Pocos se han sorprendido por la ruptura de PP y Ciudadanos como equipo de gobierno en Orihuela, lo que muchos califican como la muerte de un divorcio anunciado después de que los desencuentros fueran en aumento desde que firmaron un pacto en 2019. Desavenencias y cruces de acusaciones que han paralizado la gestión en el Ayuntamiento ante una mayoría ficticia (de 14 concejales frente a 11) que en la práctica se traducía en la imposibilidad de alcanzar acuerdos.
Los populares han descrito un escenario de "piedras en el camino", "palos en la rueda" y "una espada de Damocles permanente" que no se ha disuelto antes en aras de "la estabilidad en el gobierno", pero lamentado públicamente que la administración local no tenga potestad para convocar elecciones anticipadas. Al mismo tiempo han indicado que han ejercido una labor de "vigilancia y control" para evitar las pretensiones de su socio: "Convertir el Ayuntamiento en un aparato al servicio particular de quien mueve los hilos en CLR [Centro Liberal Renovador] con sus dos empresarios detrás", en referencia al origen de Ciudadanos.
De la otra parte, la formación naranja ha denunciado "un bloqueo permanente", pero sobre todo las hostilidades se han hecho evidentes y han fragmentado el consistorio a cuenta de las áreas de gestión. Ya en septiembre, Emilio Bascuñana retiró competencias a la edil de Recursos Humanos, Luisa Boné. El alcalde acusaba a la concejal de Ciudadanos de querer sobrepasar "la raya de la legalidad", después de que el vicealcalde José Aix y Boné denunciaran "injerencias" y "boicot".
En ese pulso y lucha de poder en el bipartito, los episodios públicos de enfrentamiento fueron en aumento, y la gota de colmó el vaso se produjo a mediados del mes pasado. Bascuñana propuso nuevas competencias que provocaron otro cisma. La junta de gobierno aprobaba una propuesta con los votos en contra de Ciudadanos para delegar nuevas funciones a los concejales de Urbanismo, Contratación y Hacienda. Al día siguiente, el vicealcalde acusaba a al alcalde de vaciar de contenido la junta de gobierno: "Nos parece una atrocidad y un auténtico atropello para la convivencia de este gobierno; es un atraco, una afrenta, una provocación más que culmina en que Bascuñana ha dinamitado el pacto, y hasta aquí hemos llegado". Carolina Gracia, portavoz del PSOE, que el 25 de abril será la nueva alcaldesa si prospera la moción de censura, manifestó entonces que el bipartito de PP y Ciudadanos "es un matrimonio que con lo único que se arregla es con un divorcio".
Antes, Bascuñana designó sin Cs el tribunal para las plazas de Policía Local, retirando a su socio competencias y pidiendo al Consell ayuda para nombrar un órgano que fuera más imparcial. También se aprobó un proyecto para regular las áreas del Ayuntamiento con acusaciones entre ambos partidos. La junta de gobierno local sacó adelante, con los votos a favor del PP y sin el apoyo de Ciudadanos, el proyecto de reglamento orgánico que establece los niveles esenciales de la administración del Ayuntamiento; esto es, la regulación de las diferentes áreas de la corporación, algo que la formación naranja calificó como "el decretazo del organigrama municipal", al "ningunear" a Boné en la tramitación del expediente de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el instrumento con el que las administraciones diseñan su estructura de personal.
Esta disputa se escenificó además en el pleno de febrero, cuando Bascuñana aprobó el reglamento municipal con el respaldo de la oposición y el rechazo de su socio. Boné fue tajante: "Es una revocación e incumplimiento manifiesto del acuerdo de gobernabilidad", considerando que es "un atentado y una intromisión" hacia sus competencias. El edil socialista Guillermo Cánovas hizo un símil con la Semana Santa: "Se podría sacar un nuevo paso, 'La negación de Ciudadanos', siendo portado por los concejales del PP", porque "esto sí que es penitencia, estar soportándose mutuamente sin aguantarse".
