El Ministerio de Hacienda prevé presentar en noviembre la definición del criterio de población ajustada, que será el que se utilice para repartir los recursos entre las regiones y que constituye el primer hito de la reforma de la financiación autonómica. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha señalado en una entrevista con EFE que, una vez finalizada la ronda de reuniones bilaterales entre el Gobierno y las comunidades autónomas, prevé presentar "una de las partes nucleares" de la financiación autonómica que es el criterio de "población ajustada". El calendario establecido por Montero responde a las reclamaciones de la Comunidad Valenciana, que desde hace meses viene elevando la presión sobre el Ejecutivo de Sánchez para consensuar un nuevo modelo de reparto de fondos antes de que finalice 2021 con tal de garantizar un reparto justo y equitativo de los recursos del Estado.
El anuncio realizado hoy por Montero ha sido celebrado desde el entorno del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al considerar que Montero responde así a las reclamaciones que viene efectuando el jefe del Consell para corregir un agravio histórico; una reivindicación compartida por los grupos políticos de la Comunidad y por los representantes de la sociedad civil.
El criterio de población ajustada será, a propuesta de las propias comunidades autónomas, el que se aplicará para repartir los recursos y tendrá en cuenta elementos como la población, su estructura de edad, la insularidad o la dispersión geográfica a la hora de calcular el coste de la prestación de los servicios públicos.
Eso sí, la ministra ha advertido: "Si somos honestos y nos ponemos de acuerdo en eso, lo que no vale luego es que alguien aplique simplemente el criterio de población y diga, 'estoy infrafinanciado' o 'me han robado'", que para la ministra "es una palabra que se utiliza mucho por el Partido Popular" y que le recuerda "mucho a los independentistas".
Una vez establecido el criterio, entiende que el debate general sobre la financiación autonómica sería el momento "adecuado" para abordar el debate concreto de la armonización fiscal.
Lo que ha dejado claro que no se abordará en el debate de la financiación autonómica es el concierto económico del que disfrutan el País Vasco y Navarra, ni para suspenderlo en estas comunidades, ni para extenderlo a otras.
Sobre este debate, María Jesús Montero, ha asegurado que "la actitud del Partido Popular por supuesto dificulta un acuerdo sobre financiación autonómica", ha pedido que este asunto no se plantee como una "confrontación entre territorios" y ha abogado porque en esa negociación se aborde el tema de la "armonización fiscal" entre comunidades. En una entrevista con EFE, en la ha dicho esperar "que nadie tenga la tentación de condicionar" en septiembre el debate catalán y de presupuestos, la ministra ha subrayado además que el objetivo del Gobierno es "agotar la legislatura" y ha acusado a la oposición de estar "enfrascada permanentemente en la bronca, en el ruido, más propio de la ultraderecha".
En esta actitud ve Montero al Partido Popular, del que dice que "cada día se parecen más a esos comportamientos poco democráticos que tiene la ultraderecha" y al que reprocha "que no estén arrimando el hombro en lo elemental, en lo básico".
Por ejemplo, ha criticado al PP "por haber ido a Bruselas a hablar mal de España, a decir que no se le den los fondos, a poner dudas sobre el control y la evaluación de los fondos, cuando los van a ejecutar sus propias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular".
"Para qué plantear esas alertas y ser disuasorios en la llegada de 140.000 millones a nuestro país, es que es inaudito, es que eso no se ve en ningún país del mundo", ha afirmado la ministra, convencida de que "eso dificulta todo el debate político en nuestro país, también la financiación autonómica".
A su juicio, "lo peor que le puede pasar a este país es que impulsemos debates que lejos de sumar, desunan, que lejos de contribuir al proyecto colectivo, cada uno se plantee 'de lo mío qué hay', sin importarle qué pasa con el resto", aunque en todo caso ha dicho estar "confiada en que podamos impulsar un debate sobre la financiación autonómica, imprescindible para la garantía de los servicios públicos, que esté lejos de esas tentaciones que hasta ahora ha protagonizado el Partido Popular".
Ha recordado asimismo que la financiación autonómica se aprueba mediante una ley orgánica que se debate en el Congreso de los Diputados, por lo que ha pedido al principal partido de la oposición que opte por una única posición: "Habrá que ver en el PP cuál es la posición prioritaria, la de Madrid o la de Andalucía, porque yo puedo asegurar que lo que se acuerde por el Gobierno de España se va a defender por el PSOE, ¿lo puede hacer el Partido Popular cuando Madrid y Andalucía están diciendo cosas radicalmente distintas?".
Ese debate sobre la financiación autonómica tendrá su primer hito en el mes de noviembre, cuando Hacienda tiene intención de presentar, después de las reuniones bilaterales que está manteniendo, la definición del criterio de "población ajustada" que se aplicará para repartir los recursos y que tendrá en cuenta elementos como la población, su estructura de edad, la insularidad, la dispersión geográfica, etc. Eso sí, ha advertido, "si somos honestos y nos ponemos de acuerdo en eso, lo que no vale luego es que alguien aplique simplemente el criterio de población y diga, 'estoy infrafinanciado' o 'me han robado'", que para la ministra "es una palabra que se utiliza mucho por el Partido Popular" y que le recuerda "mucho a los independentistas".
Armonización fiscal
Una vez establecido el criterio, entiende que el debate general sobre la financiación autonómica sería el momento "adecuado" para abordar el debate concreto de la "armonización fiscal".
Al respecto, ha declarado que "no vale que haya territorios que opten legítimamente por bajar los impuestos y a continuación pidan dinero al Gobierno de España, eso no se sostiene", como también rechaza que haya "islas fiscales" en España, en este caso pensando en Madrid, "que, por el efecto capitalidad, hace que se atraiga una mayor inversión, un mayor volumen de renta, una mayor capacidad recaudatoria a la que no tienen acceso otras comunidades autónomas".
Lo que ha dejado claro que no se abordará en el debate de la financiación autonómica es el régimen foral del que disfrutan País Vasco y Navarra, ni para suspenderlo en estas comunidades, pese a que haya "algunos que se parten la camisa, que se rasgan las vestiduras intentando decir que son los defensores de la unidad de España y de la Constitución y provocando la confrontación permanente con esas realidades", ni para extenderlo a otras.
Respecto a Cataluña, la ministra de Hacienda ha asegurado que la coincidencia en septiembre de los debates en la Mesa de diálogo con Cataluña y para la aprobación del Presupuesto de 2022 "no se interfieren ni se perjudican", puesto que "la hoja de ruta en Presupuestos está muy definida, muy determinada", y ha dicho esperar "que nadie tenga la tentación de condicionar uno a lo otro", de un lado "el debate sobre cómo mejorar el autogobierno en Cataluña o como posibilitar una mejor comodidad de aquellos que estarían más proclives a buscar un encaje fuera de España" y de otro el de un presupuesto que también "es bueno para Cataluña".
Por otra parte, la titular de Hacienda y Función Pública ha subrayado que la "perspectiva" de este Gobierno es "agotar la legislatura, porque el país no se puede permitir ir de proceso electoral en proceso electoral cuando está sufriendo la peor pandemia desde hace un siglo y la caída económica ha sido la peor desde la guerra civil"; defender lo contrario, ha opinado, "da la impresión de que los políticos somos extraterrestres".
