La reunión de las síndicas en las Cortes de los tres partidos del Botànic con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) dejó algo muy claro este lunes: que, pese a lo que ocurra en la Cámara, va a seguir generando una gran división, entre los tres socios de la coalición que gobierna la Comunidad y entre los ayuntamientos socialistas. De hecho, algunos de los alcaldes y representantes del PSPV que participaron en el encuentro pidieron informes en los que se aclare cuál será el impacto real del nuevo impuesto a las pernoctaciones y mostraron su malestar por las consecuencias que puede suponer para sus municipios. De hecho, dejaron patente que, pese a que las Cortes le den el visto bueno, no implantarán la tasa. No hubo votación y, por tanto, tampoco posicionamiento oficial, pero sí mucho malestar.

Tras la exposición de las síndicas Ana Barceló, Papi Robles y Pilar Lima a los representantes de la FVMP, la sensación generalizada es que el impuesto completará su tramitación parlamentaria a partir del pleno de este jueves. En la reunión, Partido Popular y Ciudadanos volvieron a mostrarse totalmente en contra a lo que el alcalde de Benidorm, el popular Toni Pérez, definió como un «nuevo impuesto» que busca penalizar al sector turístico. Las representantes del Botànic, por su parte, ofrecieron sus argumentos a favor de la tasa, aunque en el caso del PSPV se encontraron con la oposición, principalmente, de los regidores de municipios del litoral.

Entre las voces socialistas que también han expresado su rechazo se encuentra la ejecutiva de Alicante, que cree que ahora no tiene sentido su puesta en marcha tras haber encadenado una guerra a dos años de pandemia.

Pese al ruido que ya está provocando el debate de la tasa, desde el seno del PSPV se le intenta quitar hierro al asunto para evitar un nuevo cisma con sus aliados. Para ello se emplean argumentos como que la decisión última quedará en manos de los ayuntamientos o que la moratoria acordada provocará que el nuevo impuesto no se empiece a aplicar hasta 2024. Con todo, se reconoce abiertamente que la tasa no es plato de buen gusto y que hay que hacer un juego de equilibrios entre la postura del partido y lo que se acordó con los socios.

En esta línea, incluso con mayor rotundidad, ya se posicionó Barceló a finales de la semana pasada, cuando manifestó abiertamente que «no es el momento» para gravar las pernoctaciones. La síndica en las Cortes del grupo socialista fue la que dio el pistoletazo de salida el pasado martes, cuando empezó a dejar en el aire el sentido del voto de los suyos en el pleno «escoba» que tendrá lugar el jueves.

Los argumentos económicos también son los que emplea el presidente, Ximo Puig, para justificar su rechazo al impuesto, en una línea similar a la expresada por las patronales hosteleras de la Costa Blanca. El líder del PSPV ya hizo una defensa acérrima de su gestión económica en la última sesión de control, el pasado jueves. Que ahora tire de los números y se posicione más cercano a los empresarios se entiende como un viraje hacia el centro tras el resultado de las elecciones andaluzas y las encuestas que dan una victoria a la derecha en 2023.

Otra cosa es lo que pueda pasar en las Cortes. En el seno del PSPV, incluso entre las voces más críticas con la tasa, se da por hecho que se aprobará.