A 24 horas de que se celebre el pleno ordinario del Consell que en una situación de normalidad debería dar el visto bueno a los presupuestos de la Generalitat de 2022, el último escollo es un ajuste de alrededor de mil millones. La comisión política que negocia las cuentas había llegado ayer a un principio de acuerdo, pero las terceras cuentas públicas del Botànic II siguen bloqueadas al estar por decidir si es factible aumentar la partida de ingresos para poder cuadrar las propuestas de gasto de todas las consellerias, principalmente las del ámbito social. La tarea se antoja complicada para la Conselleria de Hacienda, que también está representada en la comisión y a la que compete elaborar el documento económico, que debe servir para la recuperación después de año y medio de crisis sanitaria por la pandemia.
Los socios de Gobierno, PSPV, Compromís y Unides Podem, que ayer mantuvieron nuevas reuniones, estarían en principio de acuerdo en ampliar los ingresos para poder cuadrar las partidas de gasto. Un exceso con respecto a las primeras previsiones de Hacienda de alrededor de mil millones, aunque la cantidad se habría rebajado durante las últimas negociaciones.
En todo caso, el encaje es difícil porque los ingresos están muy definidos. Para el año próximo, la principal fuente de ingresos (las transferencias del Estado) es más contenida. Sin fondo extraordinario covid-19 y con menores recursos por la liquidación del sistema de financiación, las opciones de Hacienda se reducen. Los presupuestos de 2022 volverán a contar con la partida de la infrafinanciación de 1.325 millones (ficticios según la oposición porque el Estado no los abona), así como la partida del llamado FOGA histórico (la contraprestación por los servicios sanitarios a los desplazados) y el pago del 50% de la dependencia. Ni uno ni otro son transferidos, aunque el Gobierno está obligado a cubrirlos.
Al Consell sólo le quedan dos vías para mejorar los ingresos: una mayor previsión de recaudación vía tributos al calor de una recuperación económica o el aumento del déficit. Y esto último no parece un opción para Hacienda.
Las reglas fiscales de la ley de estabilidad presupuestaria siguen suspendidas, pero la sugerencia es que 2022 se cierre con un desfase del 0,6%. El Consell, con el lastre de la infrafinanciación detrás, ha ido reduciendo el déficit, pero nunca ha podido cumplir los objetivos. Un exceso este año puede tener consecuencias en el futuro e incluso generar un correctivo por parte del Gobierno central o de la Autoridad Fiscal (Airef).
El problema es que el Consell parte de unas cuentas de 2021 que fueron expansivas. El gasto se elevó un 12% y las partidas sociales, como ayer reivindicó el president Ximo Puig, crecieron en más de 5.186 millones hasta alcanzar los 15.931. Puig anunció en las Cortes ayer que este gasto social se consolidará y que las cuentas de 2022 destinarán más de 16.000 millones a las consellerias sociales.
La cuestión ahora es cuánto más. En todo caso, aunque todas las partes implicadas en la negociación afirmaban anoche que habrá presupuesto, todo apunta a que no estará listo para ser aprobado en el pleno de mañana viernes. El acuerdo político puede cerrarse, pero la plasmación técnica es farragosa y compleja. De hecho, no se trata solamente de que la información de cada una de las partidas sea grabada. Los ordenadores de la conselleria que dirige Vicent Soler tienen que cuadrar toda la información para que no haya desfase entre los ingresos y gastos y se trata de un proceso informático que dura horas.
Lo más probable es que las consellerias tengan que hacer algún que otro recorte en sus previsiones, lo que supone que el proceso de grabación de las partidas se retrasará. De hecho, en la tarde de ayer Hacienda todavía no tenía los presupuestos de los principales departamentos. En principio, el Botànic contempla convocar un pleno especial el domingo para aprobar las cuentas y remitirlas a las Cortes. Sería un último paso in extremis que evidencia que tampoco el formato de la comisión política adelanta el consenso, aunque permitiría cumplir la linea roja de Hacienda de aprobarlas en el plazo legal, antes de fin de mes. Para Compromís, que a instancias de Mónica Oltra promovió la comisión política, las fechas nunca han sido prioridad.
El Botànic se divide en las Cortes por la subida del sueldo de los diputados
Las formaciones del Botànic encontraron ayer un nuevo factor de discrepancia con el rechazo de Unides Podem a avalar la subida del 2% del sueldo a diputados y diputadas de las Cortes para el próximo año. El proyecto de presupuestos de la Cámara y sus bases de ejecución, aprobados ayer, incluían los créditos necesarios para financiar el incremento a funcionarios y representantes políticos, después de que lo aprobara el Estado. También el presupuesto del Consell recogerá la subida para los altos cargos, como ha ocurrido todos los años excepto el pasado.
Unides Podem y el bloque de la derecha frenan un aumento del 2% a los cargos políticos que recogía el presupuesto
Pero Unides Podem rechazó que los diputados vieran aumentado su sueldo si esta medida no salía por unanimidad. PSPV y Compromís estaban dispuestos a avalar la subida, pero la formación que lidera Pilar Lima exigía un consenso amplio. Como eso no era posible porque el bloque de la derecha, PP, Cs y Vox, entiende que no es el momento de aumentar sueldos, la propuesta decae. Fuentes de Podem confirmaron el rechazo igual que ha ocurrido en el Congreso, señalaron.
Mientras, el otro punto de discrepancia en la comisión de Interior salió de la eliminación de las asignaciones para gastos y contratación de personal, de hasta 1.400 euros mensuales, a los diputados tránsfugas de Ciudadanos, cinco, además de una de Vox. Solo podrán percibir el sueldo base. El exdiputado de Cs Jesús Salmerón anunció que irán a los tribunales. Salmerón asegura que se vulneran derechos constitucionales a la participación política y que llevará a la Mesa, la Comisión de Gobierno Interior y la Junta de Síndics ante el Constitucional si no se modifica el apartado de subvenciones a los grupos, donde no aparecen los tránsfugas ni siquiera a título individual. Fuentes de la Cámara aseguran que no pueden desoír un mandato de las propias Cortes que aprobó una resolución contra el transfuguismo que recogía la pérdida de derechos económicos de los tránsfugas. El presupuesto asciende a 30,7 millones, de los que cuatro millones son subvenciones a los grupos.
