Suenan tambores de guerra en el Partido Popular (PP) de Orihuela y no solo por la inminente moción de censura que se votará el próximo 25 de abril. La maniobra rubricada por el PSOE, Ciudadanos y Cambiemos (formación ligada a Unides Podem) para arrebatar la Alcaldía a Emilio Bascuñana (PP) se produce en un contexto de aguas revueltas para los populares en la capital de la Vega Baja. En tiempos de dificultades, la lucha entre los dos bandos enfrentados en el municipio se ha recrudecido y la gestora impuesta por el PPCV que lidera Carlos Mazón ha sido incapaz, al menos por el momento, de sofocar el fuego interno. Hasta el punto de que la exsecretaria de organización, Begoña Cuartero, ha denunciado que la composición de la gestora es irregular y, por tanto, ha pedido al Comité de Derechos y Garantías del partido que la disuelva. Y no solo eso, sino que ha advertido, además, que son muchos los militantes que no reconocen la legalidad de ese órgano que fue implantado a la fuerza, precisamente, para tratar de neutralizar el que se ha convertido en el principal polvorín del PP en la provincia.
Cuartero, que fue destituida de su cargo el pasado 13 de diciembre, cuando el Comité Ejecutivo Regional del PPCV acordó imponer la gestora, apartando así a la ejecutiva que presidía Dámaso Aparicio, ha remitido un duro escrito al Comité de Derechos y Garantías del partido, en definitiva, a Génova, para advertir de las supuestas irregularidades que, a su juicio, se han producido en la nueva estructura orgánica municipal. Apunta a dos hechos concretos. El primero, que cuatro miembros de la actual gestora concurrieron a las elecciones de 2015 bajo el paraguas de Foro Demócrata. Cuartero sostiene que todos ellos perdieron la condición de afiliados tras ser expulsados del PP y que, hasta que ella estuvo al frente como secretaria de organización, ninguno de ellos había solicitado el reingreso. A ese respecto, remarca que para acceder a cualquier cargo orgánico del partido, y tener derecho a voto en la organización, deben estar afiliados un mínimo de 12 meses y al corriente de la cuota, "algo imposible para estos cuatro componentes de la gestora, pues si se encuentran expulsados del partido, difícilmente pueden estar al corriente de cuota o militando en nuestra organización", subraya.
En ese sentido, asegura que hasta junio de 2021, cuando se preparaba el congreso autonómico que puso a Mazón al frente de la sala de mandos del partido, ninguno de ellos era afiliado. "Esto impide que un tiempo récord de seis meses, puedan pasar de no formar parte de nuestra organización a integrar un órgano de dirección tan sensible como una gestora", señala Cuartero. Por todo ello, exige explicaciones sobre los preceptos que refrendan el nombramiento de esa gestora y el trámite que se ha seguido para reintegrarlos supuestamente en el partido. Se trata de Víctor Bernabéu, Jesús Plaza, Laura Riquelme y Mónica Pastor, todos ellos afines a la exregidora Mónica Lorente, aliada histórica de Mazón, con orígenes ambos en el zaplanismo.
La ofensiva de Cuartero no acaba ahí, si no que la exconcejala vuelve a airear además trapos sucios que ya se conocían pero a los que ahora pone cifras. Asegura que a fecha de la disolución de la ejecutiva que, según remarca, fue legitimada por los militantes en la asamblea de 2017, el grupo municipal popular y sus integrantes, liderados por Bascuñana, debían al PP más de 50.000 euros con base en acuerdos adoptados por la ejecutiva local y refrendados, según remarca, por el Comité al que dirige su misiva. Se trata de una consecuencia más de las hostilidades entre ambos bandos, el encabezado por Bascuñana y el liderado por Aparicio, por el cual los ediles afines al regidor, su núcleo duro, se han venido negando a abonar las aportaciones de su sueldo público al partido. Esa es una situación que ha motivado que el PP de Orihuela carezca de sede en estos momentos tras verse obligado a abandonar dos oficinas en poco más de tres años por no poder hacer frente a los pagos. Todo ello, según relata Cuartero, desembocó en que en los preparativos del XX Congreso Nacional del PP que se celebró en Sevilla los días 1 y 2 de abril, los militantes de Orihuela tuvieran que votar la candidatura de Feijóo en un bar, un proceso que, según Cuartero, se llevó a cabo "sin garantías de ningún tipo". Para más inri, asevera Cuartero, los miembros de la mesa que custodiaron las votaciones fueron, a su vez, los integrantes de la gestora que no son afiliados PP pero que tuvieron en su poder "listados con datos internos, sensibles y personales" de los afiliados.
"Espero que el Comité pueda rectificar el acuerdo adoptado al ser contrario a las normas estatuarias del PP y por analogía al más básico derecho fundamental de asociación y todo ello en aras de cerrar, de una vez por todas, la sangría de votos que sufrimos desde 2015", concluye Cuartero con relación a la aprobación de la gestora impulsada por Carlos Mazón.
El PPCV alega que todos los integrantes son afiliados y cumplen los requisitos
«La gestora de Orihuela es totalmente legal y las personas que la integran también, son afiliados y cumplen con todos los requisitos». Así de contundente fue la respuesta que hicieron pública este lunes fuentes del PPCV tras conocer el escrito enviado por la exsecretaria de organización del partido en la capital de la Vega Baja, Begoña Cuartero. En ese sentido, subrayaron que la gestora fue constituida formalmente por el Comité Ejecutivo Regional el 13 de diciembre de 2021 y en dicha reunión no se manifestó ninguna de las cuestiones que alega Cuartero, adoptando la decisión y resolución por unanimidad de todos los integrantes. En declaraciones a este medio, las mismas fuentes apuntaron que se siguió escrupulosamente el trámite reglado, tal y como se ha realizado en otras ocasiones en la constitución de gestoras locales.
Con todo, se aseguró que el documento remitido por Cuartero no ha tenido entrada en el Comité de Derechos y Garantías del PPCV hasta la fecha. «En el momento en el que conste el registro del mismo, será analizado por sus integrantes en la próxima reunión ordinaria que se convoque», destacaron desde el PPCV.
Así las cosas, se aseveró que el PP de Orihuela tiene todo el respaldo de la dirección regional y provincial de Alicante, asegurando que tienen «un partido fuerte y unido» y destacaron que Cuartero «es una afiliada más y no puede hablar en nombre del partido ni de la gestora local». Por su parte, el vicesecretario de Organización del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca, consideró que «el partido está más fuerte que nunca, en proceso de reunificación y preparando la gran unión del centro derecha en Orihuela para las próximas elecciones». Lo que hay que hacer, según remarcó, es «remar todos juntos para revertir esta penosa situación en la que el PSOE, Cs y podemos nos quieren meter», señaló con relación a la inminente moción de censura.
