La Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante enfilan el cierre del 2021 a la gresca, de nuevo, a cuenta del Fondo de Cooperación Municipal para el próximo ejercicio, lo que eleva el balance en esta cuestión a seis años de enfrentamiento. La polémica por el sistema de reparto de ayudas impulsado por el Consell registró este miércoles un capítulo más de una serie cuya trama, en realidad, va más allá de la controvertida fórmula para la inyección de fondos a los ayuntamientos. El trasfondo de esa larga bronca evidencia una lucha de poder entre las dos principales instituciones lideradas por la izquierda y la derecha en la Comunidad. Mientras la Generalitat que preside el socialista Ximo Puig formalizó una reunión con representantes de las diputaciones de València y Castellón para dar luz verde a la nueva edición de este plan económico, dotado con 40 millones de euros, la institución alicantina que lidera el popular Carlos Mazón mantuvo su desafío y, una vez más, dio plantón.
Ningún representante de la Diputación de Alicante participó en el encuentro organizado por la Generalitat para constituir la Comisión de Colaboración y Coordinación del Fondo de Cooperación Municipal. Se trata del órgano que, a partir de ahora, se encargará de la ejecución y seguimiento de la aplicación de este plan que, cabe recordar, en octubre fue blindado por las Cortes, convertido en una ley que regula las aportaciones a las corporaciones locales. No solo con fondos de la Generalitat, sino que obliga a las diputaciones provinciales a aportar capital a partir de 2023. Eso es algo que rechazan de pleno desde la institución de Alicante, que ha boicoteado su participación de forma sistemática, mientras defienden que con esa nueva normativa se atenta contra su autonomía financiera. Por tanto, advierten que recurrirán ante el Tribunal Constitucional para evitar su aplicación.
Mientras esa batalla judicial iniciará en breve su recorrido, la Generalitat anunció que la nueva edición del Fondo de Cooperación permitirá transferir a los ayuntamientos, de forma progresiva e incondicionada, 40 millones de euros para garantizar su capacidad financiera. A dicha cuantía se añadirán los 4 millones de euros del fondo de lucha contra la despoblación y de 4,5 millones del fondo de cooperación para municipios turísticos, según se anunció en el encuentro en el que participó el director general de Administración Local, Toni Such; el secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial, Alfred Boix; y la directora general de Agenda Valenciana Antidespoblación, Jeannette Segarra, junto a representantes de las diputaciones de València y Castellón, y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, con alcaldes de diferentes partidos, incluido el PP, con la regidora de Puçol.
Such volvió a poner el foco sobre la institución más grande gobernada por el PP en la Comunidad, la Diputación de Alicante, al salir a agradecer la colaboración de las diputaciones de València y de Castellón, que pondrán las mismas cantidades que aporta la Generalitat, por lo que los municipios de esas provincias recibirán el doble de fondos. Al mismo tiempo, valoró que la postura que adopta la institución que preside Mazón supone «una discriminación muy importante» para los ayuntamientos de la provincia. En esa misma línea se pronunció en portavoz socialista en la Diputación, Toni Francés, quien subrayó que «estamos ante uno de los atropellos más lamentables que el PP ha hecho a la autonomía local. Es vergonzoso que Carlos Mazón esté jugando así con los municipios alicantinos por puro interés partidista. Su pulso a la Generalitat son palos en las ruedas del progreso de los municipios».
Mientras tanto, fuentes del equipo de gobierno en la Diputación de Alicante explicaron que se declinó la invitación para participar en el encuentro puesto que, según consideran, no tendría sentido asistir para abordar una cuestión contra la que están radicalmente en contra en los términos planteados por el Botànic, hasta el punto de que plantarán batalla judicial. La portavoz de la Diputación, Ana Serna, destacó que en 2022 se pondrá en marcha por segundo año consecutivo el Plan + Cerca, dotado con 30 millones de euros, el doble de lo que la Generalitat destinará a los municipios alicantinos a través de una fórmula que «prioriza a las localidades más pequeñas y no a las más grandes y ricas, como sí hace la Generalitat», teniendo en cuenta, además, el criterio de despoblación. Porque ese es, a fin de cuentas, uno de los argumentos centrales que esgrimen desde el sur de la Comunidad para rechazar un plan autonómico que, en cualquier caso, exigen que sea voluntario, nunca obligatorio, como lo será a partir de 2023 si no lo acaban frenando los jueces.
Ana Serna: «Es una imposición. Recurriremos»
La Diputación de Alicante, el principal bastión de la derecha en la Comunidad, mantiene su rechazo al Fondo de Cooperación al considerar que atenta contra la autonomía financiera de las diputaciones y que se trata de una «imposición» del Consell. «Lo que quiere el gobierno tripartito de Ximo Puig es eliminar las diputaciones, suprimiendo poco a poco sus competencias», sentenció ayer su portavoz, Ana Serna. En ese sentido, la diputada destacó la «total falta de diálogo» de la Generalitat al considerar que se ha negado en todo momento a abrir un proceso de entendimiento con la institución provincial. Serna defendió que el presidente de la institución, Carlos Mazón, compareció en las Cortes para abrir un espacio de consenso y explicar sus argumentos y, además, el equipo de Gobierno de la Diputación aplazó la presentación de enmiendas al proyecto de ley que regula este fondo en aras del diálogo y la búsqueda de acuerdos. Pero de nada ha servido porque, según valoró, «todo el proceso hasta aprobar la ley que regula el Fondo de Cooperación ha sido una pantomima». Lo que reclaman es que la adscripción sea voluntaria y no obligatoria y, por eso, recurrirán ante el Tribunal Constitucional.
