, por lo que esas facturas no se pueden exigir a los grupos.
Ante la falta de este informe por parte de Intervención, el pleno celebrado el miércoles en la institución provincial retiró los puntos relativos a la aprobación de la revisión de los fondos, relativa a los ejercicios de la anterior legislatura, transferidos a su agrupación política provincial por parte del grupo popular y el grupo socialista. Ahora que esos informes ya se han mandado a los partidos políticos, serán sometidos a un pleno extraordinario y urgente, que tendrá lugar hoy y en el que los portavoces podrán exponer su opinión sobre el mismo. Ni el PP ni el PSOE están de acuerdo con estos documentos al entender que sus gastos están bien justificados, aunque han asegurado que harán efectivo el pago en los próximos días. Por un lado, el PP argumenta que hay determinados errores contables que no se deberían tener en cuenta, mientras el PSOE se escuda en que los criterios del auditor no son correctos conforme a las normas de la Diputación y defiende que la interventora debería argumentar por qué no se siguen los mismos criterios a la hora de justificar determinados gastos de ambos partidos. El portavoz socialista, Toni Francés, aseguró ayer que su grupo pagará los 14.500 euros que se le exigen, pero votará en contra de este informe y presentará un recurso para tratar de echarlo para atrás.
La presión que Compromís ha ejercido en el Tribunal de Cuentas y en la Fiscalía Anticorrupción denunciando la «financiación irregular» del PP forzó al equipo de gobierno en la Diputación a contratar este informe para la revisión de los fondos percibidos. Fue entonces cuando la Diputación recurrió a una auditoría externa para fiscalizar las cuentas de 2015 a 2018 a través de un contrato por valor de 13.915 euros que se adjudicó a la empresa Faura Casas. Esta medida responde, según los populares, al interés de aportar toda la documentación para clarificar la información relativa a las asignaciones. Sin embargo, los partidos de la izquierda han denunciado en multitud de ocasiones que el objetivo del PP era evitar la presentación de las facturas sufragadas con los fondos transferidos del grupo al partido, que deben tener como objeto gastos conjuntos entre el grupo y el partido.
Al margen de esta auditoría, la corporación también aprobó el miércoles diferentes expedientes relacionados con las dotaciones económicas de los grupos políticos. Con el respaldo de los grupos de gobierno y el voto de calidad del presidente, frente al rechazo de la oposición, salió adelante la aprobación definitiva del reintegro por los grupos popular, socialista y EUPV de la dotación correspondiente a los años 2015 y 2016, así como el informe definitivo emitido por la Intervención sobre la documentación presentada por estos mismos grupos y Compromís con relación a la dotación económica asignada por el pleno en las anualidades 2017 y 2018. En total, la fiscalización de las cuentas obliga a abonar a los grupos casi 170.000 euros.
Último pleno antes de las vacaciones de verano
La Diputación de Alicante celebrará hoy su último pleno antes de las vacaciones de verano. La institución provincial convocó otra sesión para el pasado miércoles, pero tuvo que aplazar la aprobación del informe definitivo de revisión de las cuentas respecto a los fondos asignados al entender que era preceptivo el documento de la Intervención, lo que ha llevado a los grupos de la izquierda a criticar por qué se encargó esta auditoría si era Intervención la que tenía que posicionarse sobre el tema. Por su parte, la bancada de la derecha defiende esta contratación al alegar la falta de medios de la Intervención para fiscalizar la dotación económica desde el año 2015 y hasta 2018.
