La Generalitat Valenciana ha dado luz verde al Fondo de Cooperación Municipal para 2022, que se traducirá en una inyección de 40 millones de euros procedentes de recursos autonómicos y que llegará a todas las localidades de la Comunidad Valenciana. Como principal novedad, en esta edición, las demarcaciones con menor número de habitantes verán triplicado el importe mínimo a percibir. La validación de las bases para establecer el reparto se realizó este jueves, precisamente un día antes de que la Diputación de Alicante lleve a pleno la aprobación de su proyecto inversor alternativo, el Plan + Cerca, que también pone el foco en las demarcaciones con menor número de residentes y, esta vez, multiplica las ayudas aplicando criterios de despoblación. Como viene ocurriendo desde hace seis años, las diputaciones de València y Castellón se sumarán al fondo impulsado por el Consell del Botànic, de forma que aportarán la misma cantidad que la Generalitat a los municipios de su provincia, mientras que la institución alicantina, gobernada por el PP y Cs, dará la espalda una vez más a esta iniciativa, que se ha convertido en uno de su principales caballos de batalla contra el Gobierno que preside Ximo Puig.
En concreto, el Fondo de Cooperación Municipal para 2022 establece que los municipios con menor número de habitantes verán multiplicado por tres el importe mínimo que recibirán, pasando de 3.000 a 10.000 euros la cantidad base que recibían los pueblos más pequeños, lo que permitirá mejorar la liquidez económica de los municipios que más lo necesitan. Así lo defendió el director general de la Administración Local, Toni Such, tras acudir a la reunión de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Cooperación Municipal, un encuentro que estuvo presidido por la secretaria autonómica de Cohesión Territorial, Elena Cebrián, y al que también acudieron la directora general de Agenda Valenciana Antidespoblación, Jeannette Segarra, junto a representantes de las diputaciones de Valencia y Castellón, y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Como viene haciendo durante todo el mandato, Such agradeció públicamente la colaboración de las diputaciones de Valencia y Castellón, ambas presididas por socialistas, al tiempo que aprovechó para cargar contra la institución que lidera Carlos Mazón (PP), reclamando a la Diputación de Alicante que se sume a la iniciativa con el objetivo de evitar que los municipios de la provincia sigan "discriminados" respecto a los del resto del territorio autonómico al no recibir la aportación del organismo provincial. El responsable de Administración Local en el Ejecutivo botánico defendió que con el Fondo de Cooperación Municipal se transfieren "recursos económicos incondicionados con una distribución objetiva" e instó a los responsables de la institución provincial de Alicante a que se reflexione para reconsiderar su posición y que "no se discrimine a los municipios de su propia provincia".
"Sentimos mucho que se siga discriminando de forma activa a los municipios de la provincia de Alicante"
El Fondo de Cooperación Municipal se ha convertido en uno de los asuntos nucleares que alimentan la batalla política entre la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante o, lo que es lo mismo, entre las dos principales instituciones lideradas por la izquierda autonómica, con el socialista Ximo Puig al frente, y la derecha, encabezada por Carlos Mazón. La institución provincial ha boicoteado por sexto año consecutivo el plan inversor promovido por el Consell alegando que el Plan + Cerca, dotado con 30 millones de euros, refuerza las ayudas a los municipios de menor población, que reciben más de lo que les ingresa la Generalitat. De hecho, fuentes de la institución aseguran que para este ejercicio, 133 de los 141 municipios de la provincia recibirán más dinero con su modelo de reparto. La estrategia de Mazón no es nueva, pues la inició su antecesor en el cargo, César Sánchez, el pasado mandato, cuando el otrora todopoderoso PP perdió el control de buena parte de las instituciones de la Comunidad, convirtiendo la Diputación de Alicante en uno de los principales arietes contra el Botànic. Por contra, desde el tripartito de izquierdas que pilota la Generalitat se ha acusado reiteradamente a Mazón de no aplicar criterios objetivos en el reparto de ayudas, de repartir el dinero a dedo según determinadas afinidades. Con todo, este asunto ha alimentado la confrontación institucional y política con posiciones absolutamente enfrentadas que transcienden el ámbito del poder legislativo y que tienen mucho que ver con la estrategia para marcar posicionamientos políticos.
El pasado mes de octubre, las Cortes Valencianas blindaron por Ley el Fondo de Cooperación, una normativa que obliga a la Diputación a sumarse al plan de la Generalitat a partir del año 2023. El PP ha registrado un recurso en el Tribunal Constitucional al considerar que la norma va en contra de la autonomía provincial por su carácter obligatorio. Ahora todo queda en manos de una endiablada batalla judicial que nadie sabe cuándo ni cómo acabará.
