El vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, ha anunciado hoy que su departamento contará con una dotación presupuestaria de más de 55 millones de euros para la promoción de vivienda pública en la Comunidad Valenciana durante el ejercicio 2021-2022, inyectados a través de fondos europeos, y otros 124 millones de euros para actuaciones relacionadas con la rehabilitación y regeneración urbana procedentes, de igual modo, de ayudas de Bruselas.
En concreto, Illueca ha detallado que los 55 millones de euros servirán para el inicio del "ambicioso" Pla 2.400, un plan que prevé la edificación de aproximadamente 2.400 inmuebles públicos protegidos mediante el reinicio de la promoción pública y la colaboración con agentes privados y cooperativistas. Con relación a los 124 millones para rehabilitación, ha expresado que supone "la mayor cifra destinada por la Generalitat" y ha indicado que la intención es rehabilitar 17.314 viviendas, tanto públicas como particulares, entre finales de 2021 y 2023. En este caso, ha puesto como ejemplo la rehabilitación del barrio Miguel Hernández de Alicante, donde ya se ha realojado a los vecinos para comenzar una intervención presupuestada en 3,4 millones de euros.
El conseller Illueca ha comparecido hoy en las Cortes valencianas a petición propia para desgranar los ejes sobre los que pivotará su acción política tras asumir el cargo en septiembre, cuando relevó a Rubén Dalmau. La de hoy ha sido su primera comparecencia en la Cámara autonómica, una intervención en la que ha detallado las que serán sus líneas de gestión en torno a tres expresiones principales: cuestión social, cuestión ideológica y cuestión territorial.
En el primer bloque, el vicepresidente segundo ha diferenciado entre medidas de carácter coyuntural, como las que se están promoviendo en torno a ayudas al alquiler que, según ha asegurado, se han incrementado en un 65% desde 2019; y la unidad antidesahucios, que ha atendido 1.074 casos hasta el momento. Con relación a medidas de carácter coyuntural, ha explicado que están orientadas a "revertir las tendencias más negativas del mercado inmobiliario". En ese punto, ha puesto en valor las medidas aprobadas para ampliar el parque público de vivienda, que ha incrementado en 506 viviendas con una inversión de 25 millones de euros, gracias a herramientas innovadoras como la compra por tanteo y retracto. En esta línea, ha sacado pecho de la reciente aprobación del decreto que obliga a registrar las viviendas protegidas públicas o privadas para destinarlas a los más vulnerables, así como la norma que movilizará inmuebles vacíos en desuso de grandes tenedores: "Porque una vivienda vacía es una oportunidad perdida para la autonomía de una familia o la emancipación de un joven".
En clave nacional ha destacado el anteproyecto de la Ley de Vivienda consensuado entre PSOE y Unidas Podemos como "un texto que está llamado a hacer historia y que fija un marco esperanzador", en el que ha señalado las políticas "valientes y punteras" de la Generalitat como referentes.
Carga contra Madrid
El conseller de Vivienda, por otro lado, ha apuntado a Madrid como ejemplo de "una agresiva competencia fiscal que le ha llevado a convertirse en una especie de agujero negro que contribuye al declive de la España vaciada". Por contra, ha abogado por una organización institucional más cercana y menos centralizada, "un federalismo de nuevo tipo".
Tras asegurar que para él es un honor entrar al Consell, ha reivindicado el Botànic como un tripartito de "tres sensibilidades políticas sin duda desiguales que han sido de aparcar diferencias y unir voluntades" con dos objetivos: "reparar las consecuencias de la austeridad y la corrupción y concebir una alternativa centrada en los problemas cotidianos".
Pero los partidos de la oposición le han exigido que "aterrice" en los problemas reales de vivienda. El PPCV ha criticado que el parque público tiene "2.300 viviendas menos de las que heredaron" de su gobierno en 2015, que el Pla 2.400 "se ha quedado desierto en la parte privada" y que la Conselleria es "un fiasco, un bluf y una estafa política".
La oposición le pide que "aterrice"
El diputado del PP Alfredo Castelló ha señalado que esta Conselleria es "un fiasco, un bluf y una estafa", que además no es "nadie sin los fondos europeos y que debería "aterrizar" y hablar de los problemas "reales" de la gente, y ha sugerido que los 55 millones para el Plan 2.400 se destinen a rehabilitación de viviendas.
Cs ha recordado cuando Illueca hace unos años "criticaba con vehemencia" al presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, y le ha preguntado "por qué ha cesado a la jueza chavista" que contrató su predecesor, Rubén Martínez Dalmau, como asesora. Y Vox le ha acusado de ser un conseller "colocado a dedo por su partido para que los problemas internos de Podemos no hagan saltar el Botànic por los aires".
En su réplica, Illueca ha rebatido que quien le ha colocado es "la mayoría de esta cámara que representa la soberanía valenciana", ha asegurado que quiere que sus políticas sean "irreversibles" y que urge actuar contra la especulación, además de poner en valor tanto el trabajo de Dalmau como la compra por tanteo y remarcar que hay más de mil viviendas del parque "en proceso de recuperación".
Entre los grupos del Botànic, el PSPV ha mostrado su "ilusión" por los proyectos de la Conselleria y ha rechazado la "cantinela" de que hay que eliminarla, mientras Compromís ha pedido a UP que presione en Madrid para que la Ley de Vivienda sea "buena" y ayude de verdad a evitar desahucios.
Tasa turística
Illueca ha asegurado este miércoles que su partido, Podem, está abierto a "discutir abiertamente" la implantación de la tasa turística en la Comunidad Valenciana y hacerlo "sin líneas rojas", hablando "de absolutamente todo" con los socios de gobierno (PSPV y Compromís).
"El debate está abierto, es un asunto que para nada se ha hecho a espaldas de nadie", ha rebatido a la oposición en el pleno de las Cortes, semanas después de que él y la vicepresidenta primera, Mónica Oltra (Compromís), volvieran a plantear la posibilidad de crear la tasa para recaudar dinero destinado a políticas de emancipación juvenil.
Este martes, el conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler, aseguró que nadie en el Consell piensa en una aplicación "inmediata" de la tasa, ya que cree que ahora supondría una carga para un sector castigado por la pandemia y que después ya habrá tiempo de abrir un debate "consensuado".
Illueca, por su parte, se ha limitado a defender que la tasa turística está "en el ADN de Podem", partido que la planteó "desde el principio" en la pasada legislatura cuando no estaba en el gobierno valenciano.
Ahora ha garantizado que están dispuestos a debatir "absolutamente todo: cuándo debe entrar, cuáles serán los términos y cuál debe ser el destino de la recaudación".
También ha rebatido a Cs que sí se ha reunido con el sector, con los representantes de CCOO como "sindicato más representativo", quienes según él le trasladaron que están completamente de acuerdo con la implantación de la tasa turística. "¿Cuándo se habla del sector estamos hablando de los trabajadores o solo de la patronal?", ha lanzado.
Por parte de Ciudadanos, la diputada Mamen Peris ha mostrado sus dudas de que todos los problemas de vivienda se solucionarían con esta recaudación "de dos euros" por cada persona que visite la Comunidad Valenciana.