Aix también ha denunciado que incluso "han habido licencias urbanísticas que se han tramitado a espaldas de este concejal". El sector de la construcción ha criticado que Orihuela es uno de los ayuntamientos que más tardan en otorgarlas. Casi toda la actividad de tramitación urbanística está paralizada desde el mes de noviembre, sobre todo las solicitudes de licencias de obra mayor de constructoras y urbanizadoras de vivienda turística, el principal motor económico del municipio oriolano.
Otro enfrentamiento reciente ha sido por la nueva licitación de la zona azul. Unos dijeron que era responsabilidad de Infraestructuras, que gestiona Ciudadanos, y los otros que debía haberlo agilizado Contratación (PP). El resultado es que desde mediados de enero los parquímetros están precintados, aunque el último pleno ha acordado que mientras se hará cargo del servicio una empresa municipal.
Un caballo de batalla recurrente entre ambos desde hace más de un año ha sido el pago de las facturas por el servicio de mantenimiento, conservación y reparación de vías en la costa, un contrato que se adjudicó en febrero de 2020 a la empresa Zaplana Caselles. El PP votando a favor y Ciudadanos en contra de abonar las cuantías mensuales. Esto ha provocado atrasos hasta el punto de que la mercantil ha registrado en dos ocasiones escritos para suspender el contrato por impagos, lo que conllevaría una indemnización por daños y perjuicios que debe desembolsar la administración, algo que finalmente se ha abortado pagando in extremis facturas pendientes.
Tan desgastadas estaban las relaciones que incluso el PP buscó el apoyo en la oposición para sacar adelante los presupuestos, que llevan prorrogados desde 2018. En este capítulo, resaltó el rechazo de Ciudadanos a comprar el edificio de la CAM con una modificación de crédito de 3 millones de euros con cargo a los remanentes -o superávit- para su adquisición. Hasta el punto de que la formación naranja votó con Vox y Cambiemos en contra.
Un empeño de los populares que se tradujo en varios intentos frustrados que tensaron el debate político a final de año. "Comprar la CAM o seguir manteniendo un bloqueo absoluto", insistió Gracia. En palabras de Carlos Bernabé, de Cambiemos, "hay un gobierno con mayoría absoluta, formado por dos partidos, sin ser capaz de traer nada a nivel presupuestario para acometer inversiones como estas", algo que calificó de "esperpento y ridículo". "Las sociedades cuando no funcionan se disuelven. Llevan mucho tiempo así. Más que un socio tienen un lastre. Decidan si quieren seguir con ese lastre o ir por libre y alcanzar acuerdos con el resto", dijo al PP María Asunción Aniorte, de Vox.
Repercusiones en la gestión
Todo ello, se ha traducido en un bloqueo en la gestión que ha imposibilitado, por ejemplo, la actualización de un servicio tan importante como la recogida de basuras y limpieza viaria, que fue diseñado hace 14 años. También Ciudadanos advirtió de deficiencias en la limpieza de los edificios públicos de Orihuela a partir de marzo, afirmando que el PP no atendía a los requerimientos para ampliar un contrato de 2018 que no respondía a las nuevas necesidades.
Han sido recurrentes las denuncias del PSOE sobre el "caos" en la gestión que "tiene a Orihuela sumida en un descontrol nunca antes visto". Gracia sostuvo que "se acusan de invadir las competencias de unos y otros, mientras descuidan sistemáticamente las áreas y contratos que dependen de su trabajo", en referencia a, por ejemplo, que la concejala de Contratación, Sabina Goretti Galindo (PP), resolvió in extremis prorrogar el servicio de chiringuitos de playa en Orihuela Costa a Chiringuitos del Sol hasta que se adjudique un nuevo contrato. La decisión, rubricada por la edil y el secretario general del pleno, fue impulsada por el grupo popular en contra del criterio de Ciudadanos, que ostentaba las competencias de Playas.
El desencuentro también ha retrasado la creación de la Oficina de Vivienda, siendo el alquiler del local y la asignación de personal los principales escollos que impedían fijar una fecha.
