El Castillo de Santa Bárbara de Alicante fue el escenario elegido por la izquierda valenciana para reeditar el pacto del Botànic. El 12 de junio de 2019, el PSPV, Compromís y Unides Podem firmaban el acuerdo de Gobierno que apuntalaba el segundo mandato al frente de la Generalitat, con la novedad de que los morados, esta vez sí, se incorporaban en el Consell. El denominado «Acuerdo para un gobierno valenciano progresista» ha sido desde entonces la piedra angular sobre la que han pivotado esta legislatura las políticas de un Ejecutivo liderado por el presidente, Ximo Puig, con un organigrama conformado por un total de doce áreas. De aquella foto de familia inicial han desaparecido siete de sus doce componentes. La última en caer, en su caso forzada por un decreto de destitución fulminante, ha sido la ilicitana Mireia Mollà, quien ha sido cesada de sus competencias en Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Esa ha sido, sin duda, la salida más traumática de todas las registradas en lo que va de mandato, incluso de toda la historia botánica, con una expulsión que refleja la convulsa situación por la que atraviesan los valencianistas. Sobre todo, a partir de la caída en desgracia de su pieza clave, Mónica Oltra, y las luchas de poder consiguientes que se recrudecen en un contexto preelectoral, cuando resituarse es crucial para buscar la supervivencia.
Solo tres nombres, dos por la cuota del PSPV y uno más por la de Compromís se mantienen al frente, no solo desde 2019, sino desde el vuelco histórico que se registró en 2015, cuando el PP perdió el poder tras dos décadas al mando de la Generalitat. Los tres comparten, además, otra característica en común, como es el hecho de que continúan ejerciendo las mismas competencias desde el primer día: Puig al frente de la Presidencia, Gabriela Bravo como titular de Justicia y Rafa Climent a los mandos de Economía Sostenible. Todos ellos se subieron al barco en la travesía inicial del Botànic, que surcó su primer mandato formalizando tan solo un relevo que, además, se proyectó inicialmente como un triunfo. Con el matiz de que Climent siempre se vio como la pieza más débil de Compromís y, al final, es el único superviviente de los valencianistas.
El único cambio en el primer Botànic llegó porque la consellera que había pilotado la primera reversión de un área de salud privatizada, Carmen Montón, se ponía al timón del Ministerio de Sanidad, integrada en el Gobierno de Pedro Sánchez. Claro que esa alegría duró bien poco, exactamente 100 días, que es el tiempo que tardó en dimitir por el caso relacionado con las presuntas irregularidades en la obtención de un máster. Su apresurado viaje de ida y vuelta a Madrid posibilitó entonces que Ana Barceló desembarcara en el Consell.
Entre la orla del final del primer Botànic y la instantánea que reflejó la continuidad del Ejecutivo de izquierdas en 2019 sí hubo algunos cambios significativos. Además de Puig, Bravo y Climent, siguieron ocupando sus carteras Mónica Oltra (Vicepresidencia y Políticas Inclusivas), Vicent Marzà (Educación), Vicent Soler (Hacienda) y Ana Barceló (Sanidad). Hubo relevos en Política Territorial, que tenía al frente a María José Salvador y dio paso a Arcadi España; y también en Agricultura y Transición Ecológica, donde Mireia Mollà entró a ocupar el puesto que desempeñaba hasta ese momento Elena Cebrián. Tampoco Manuel Alcaraz siguió en Transparencia, un departamento que pasó a manos de Unides Podem, con Rosa Pérez Garijo por la cuota de EUPV. La segunda vicepresidencia y Conselleria de Vivienda la dirigió Rubén Martínez Dalmau, de Podem, al tiempo que Carolina Pascual asumía el reto de apuntalar la primera conselleria descentralizada en Alicante, la de Innovación.
Con esos cambios, el segundo Botànic inició su travesía, con el bagaje de cuatro años en los que la actividad legislativa fue frenética. El Consell se mantuvo estable, sin variaciones en el primer escalón, hasta que en agosto de 2021 se produjo la primera baja. Martínez Dalmau formalizaba su renuncia por desencuentros con la nueva síndica de los morados en las Cortes Valencianas, Pilar Lima, que se hizo con el poder orgánico y sustituyó a Naiara Davó. El reemplazo fue rápido, indoloro en lo que a la estabilidad del Gobierno competía, y se zanjó con el aterrizaje de Héctor Illueca como vicepresidente, tras estar al frente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de España. Ese fue el primer recambio, el que abrió la veda a toda una serie de crisis de gobierno que se han saldado con el relevo de siete consellers en un periodo relativamente corto, de tan solo 14 meses.
La renuncia de Marzà fue toda una sorpresa. El 11 de mayo, y de forma inesperada, el responsable de Educación anunciaba su salida del primer escalón de la Generalitat para continuar como diputado raso y centrarse en el partido, en engrasar la maquinaria orgánica de Més y, a fin de cuentas, de Compromís. Todo en un momento en el que la espada de Damocles ya se cernía sobre Oltra con relación al caso de abusos sexuales cometidos por su entonces marido hacia una menor tutelada por la Generalitat. La hasta entonces secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, fue designada como nueva consellera de Educación, Cultura y Deporte. Para ese entonces, ya se daba por hecho que el presidente de la Generalitat, que había barajado durante meses la posibilidad de abrir una crisis de gobierno en las áreas de competencia socialista, sería el siguiente en mover ficha. Y así fue.
La apuesta por resetear el Consell a un año de las elecciones, y cuando se ponía rumbo a consolidar la recuperación pospandemia, se saldó con cambios en un total de cuatro consellerias. De esa forma, Carolina Pascual saltó del departamento de Innovación. Su puesto lo ocupó la senadora Josefina Bueno, en una clara apuesta del president por imprimir un perfil más político a la conselleria con sede en Alicante. La exalcaldesa de Sax Ana Barceló salió de Sanidad, fue recolocada como síndica en las Cortes, y en su lugar continuó Miguel Mínguez. Soler dejó de estar al mando de Hacienda y su puesto lo ocupó Arcadi España, mano derecha de Puig en el Consell y hasta ese entonces responsable de Política Territorial; un área que pasó a estar dirigida por Rebeca Torró.
Con esa nueva composición, el Ejecutivo autonómico encaró la crisis energética y la escalada inflacionista derivada de la guerra en Ucrania, con consecuencias en el plano económico y social a todos los niveles. Pero la nueva fotografía del Consell tampoco acabó siendo la definitiva. Apenas un mes después de los cambios, el TSJ imputaba a la vicrepresidenta Oltra y, tras una semana enrocada en el cargo, acabó diciendo adiós, una crisis de gobierno más que se saldó con el nombramiento de la crevillentina Aitana Mas, hasta entonces síndica adjunta en las Cortes, como portavoz del Consell, vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Y ha sido precisamente ella la que ha propiciado el último relevo en lo que va de legislatura, el del cese de su compañera de partido Mollà, entre acusaciones cruzadas de deslealtad y purgas partidistas, al tiempo que Isaura Navarro ha asumido las competencias. Tras ese movimiento, son solo Puig, Bravo y Climent los supervivientes del Botànic inicial, a los que se suman España y Pérez Garijo en este segundo.
