El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido este jueves la necesidad de acelerar "al máximo" la implantación de las renovables en la Comunidad Valenciana, donde en 2030 está previsto cerrar la central nuclear de Cofrentes, que aporta el 40 % de la producción energética valenciana.
Además, ha defendido que el objetivo del Consell es que en 2030 la Comunidad Valenciana sea "cien por cien autosuficiente", para lo cual hay que agilizar todo el proceso de las renovables, que permitirá producir más energía eólica y fotovoltaica para tener "soberanía energética".
Puig ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que el decreto del Consell para impulsar la implantación de plantas renovables se aprobará este viernes o el de la semana que viene, una fecha en la que influirá "no tanto la relación política entre socios" sino cómo afecta a las distintas consellerias implicadas.
No obstante, ha revindicado que el objetivo en el seno del Consell "es común" y están "absolutamente de acuerdo en que hay que impulsar al máximo las renovables", pues "el drama de la emergencia energética" es que hay que "acelerar" ahora para lograr en los próximos años la soberanía energética.
Ha indicado que las medidas coyunturales pueden ir "taponando" algunas cuestiones, pero se necesitan medidas estructurales, y ha admitido que cuando se interviene en el territorio hay que buscar las menores lesiones posibles, mitigar los impactos medioambientales y hacerlo con "máxima eficiencia y eficacia".
"Si no, el bien superior, que es la prosperidad social de la Comunitat, está en peligro", ha indicado Puig, quien ha indicado que el futuro Plan valenciano para hacer frente a la emergencia energética incluirá medidas para aumentar exponencialmente la producción de energía, como impulsar las renovables, el hidrógeno verde y el autoconsumo, junto a la eficiencia y el ahorro energético.
Reactivación económica
Mientras tanto, las Corts valencianas han aprobado este jueves que el Consell elabore un plan contra la despoblación y la reactivación económica del área de influencia de la central nuclear de Cofrentes, para evitar los efectos negativos de su cierre y dotarla de alternativas industriales para el mantenimiento de la actividad económica y el empleo.
La iniciativa, presentada por el grupo socialista, se ha debatido en la comisión parlamentaria de Medio Ambiente, y se ha aprobado con los votos de los grupos del Botànic más el PP, mientras que Ciudadanos se ha abstenido y Vox ha votado en contra.
El acuerdo pide que el plan sea plurianual y se haga en colaboración con el Gobierno de España, las Administraciones y los agentes socioeconómicos afectados; que se cree una comisión interinstitucional para el desmantelamiento de la nuclear de Cofrentes; y que se pidan al Ejecutivo central fondos europeos para reactivar estos municipios.
Este plan debería "anticipar los efectos negativos" del cierre de la central e "identificar y aprovechar" las oportunidades de desarrollo de iniciativas públicas y privadas vinculadas a la cultura, la creatividad, el turismo de bajo impacto o la producción y la industria agroalimentaria, entre otros.
La propuesta ha sido defendida por el diputado socialista David Calvo, quien ha recordado que la explotación de la central de Cofrentes -la de mayor potencia del parque nuclear español, con 1.092 megavatios, y que cumplirá 40 años de operación en 2024- debe cesar definitivamente el 30 de noviembre de 2030.
Ha explicado que la zona del entorno de la central tiene una alta dependencia económica de ella, pues carece de alternativas industriales y hay muchas actividades indirectas y el empleo ligadas a ella, de forma que constituye el motor socioeconómico del Valle de Ayora-Cofrentes, extendiéndose su influencia económica a las comarcas limítrofes.
Por ello, ha considerado que un cierre "repentino y no planificado" en el tiempo "imposibilitaría una transición justa" en el área de influencia de la central, por lo que es "imprescindible" un plan de dinamización empresarial que evite el despoblamiento de las comarcas y municipios del interior de la Comunitat Valenciana.
La diputada del PP Elisa Díaz ha señalado que el 45 % de la energía que se usa en la Comunidad procede de Cofrentes y ha apuntado que "mientras no haya renovables suficientes para responder a la demanda, difícilmente se va a poder cerrar. Hablamos de diseñar una alternativa de vida para todo el Valle de Ayora".
A juicio de la diputada de Compromís Graciela Ferrer "la central se debería haber cerrado en 2021, pero se llegará a 2030 con el compromiso de iniciar el desmantelamiento. Defendemos un modelo energético descentralizado, vinculado al autoconsumo y basado en energías renovables".
Para Beatriu Gascó, de Unides Podem, la central debería estar ya cerrada "porque tiene más de 40 años y es un riesgo", al tiempo que ha defendido un plan que potencia la instalación de energías renovables respetando las tierras fértiles y el paisaje, y que huya de la especulación.
Desde Ciudadanos, Eduardo del Pozo ha señalado que el PSPV "no se da cuenta de que estamos ante una grave crisis energética, con una factura de la luz disparada, y no quiere ver que otros países como Estados Unidos, Francia o China están apostando por la energía nuclear, como recomienda también la Comisión Europea".
José Luis Aguirre (Vox) ha apostado por la "soberanía energética", es decir, que "España sea autosuficiente", y ha opinado que "si los técnicos consideran que se puede ampliar la vida de las centrales a 60 u 80 años, que se haga, como en otros países de Europa".
