Las relaciones entre la Diputación de Alicante y el Consell llevan mucho tiempo dando muestras de que menos cordiales son cualquier cosa. En buena medida, por los argumentos que le ha venido dando a una y otra parte el Fondo de Cooperación Municipal. Sin embargo, el conflicto entre la institución provincial y la Generalitat acaba de llegar ahora al Tribunal Constitucional. Lo hace después de que este lunes, a primera hora de la mañana, el PP presentara un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Fondo de Cooperación Municipal, aprobada por el Botànic el pasado mes de noviembre. El presidente de la Diputación de Alicante y del principal partido de la oposición, Carlos Mazón, pasa así de las palabras a la acción y cumple con la amenaza con la que lleva amagando desde octubre de 2020, hace ahora 15 meses. El respaldo del PP a Mazón en el Congreso de los Diputados ha sido más que evidente, hasta el punto de que sólo eran necesarias 50 firmas y han acabado adhiriéndose al recurso todos los parlamentarios, con Pablo Casado a la cabeza, en una prueba evidente de fuerza.
El recurso registrado se centra en todos los preceptos que aluden a la participación forzosa de las diputaciones provinciales en el polémico Fondo de Cooperación y pivota en torno a tres puntos muy delimitados que se corresponden con lo que el PP considera que supone una contravención de la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Todo, en la medida en la que esta ley autonómica afecta a la autonomía provincial. Como antecedente más inmediato, se refugian en lo que ya ocurrió con el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2019 por el PP contra la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana. El Constitucional un año más tarde estimaba parcialmente las pretensiones de los populares.
En concreto, en su impugnación contra el Fondo de Cooperación, el PP sostiene que hay una vulneración de la garantía institucional de autonomía provincial en la medida en la que la normativa se excede de sus facultades de coordinación, invadiendo, con ello, el ámbito propio del ejercicio de las competencias de las diputaciones provinciales. En paralelo, se argumenta que se infringe la autonomía financiera de las instituciones provinciales tanto desde el punto de vista presupuestario como desde el punto de vista del gasto.
Por otro lado, en el recurso se subraya que la ley de la Generalitat contraviene el Estatuto de Autonomía, puesto que somete a coordinación una competencia de las diputaciones provinciales en la que no radica un verdadero interés general de la Comunidad Valenciana, y, además, no configura un fondo que siga los criterios del fondo estatal ni en lo que toca al origen de su haber ni en la distribución entre los municipios. De hecho, se afirma que «no existe en la norma justificación alguna para tal declaración de interés general, respecto a unas competencias que, en principio, responden a las relaciones ordinarias de prestación de servicios por parte de las diputaciones a los ayuntamientos». Ahora bien, el PP, en su impugnación, no se queda ahí y añade que «la totalidad de la norma tiene como única finalidad establecer unos mecanismos para disponer de los recursos de las diputaciones provinciales, creando un plan sectorial y una comisión de coordinación que suponen la excusa del cumplimiento de las formalidades exigibles por la doctrina constitucional, para hacer viable la intervención en los recursos económicos de las diputaciones».
En tercer lugar, se considera que hay una contravención de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local porque no se atiende al principio de subsidiariedad y tampoco se respeta el límite legal a la coordinación de aquellas materias de competencia provincial que excedan de su ámbito de interés propio.
Con estos puntos de partida, el presidente de la Diputación de Alicante y del PPCV ponía el acento en que poco menos que el Ejecutivo de Ximo Puig no les ha dejado otra opción. «La Generalitat ha optado por la imposición en lugar de dialogar y negociar, con una ley que vulnera la autonomía provincial. El Consell parece que está cambiando la campaña Tots a una veu por Tots a la meua veu», sentenció.
En cualquier caso, el PP no ha pedido medidas cautelares. De lo contrario, si el Constitucional no se pronunciara antes del próximo año, cuando debe entrar en vigor la Ley del Fondo de Cooperación Municipal, se podría haber llegado a paralizar el plan inversor de la Generalitat ya no sólo en Alicante, sino también en València y Castellón, que sí se han adherido voluntariamente a este programa.
Such: «El PP ha abandonado a los ayuntamientos en materia de municipalismo»
La respuesta desde las filas del PSPV tras saltar la noticia de que el PP ya había registrado el recurso de inconstitucionalidad no se hizo esperar. El director general de Administración Local, Toni Such, que es quien más activo se ha mostrado desde el Botànic en la defensa del Fondo de Cooperación, subrayó que «el PP ha abandonado a los ayuntamientos en materia de municipalismo». Such, en este sentido, acusó a los populares de fomentar un reparto poco objetivo desde la Diputación de Alicante, y les afeó que ahora se escuden en la adhesión forzosa al plan inversor del Consell, cuando tampoco se sumaron mientras tuvo carácter voluntario, antes de aprobarse la ley, que entra en vigor en 2023. «Vamos a abordar con claridad y con absoluta transparencia lo que es un recurso que entendemos que no puede llegar a ninguna parte porque lo único que pretende la Generalitat es aplicar la objetividad y la transparencia a la distribución de los fondos públicos», sentenció Toni Such.
No menos contundente se mostró el vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manolo Mata, a la sazón, síndic socialista en la Cortes. Denunció la «insolidaridad» del PP, y le acusó de «sabotear» las leyes aprobadas por el Parlamento autonómico. «La Diputación no es un reino de taifas, ni un búnker para intentar sabotear las políticas de la Generalitat Valenciana», sostuvo.
Por su parte, el portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Toni Francés, cargó contra Mazón, de quien dijo que es «la cara del peor PP en su trato a los ayuntamientos». Francés, de hecho, señaló que el recurso «es el culmen de un despropósito, de un disparate que ha supuesto que los ayuntamientos alicantinos hayamos dejado de percibir cerca de 82 millones de euros desde el año 2017».
Finalmente, el secretario provincial electo del PSPV-PSOE, Alejandro Soler, incidió en que la "espiral de negacionismo y obstrucción a la que está sometido el PP ante cualquier propuesta que presente el PSOE perjudica directamente a los municipios de esta provincia y prueba de ello es la decisión de boicotear el Fondo de Cooperación Municipal desarrollado con mucho acierto, sensatez y coherencia por el Consell de Ximo Puig”.
