La estrategia iniciada por la conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, liderada por Gabriela Bravo, para avanzar en el objetivo de abolir la prostitución en la Comunidad Valenciana cuenta con detractores en el propio Consell. El departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas, encabezado por Mónica Oltra, ha presentado alegaciones en contra de la modificación de la Ley de Espectáculos, que propone sancionar con hasta 60.000 euros a los prostíbulos. Alega principalmente dos cuestiones. Por un lado, que el área de Bravo "se arroga competencias" de las que carece, pues advierte de que no tiene potestad para regular esta cuestión y que, además, está entrando en un terreno que corresponde, precisamente, a Igualdad. Por otro, subraya que la vía abolicionista que se persigue no solo no funciona, sino que acaba perjudicando todavía más a las personas, en su gran mayoría mujeres, que se encuentran en contextos de prostitución. Son exactamente las mismas alegaciones han sido presentadas por la conselleria de Economía, que, como la de Igualdad, está en manos de Compromís.
El posicionamiento de Oltra, contrario a la hoja de ruta de Bravo, no es ningún secreto. Sus posturas divergentes son de sobre conocidas y, de hecho, el pasado viernes la vicepresidenta defendió públicamente que para erradicar la prostitución "hace falta algo más que medidas punitivas", por lo que abogó por escuchar a las víctimas y redactar una norma que no les perjudique. Ahora ha ido un paso más allá presentando alegaciones en contra del borrador de los cambios en la Ley de Espectáculos que promueve su compañera de gobierno. Aunque, formalmente, la objeciones han sido registradas por el secretario autonómico de Igualdad y Diversidad, Rubén Sancho, siguen al pie de la letra lo que defiende la consellera y lideresa de Compromís. Porque, en definitiva, el choque de trenes que se está materializando en el Ejecutivo del Botànic con la prostitución como trasfondo va más allá de las posturas de ambas conselleras y evidencia el enfrentamiento entre los dos socios mayoritarios del Ejecutivo, es decir, entre el PSPV-PSOE y los valencianistas.
"La propuesta de modificación (de la Ley de Espectáculos) se enmarca en un discurso punitivista de la prostitución y sitúa en un marco de mayor vulnerabilidad a aquellas mujeres que ejercen la prostitución, especialmente a aquellas que menos recursos tienen o que se encuentran en situación administrativa irregular. Se sanciona, en última instancia, la pobreza y la migración", recogen las alegaciones presentadas por Igualdad.
En ese sentido, se destaca que el marco abolicionista que defiende Bravo, "aumenta la estigmatización social de las mujeres que ejercen la prostitución y debilita sus redes de apoyo", destacando asimismo que las medidas afectarán en gran medida a las personas trans, que sufren un desempleo del 85%, y han de recurrir al trabajo sexual como única opción.
"Consideramos que el órgano proponente se arroga competencias que corresponden a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas. Y en este sentido no resulta apropiada la modificación de una Ley de espectáculos públicos con el objetivo de abolir la prostitución, dado que éste último excede el marco sustantivo de la ley, así como las competencias autonómicas", prosigue el documento registrado para tratar de frenar la modificación normativa.
Sobre la arrogación de competencias que corresponden a Igualdad, las alegaciones señalan que la modificación expone que parte de la perspectiva de la protección de las mujeres y de la promoción de la igualdad, pero la conselleria que dirige Bravo "no es competente en materia de igualdad de género, reconocimiento de los derechos de las mujeres y lucha contra la violencia de género y machista". Además, Igualdad destaca que la consideración y regulación legal de la prostitución es una competencia estatal, y por tanto "la abolición de esta realidad no regulada excede las competencias autonómicas, objetivo que pretende conseguirse con la propuesta de esta modificación normativa".
En las alegaciones, Igualdad alerta de que según la exposición de motivos, esta reforma tiene como objetivo eliminar toda forma de prostitución que se desarrolla dentro de los locales y establecimientos regulados en la Ley de Espectáculos, por lo que "sorprendentemente, se podría deducir que se considera la prostitución como espectáculo público, actividad recreativa y/o actividad ociocultural desarrollada en estos locales y establecimientos". Añade además que: "Pese a que se indica que con la modificación propuesta se pretende sancionar únicamente la demanda de prostitución en los establecimientos públicos, la difusión de publicidad de prostitución, la tercería locativa y el uso para actividades de prostitución de establecimientos con licencia incluida en el catálogo de la Ley 14/2010, estas sanciones suponen, de facto, una sanción indirecta a las mujeres que ejercen la prostitución", afirma Igualdad.
Para la Conselleria de Oltra, si las personas prostituidas se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad deberían adoptarse medidas para favorecer y garantizar la salida de esta situación, como las que lleva a cabo Igualdad, y "no agravarla a través de la penalización indirecta de las mujeres que se dedican a la prostitución".
Finalmente, explica que Suecia implantó en abolicionismo en 1999 y desde entonces no ha disminuido la demanda ni el consumo de prostitución, sino que se ha traslado a lugares menos visibles, y que un informe de Amnistía Internacional sobre el abolicionismo en Noruega refleja una intensificación del estigma social y la discriminación de las mujeres.
Los socialistas valencianos se encuentran especialmente molestos con todo este asunto y alegan que en octubre de 2021 todos los partidos que sustentan al Botànic, es decir, el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem aprobaron en las Cortes valencianas una proposición no de ley a favor de la abolición de la prostitución. En ese sentido, además, el partido que lidera Ximo Puig va a presentar el modelo de Ordenanza Municipal Abolicionista elaborado en el marco del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución que, según destaca, protege a las mujeres y multa con hasta 3.000 euros a quienes demanden sexo pagado, así como a los intermediadores y los locales donde se ejerza esta "forma de violencia de género". Está por ver si a nivel municipal, los socialistas reciben apoyo de los valencianistas, con quienes comparten diversos gobiernos, como por ejemplo el de Elche. Con todo, la reforma legislativa que promueve Bravo necesita consenso en el Botànic y los últimos movimientos de Oltra evidencian que, hoy por hoy, no hay acuerdo a la vista.
