El de este miércoles no fue un pleno agradable para el presidente de la Diputación, Carlos Mazón. Y es que la financiación de los partidos y, en concreto, la del PP, marcó la última sesión plenaria de la institución provincial. Es un tema que los populares tratan de evitar a toda costa y que, por contra, Compromís ha convertido en su principal bandera para poner en duda la transparencia de la contabilidad del anterior mandato, un proceso que en estos momentos obliga a los grupos a abonar casi 170.000 euros. El orden del día recogía nueve puntos, un tercio del total, relacionados con un asunto que colea desde 2015 y que es el principal caballo de batalla de Compromís, y más desde que la semana pasada se conociera el resultado de la auditoría contratada por la Diputación.
La mayoría de partidos ha logrado justificar gran parte de sus gastos, excepto EU, ahora sin representación
En primer lugar, los grupos políticos, con la abstención de los valencianistas, retiraron los puntos relativos a la aprobación de la cuenta de la auditoría sobre los fondos transferidos a sus respectivos partidos desde 2015 a 2018, pero solo relativos al PP y al PSOE al ser los únicos que hicieron estas transferencias. Según explicó el equipo de gobierno, para aprobar este punto era preceptivo un informe de la interventora que, aunque fue remitido un día antes del pleno a los portavoces, se consideró que estaba fuera de plazo. «Se ha dejado sobre la mesa por una cuestión formal, al no haber llegado en tiempo y forma», explicó la diputada María Gómez. Esta auditoría externa encargada por la Diputación para fiscalizar las cuentas acredita que el PP debe devolver a las arcas públicas 45.000 euros de gastos sin justificar de los cerca de 466.000 euros que ingresó desde la Diputación en su cuenta durante esos años, mientras el PSPV tendrá que abonar 14.500 euros. Una vez que el informe de Intervención sobre esta auditoría esté listo, ambos documentos serán sometidos a un pleno extraordinario que se convocará para los próximos días con el fin de que todos los grupos puedan estudiar con detalle el informe y ampliarlo en el caso de que así lo determinen los servicios técnicos de la Diputación. Pero, al margen de esta auditoría que el equipo de gobierno encargó por la presión ejercida por Compromís, otro informe de Intervención ha detectado errores por falta de justificación en los gastos de los distintos grupos, un asunto que también se llevó al pleno para proceder a la aprobación del reintegro definitivo de los fondos correspondientes a los años 2015 y 2016 una vez que ha terminado el trámite de alegaciones. La mayoría de grupos han logrado justificar gran parte de sus gastos, por lo que las cantidades se han reducido. Con ello, el PP ya ha abonado unos 3.000 euros, al PSOE se le ha devuelto la mayor parte del dinero que ya ingresó hace unos meses por haber justificado las facturas, al igual que le ha ocurrido a Compromís, al que sólo le quedaría por abonar unos 800 euros al estimarse casi todas sus alegaciones. Uno de los asuntos más espinosos es la cuenta de Esquerra Unida, ahora sin representación en la institución, puesto que existe un problema formal por la falta de una acreditación, lo que obliga a la organización a devolver la totalidad de la subvención que ascendía a unos 42.000 euros, todo procedente de los años 2015 y 2016.
Además, durante el pleno también se abordó el informe de Intervención para 2017 y 2018 que inicia el periodo de alegaciones para que se puedan subsanar los errores y aportar facturas. Con este primer informe, el PP tendría que pagar unos 3.500 euros; el PSOE, 200; Compromís tendría que abonar alrededor de 5.000 euros; mientras EU vuelve a encabezar la lista con 50.000 euros, que es la totalidad de lo percibido por el problema formal de acreditación que no se ha conseguido resolver. Las cuentas de Ciudadanos no se han incluido porque irán independientes en otro procedimiento al abandonar su entonces diputado, Fernando Sepulcre, el partido para irse al grupo mixto.
Moción sobre la participación en los tributos del Estado
PP y Ciudadanos dieron el visto bueno a las dos mociones: una para condenar la situación de los derechos humanos en Cuba y, la segunda para instar al Gobierno de España a condonar la deuda generada por la liquidación negativa de la PIE (participación en los tributos del Estado) de 2020 para paliar las consecuencias que tendrá sobre los ayuntamientos en 2022. Los grupos de la oposición no se sumaron a ninguna de estas mociones. Tampoco apoyó el equipo de gobierno la moción presentada por Compromís para que desde la Diputación se propicie un plan de pedagogía cívica sobre el testimonio vital y la Ley de Eutanasia. b.r.
Último paquete de ayudas del Plan Más Cerca
El pleno de la Diputación de Alicante aprobó ayer por unanimidad el segundo y último paquete de ayudas destinadas a inversiones del Plan Más Cerca, con lo que se resuelve definitivamente este paquete inversor que permitirá impulsar en los municipios de la provincia más de 450 actuaciones con un presupuesto de 30 millones de euros. Durante el pleno ordinario, celebrado de forma telemática, también se aprobaron, con el apoyo de todos los grupos políticos, las bases y convocatoria del Plan Más Agua, que en este caso distribuirá 9,5 millones entre los municipios para impulsar más de un centenar de obras hidráulicas.
