Muchos han sido los encontronazos institucionales que han protagonizado la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana durante el actual mandato. Eso sí, ninguno ha tenido tanta repercusión y tanto recorrido como el relacionado con el Fondo de Cooperación Municipal impulsado por el Consell. Esta polémica ha vivido un nuevo capítulo esta semana, después de que el miércoles la institución provincial diera a conocer que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana el programa inversor para pedir su suspensión cautelar. Este anuncio llega en un momento clave, en el que el equipo de gobierno, comandado por el PP con el apoyo de Cs, empieza a verse presionado por el tiempo para diseñar las cuentas de 2023. Más si quiere alcanzar el consenso con la oposición, con PSPV y Compromís. El jueves, de hecho, se celebrará un pleno extraordinario en el Palacio Provincial para dar luz verde a la presentación del recurso, lo que debe allanar el camino de los próximos pasos que se darán desde la Diputación.
13,4 millones
La ley que regula el fondo obliga a la institución que preside el popular Carlos Mazón a comprometer 13,4 millones de su presupuesto del próximo año para ser repartido entre los ayuntamientos. Ante esta situación, los servicios jurídicos de la Diputación han emitido un informe que ha llevado a la Comisión de Hacienda a proponer al pleno la interposición de un recurso contencioso-administrativo con la intención de suspender el acuerdo del Consell. «Desde el primer momento se ha rechazado el carácter obligatorio del fondo y el camino de la imposición por el que ha optado el presidente Ximo Puig», manifestó Mazón el miércoles. Un día después, el también líder del PPCV, se reafirmó: «Desde el Palau no se decide lo que se hace con los fondos municipales para la provincia de Alicante». La Generalitat no tardó en responder a la declaración de intenciones de la Diputación. Lo hizo a través del director general de Administración Local, Toni Such, quien acusó a Mazón de promover la confrontación institucional y denunció que el equipo de gobierno de PP y Cs realiza un «intento de boicot».
Desde la Diputación se ha venido avisando de que los 13,4 millones que se tienen que destinar para contribuir con el plan del Consell, frente a la financiación de sus propios proyectos, puede bloquear la ejecución de numerosas obras que están acordadas con los municipios, incluso algunas que ya se encuentran en marcha en estos momentos. De nada ha servido la comisión bilateral con la que se ha tratado de alcanzar un acuerdo en torno al fondo, convertido desde hace seis años en uno de los principales caballos de batalla entre la Generalitat y la Diputación. El conflicto va más allá del ámbito de las competencias y pone de manifiesto la rivalidad entre las dos principales instituciones lideradas por la izquierda y la derecha en la Comunidad Valenciana. Esta batalla irá a más conforme se vayan acercando las elecciones autonómicas del próximo año, con sus dos cabeza de cartel, Puig y Mazón, enfrascados ya desde hace meses en una batalla sin cuartel por el control del poder en el territorio valenciano.
Cambio de estrategia
En medio de la disputa entre la Generalitat y la Diputación ha sorprendido el cambio de estrategia protagonizado esta semana por la institución provincial, al anunciar la presentación de un recurso ante el TSJCV para pedir la suspensión del Fondo de Cooperación, en un asunto que ya se encontraba judicializado desde hace meses. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el pasado marzo el recurso que presentó el PP, escudándose en que la normativa atenta contra la autonomía financiera. El texto que los populares presentaron ante el Alto Tribunal esgrime, entre otras cuestiones, que en ninguna de las comunidades autónomas se ha obligado a las diputaciones a formar parte de un plan como el impulsado por el Consell.
Al fondo de esta polémica aparecen los presupuestos de 2023 de la institución provincial. El pulso que se está llevando a cabo por el fondo ya fulminó el año pasado el consenso en las cuentas. PP y Cs sacaron adelante los números con la abstención de Compromís y el voto en contra del PSPV por el rechazo del equipo de gobierno a sumarse al plan inversor del Consell. Tanto el portavoz, Toni Francés, como los otros trece diputados socialistas votaron en contra, tras su abstención en 2021.
