La Generalitat ha hecho público este jueves el reparto de los 40 millones de euros que se inyectarán en 2022 a los municipios a través del Fondo de Cooperación Municipal, un mecanismo que, desde su puesta en marcha en 2016, ha permitido ingresar en las arcas de las corporaciones locales un total de 240 millones de euros, según ha destacado el director general de Administración Local, Antoni Such. Como viene ocurriendo desde hace seis años, las diputaciones de València y Castellón se sumarán al plan impulsado por el Consell del Botànic, de forma que aportarán la misma cantidad que la Generalitat a los municipios de su provincia, mientras que la institución alicantina, gobernada por el PP y Cs, dará la espalda una vez más a esta iniciativa, que se ha convertido en uno de su principales caballos de batalla contra el Ejecutivo que preside Ximo Puig, al tiempo que sigue ejecutando su proyecto inversor alternativo, el Plan + Cerca. En ese contexto, Such ha vuelto a cargar contra la Diputación que preside el líder autonómico de los populares, Carlos Mazón, a quien ha acusado de “discriminar de una forma muy importante a los municipios de su provincia”.
Ha sido este jueves cuando el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado la resolución por las que se asignan los recursos de este fondo correspondientes al ejercicio presupuestario de 2022. En esta edición, el criterio de aportación a los municipios más pequeños se ha triplicado, de manera ha pasado de los 3.000 euros a 10.000 euros el mínimo a percibir por cada ayuntamiento.
Dentro de esta línea de actuación, Such ha destacado que estas ayudas “aportan liquidez financiera a los ayuntamientos, y se asignan de manera objetiva e incondicionada, ya que pueden ser invertidos por los municipios en las necesidades que consideren sin necesidad de justificar su utilización”. El director general ha agradecido en este sentido la “colaboración desinteresada” de las diputaciones de Valencia y Castellón, que, como ha recordado, “aportan las mismas cantidades que la Generalitat, de forma que los municipios ven duplicados los recursos”, y ha puesto el foco en la Diputación de Alicante por su negativa a participar.
El Fondo de Cooperación Municipal se ha convertido en uno de los asuntos nucleares que alimentan la batalla política entre la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante o, lo que es lo mismo, entre las dos principales instituciones lideradas por la izquierda autonómica, con el socialista Ximo Puig al frente, y la derecha, encabezada por Carlos Mazón. La institución provincial ha boicoteado por sexto año consecutivo el plan inversor promovido por el Consell alegando que el Plan + Cerca, dotado con 30 millones de euros y cuya edición del 2022 fue aprobada hace un mes, refuerza las ayudas a los municipios de menor población, que reciben más de lo que les ingresa la Generalitat. De hecho, fuentes de la institución aseguran que para este ejercicio, 133 de los 141 municipios de la provincia recibirán más dinero con su modelo de reparto. Por contra, desde el tripartito de izquierdas que pilota la Generalitat se ha acusado reiteradamente a Mazón de no aplicar criterios objetivos en el reparto de ayudas, de repartir el dinero a dedo según determinadas afinidades.
El pasado mes de octubre, las Cortes Valencianas blindaron por Ley el Fondo de Cooperación, una normativa que obliga a la Diputación a sumarse al plan de la Generalitat a partir del año 2023. El PP ha registrado un recurso en el Tribunal Constitucional al considerar que la norma va en contra de la autonomía provincial por su carácter obligatorio. Ahora todo queda en manos de una endiablada batalla judicial que nadie sabe cuándo ni cómo acabará. Dicho recurso ha sido admitido a trámite.
Carácter incondicionado
El Fondo de Cooperación Municipal, señalan desde la Generalitat, tiene carácter incondicionado, por lo que los ayuntamientos podrán destinar las transferencias de capital asignadas a financiar globalmente las actividades y los servicios que les correspondan en virtud de las competencias que hayan asumido según la legislación vigente.
Estos fondos son compatibles con la percepción de las aportaciones de las líneas específicas del Fondo de Cooperación Municipal para la lucha contra el despoblamiento de los municipios de la Comunidad Valenciana y con el Fondo de Cooperación Municipal para los municipios turísticos..
Criterios de distribución
Los criterios de distribución se han basado en una cantidad fija por cada uno de los municipios (10.000 euros) y entidades locales menores y una cantidad variable en función de la población que figura en el último padrón municipal aprobado.
El objetivo de esta vía de financiación de las administraciones locales, regulada por la Ley 5/2001 de noviembre de la Generalitat del Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunidad Valenciana, “es consolidar un sistema de financiación estable y progresivo para los municipios de la Comunidad”
La Generalitat transferirá el 50 % de los importes asignados a cada municipio y entidad local menor durante el primer semestre de 2022, y la cantidad restante, durante el semestre final de este año.
